Un nuevo elemento irrumpió este jueves 5 en la crisis de Brasil, cuando la corte suprema suspendió como diputado a Eduardo Cunha, considerado “el político más odiado” del país, apenas 17 días después de que cumpliese un rol decisivo en el proceso de inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff.
El fallo, adoptado por unanimidad por los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), obviamente despoja a Cunha de su cargo de presidente de la Cámara de Diputados, para el que fue elegido en febrero de 2015 por dos años.
Acusado de corrupción y lavado de dinero, por haber recibido millones de dólares de sobornos en negocios petroleros, buena parte depositada en bancos suizos, el exlegislador usó sus poderes para trabar acciones judiciales y parlamentarias que podrían llevarlo a perder su mandato y a la cárcel.
El Consejo de Ética de la Cámara, de 21 diputados, no logró finalizar un proceso para su proscripción política, iniciado hace seis meses, por las continuas interferencias de Cunha o sus aliados, impugnando trámites con base en el reglamento legislativo o sustituyendo miembros de ese órgano interno.
Como presidente de la Cámara, él tenía también la prerrogativa de acoger o no los pedidos de inhabilitación de Rousseff, que se multiplicaron a lo largo de 2015, alcanzando un total de 37.
Cunha decidió aceptar uno de los pedidos, firmado por tres juristas, luego que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) abandonó una posición ambigua y apoyó su condena en el Consejo de Ética. Fue un acto de “venganza”, según defensores de la mandataria.
El diputado es acusado de violar el decoro parlamentario por haber mentido en una Comisión Parlamentaria de Investigación, en marzo de 2015, al declarar que no tenía cuentas secretas en el exterior.
Pero investigaciones posteriores de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos) sobre corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras comprobaron que él si tiene cuentas de millones de dólares en bancos suizos, supuestamente alimentados por fondos obtenidos mediante sobornos.
Su separación de la presidencia de la Cámara era un reclamo generalizado. Las encuestas lo apuntan como el político más rechazado por la población, superando incluso a Rousseff.
La mandataria, si el previsto guión se cumple, sería separada temporalmente de su cargo entre el martes 10 y el jueves 12, una vez que el Senado apruebe abrir un juicio político en su contra, ratificando la resolución de los diputados, el 17 de abril.
En su calidad de legislador, Cunha solo puede ser juzgado por el STF, que sorpresivamente decidió acoger ahora la recomendación del Ministerio Público de la Unión (fiscalía general), en un fallo pendiente desde diciembre.
“Es raro” que el STF haya decidido de urgencia en una acción que lleva seis meses, comentó el suspendido diputado, para anunciar que recurrirá sentencia ante el mismo tribunal, porque a su juicio su derecho de defensa fue irrespetado.
Cunha está procesado en una causa penal por corrupción ante el STF, mientras sea diputado. Perderá esa prerrogativa si el Consejo de Ética le quita definitivamente el mandato y pasará entonces a ser juzgado por tribunales de primera instancia, que ya condenaron por el caso de Lava Jato a docenas de empresarios y políticos.
Su suspensión probablemente no alterará en nada el destino de Rousseff. Pero el Abogado General de la Unión (procurador del Estado), José Eduardo Cardozo, anunció que pedirá la anulación del proceso de inhabilitación, porque su comienzo fue una decisión de Cunha “en interés propio”, como determinó el fallo del STF.
Sin la actuación de Cunha, posiblemente no se hubiera abierto el proceso de destitución, según el abogado. Pero se duda que el STF considere ese argumento como suficiente para anular la decisión, aprobada por 71,5 por ciento de los 511 diputados y respaldada por la mayoría de la población.
Los 81 senadores decidirán ahora si aprueban el juicio de inhabilitación, lo que se da por seguro porque solo se requiere mayoría simple.
Rousseff será entonces separada de la Presidencia, para ser sometida a un juicio político por los propios senadores, convertidos en jueces, en un proceso que puede prolongarse hasta por 180 días y que incluirá nuevas investigaciones, testimonios y argumentaciones de defensa y acusación.
El juicio lo conducirá el presidente del STF..
La suspensión de Cunha, probablemente sin vuelta atrás dada la unanimidad del fallo, favorece a la versión de Rousseff y de sus defensores de que detrás su probable destitución hay un golpe de Estado, y también al vicepresidente Michel Temer, que asumirá el poder sin el molesto aliado, si la mandataria es enjuiciada.
Ambos pertenecen al mismo Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), hasta marzo la principal fuerza de apoyo al gobierno de Rousseff y con muchos dirigentes bajo investigación de corrupción en el escándalo Lava Jato.
Pero Cunha mantendrá su influencia. Se estima que su “bancada” de fieles seguidores suman más de 150 diputados conservadores, muchos vinculados a iglesias evangélicas como él.
Varios pequeños partidos bajo su control condenaron el fallo del STF como injerencia del Poder Judicial en el Legislativo, lo que viola la Constitución. Posición opuesta tuvieron otros partidos que apoyan a Temer y su llegada al poder.
La caída de Cunha, no definitiva pero difícilmente reversible, tampoco libra la Cámara de la mancha de corrupción que ensombrece sus resoluciones. El vicepresidente que lo sucederá, Waldir Maranhão, también enfrenta denuncias de corrupción.
Su Partido Progresista (PP), conservador pese al nombre, es lo que tiene más miembros bajo investigación de la operación Lava Jato, 32 en total.
Cunha logró hasta ahora eludir las acusaciones que, para la opinión pública, justificaban su condena, pero su situación se hizo insostenible, ante la inminencia del ascenso de Temer a la Presidencia.
El presidente de la Cámara pasaría a ocupar la Vicepresidencia, pero la Constitución prohíbe que ejerza ese cargo o el de presidente un procesado penal, como es su caso. También impide que lo ostente quien tenga la jefatura de la Cámara de Diputados en forma interina.
El fallo elimina un factor de corrosión de la credibilidad del parlamento, que ya amenazaba contaminar al STF, pero no mejora mucho la imagen del sistema político brasileño.
Tanto el Temer como el presidente del Senado, Renán Calheiros, a quien le tocaría asumir la Vicepresidencia por la suspensión de Cunha, también sufren denuncias de corrupción.
El nuevo gobierno que está componiendo Temer con los más de 20 partidos a que debe su ascenso nace de negociaciones oscuras y varios de los apuntados como futuros ministros también están entre los sospechosos de recibir sobornos en las investigaciones de la fiscalía.
Editado por Estrella Gutiérrez
