En un contexto mundial de pérdida de dinamismo e inestabilidad del sistema económico, creciente desigualdad, riesgo para la paz, la seguridad y una grave crisis ambiental, se hace evidente que el estilo dominante de desarrollo en América Latina y el Caribe es insostenible.
A la degradación del medio ambiente y los ecosistemas y la depredación de los recursos naturales, asociados a las dinámicas insostenibles de producción y consumo y la concentración urbana, se suman los retos globales como el cambio climático cuyos impactos afectan sobremanera a nuestra región.
La amplia gama de desafíos que enfrenta la región nos ha llevado en la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) a subrayar la importancia de construir pactos para la igualdad y un futuro sostenible. Hemos señalado que estos pactos no serán posibles sin democracias más participativas y transparentes en las que los ciudadanos estén profundamente involucrados en las decisiones sobre el tipo de sociedad que se desea construir.
La Agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), aprobados en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, es universal e indivisible y expresa el consenso internacional en torno a un nuevo estilo de desarrollo. La Agenda es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tiene también por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad.
Este plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de cooperación que aglutinará a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas y otras instancias. Requerirá, por tanto, de acciones y coaliciones en el nivel nacional, regional y mundial.
En el ámbito nacional, los países deberán avanzar en el establecimiento de una arquitectura institucional que permita efectivamente implementar un enfoque integrado para el desarrollo de nuestras naciones. Los países de nuestra región han comenzado a dotarse de estas arquitecturas.
Ejemplos de ello son los recientemente creados Consejo nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Chile, la Comisión interinstitucional de alto nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus objetivos de desarrollo sostenible de Colombia, y el sistema de coordinación nacional establecido en el Brasil.
La arquitectura regional de seguimiento y examen de los avances de la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, en tanto, corresponde al recientemente creado Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que funcionará bajo los auspicios de la CEPAL.
El Foro permitirá generar puentes entre lo global y lo regional, reforzar la coherencia y la coordinación en el nivel regional, promover la colaboración y brindar orientación en materia de políticas, fomentar la creación de capacidades nacionales, albergar exámenes nacionales voluntarios, identificar brechas, retos y metas compartidas en el nivel regional e impulsar el aprendizaje entre pares, entre otros.
Esta arquitectura regional de seguimiento y examen de los avances de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe se fortalece con el acuerdo regional para la cabal aplicación del Principio 10 que bajo el liderazgo de Chile y Costa Rica, negocian actualmente 21 países de nuestra región y se espera esté concluido a fines de este año.
Tanto la Agenda 2030 como el acuerdo regional sobre el Principio 10 han puesto énfasis en el círculo virtuoso entre derechos de acceso, protección ambiental y derechos humanos, enfatizando que la participación informada y la transparencia contribuyen a mejorar las políticas ambientales y por ende la protección ambiental, lo que a su vez permite el cumplimento con derechos sustantivos como el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud.
El acuerdo regional aspira a establecer obligaciones para que los Estados de América Latina y el Caribe mejoren sus leyes, políticas, instituciones y prácticas para garantizar que los derechos de las personas a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río, sean respetados e implementados cabalmente.
El momento para profundizar la aplicación cabal del Principio 10 no podría ser más oportuno. Los derechos de acceso consagrados en este principio están en el corazón de la Agenda 2030 y permean y se manifiestan en todos los objetivos de desarrollo sostenible.
Los ODS vinculan expresamente el bienestar humano con la calidad ambiental y la paz.
Cinco objetivos abordan temas ambientales (objetivo 6 sobre gestión sostenible del agua; 12 sobre modalidades de consumo y producción sostenibles; 13 sobre cambio climático; 14 sobre océanos y mares; 15 sobre uso sostenible de los ecosistemas terrestres) y el bienestar con base en el medio ambiente está presente en las metas de todos los demás objetivos.
Adicionalmente, el objetivo 16 que promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, demanda garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, instituciones eficaces, responsables y transparentes y la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas. También pide garantizar el acceso público a la información y promover leyes y políticas no discriminatorias para el desarrollo sostenible.
De este modo, no es casual que así como el bienestar con base en el medio ambiente esté presente en todos los ODS, la igualdad de derechos y oportunidades, el acceso oportuno a la información, la promoción de la educación para el desarrollo sostenible, la participación plena y efectiva, el fortalecimiento de la participación de comunidades directamente afectadas, la planificación y gestión participativas son aspectos destacados en la nueva agenda a lo largo de sus 17 objetivos y 169 metas.
En este contexto, los estándares que se adopten en el acuerdo regional sobre el Principio 10 así como los mecanismos que se establezcan para asegurar su cumplimiento serán elementos centrales del esquema de rendición de cuentas de la Agenda 2030 y las instancias de fortalecimiento de capacidades y cooperación Sur-Sur apoyarán la participación de todos los actores de la sociedad en la implementación del plan de acción establecido.
El proceso, que cuenta con la CEPAL como secretaría técnica, es un ejemplo de cómo los países de nuestra región pueden, bajo un enfoque de concertación, autonomía, progresividad, cooperación y fortalecimiento de capacidades enfrentar desafíos globales y reforzar la gobernanza ambiental regional contribuyendo al progreso social y económico así como a la sostenibilidad ambiental.
Nuestra región está dando una lección al mundo, escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental.
Este artículo fue publicado originalmente en Notas de la CEPAL número 88, del mes de junio.
Revisado por Estrella Gutiérrez
