La estadounidense Vera Scroggins ha sido demandada cinco veces por la industria petrolera y desde octubre de 2013 pesa sobre ella una orden judicial de restricción permanente para acercarse a sus instalaciones.
«Me siento como una ciudadana a medias, porque las empresas pueden hacer lo que quieran y los ciudadanos no. Las corporaciones han violado las leyes ambientales y siguen operando», lamentó a IPS esta agente inmobiliaria retirada, madre de tres hijos y con dos nietos.
Desde 2008, Scroggins, del movimiento Shaleshock Media, es una decidida activista contra la exploración y explotación del gas de esquisto (de roca o lutita) en el municipio de Montrose, en el estado de Pensilvania, en el noreste de este país.[pullquote]3[/pullquote]
El desarrollo de este hidrocarburo no convencional, también conocido por el vocablo inglés shale, requiere de la técnica de la fractura hidráulica, fracking en inglés.
En esta localidad, habitada por unas 1.600 personas y parte del condado de Susquehanna, hay unos 1.100 pozos en unos 600 campos, además de 43 estaciones que compactan el gas para transportarlo lejos.
Todas estas infraestructuras están próximas a viviendas y escuelas, y están en manos de siete empresas.
Este estado está atravesado por la cuenca gasífera Marcellus, una de los tres grandes depósitos del recurso que han convertido a Estados Unidos en «Frackistán«, por la utilización creciente del fracking en la industria del petróleo y del gas.
En estos depósitos, la molécula del hidrocarburo está atrapada en rocas profundas, perforadas y quebradas por la inyección cuantiosa de una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, que se consideran nocivos para la salud y el ambiente.
De esa forma, el gas o el petróleo se liberan. Pero la tecnología genera masivos volúmenes de desechos líquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, más contaminante que el dióxido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.
«Los pozos contaminan el agua con el metano, y el gas se fuga a la atmósfera. Mucha gente no sabe qué pasa, no tiene información. No me siento segura con el fracking», denunció Scroggins, quien vive en Montrose con su esposo, un maestro jubilado, y tiene como vecino un pozo gasífero que opera a un kilómetro de su casa.
El fracking ha alterado el paisaje, pues el desarrollo de los pozos se ha traducido en la presencia de docenas de camiones que transportan tierra, arena y agua.
Las compañías plantan altas torres de acero para perforar el pozo y, cuando sale el gas es como si una plancha pasara por encima, porque el terreno queda visiblemente aplanado. Solo florecen la tapa del pozo y los tubos que transportan el hidrocarburo, critican sus forzados vecinos.
La industrialización de estas áreas rurales las ha vuelto poco atractivas, mientras, aseguran los activistas, la acumulación de metano puede degenerar en explosiones o problemas respiratorios para las personas.
En su Prospectiva Anual de Energía 2015, la estatal Administración de Información Energética indica que en 2014 el sector del esquisto aportó 11,34 billones (millones de millones) de pies cúbicos de gas, equivalentes a 47 por ciento de la producción gasífera total del país.
La producción petrolera de esquisto, añade el informe, fue de 4,2 millones de barriles diarios el año pasado, equivalente a 49 por ciento de la extracción total de crudo en el país.
El petróleo es la principal fuente nacional de energía, con 36 por ciento del total, seguida del gas, con 27 por ciento, y el carbón, con 19 por ciento.
En Pensilvania, la producción de gas saltó de 9.757 pies cúbicos en 2008 a 3,05 millones en 2013.
En este estado, la cuna del primer boom petrolero estadounidense y de la fractura hidráulica, se han perforado 9.200 pozos, mientras los permisos concedidos superan los 16.000.
Estados Unidos es el país que en forma más intensiva y comercial explota actualmente los hidrocarburos de esquisto.
Ese desarrollo se facilitó desde que en 2005 la Ley de Política Energética del país eximió a la industria petrolera de las siete mayores normas ambientales.
Con ese respaldo, la industria ha desatado una marejada de querellas para desmantelar regulaciones ambientales, sanitarias y contractuales de estados y municipios que eran adversas a sus intereses.
En el caso de Pensilvania, el Congreso legislativo del estado aprobó en septiembre de 2012 la Ley de Petróleo y Gas, conocida como Ley 13, que cancelaba la potestad de sus condados y municipios de avalar o vetar permisos de hidrofractura.
Luego de la apelación interpuesta por concejos municipales, personas y organizaciones ambientales, la Suprema Corte de Justicia del estado declaró inconstitucional esa ley. Ello facultó nuevamente a las administraciones locales a utilizar sus legislaciones territoriales para tomar decisiones sobre el desarrollo del shale en sus jurisdicciones.
El viajero se topa constantemente en la carretera con letreros que dicen «Mantenga hermosa a Pensilvania», pero lo que sucede en sus arterias rurales poco contribuye con ese lema.
Ray Kimble, un mecánico de 59 años, puede atestiguar la contradicción con ese reclamo en Dimock, la cercana localidad donde vive. Denuncia a IPS que su pueblo sufre la contaminación del agua desde 2009, por los residuos de la industria gasífera, donde él trabajó como transportista.
«Han destruido el pueblo. No los queremos aquí», afirmó Kimble, quien alega que tiene tos persistente y los tobillos inflamados por los gases y el contacto con esos desechos mientras laboró en el sector.
Ahora se niega a beber el agua que sale de los grifos y se dedica a transportar el recurso a familias afectadas por una denunciada contaminación.
Dimock es un pueblo de unos 1.500 habitantes y escenario del muy premiado documental «Gasland», del estadounidense Joshua Fox, que expone los daños ocasionados por el fracking e incubó las primeras demandas legales en contra de los llamados “señores del shale”, que desembocaron en arreglos extrajudiciales.
La casa de Kimble está a poco más de 150 metros de un pozo de gas.
Con el esquisto, «hay ganancias a corto plazo, pero ¿qué pasa cuando los campos se secan y queda el legado de desechos?”, dijo a IPS el activista Tyson Slocum.
“Queda agua contaminada, fluidos de reflujo, transformación de áreas agrícolas rurales afectadas por la operación de los pozos. Hay pocas obligaciones legales y financieras a largo plazo para garantizar que el legado es abordado adecuadamente», señalo este director del programa de Energía del no gubernamental Public Citizen.
Esa organización promueve la defensa del consumidor y ha asesorado a afectados por el fracking.
La industria se enfrenta ahora a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, la contracción del financiamiento y a una creciente oposición de la población a su tecnología.
En los últimos ocho meses unas 400 ciudades en 28 estados han aprobado vetos o moratorias al fracking. Los casos más trascendentes se produjeron en los estados de Nueva York, que censuró esa extracción en diciembre, y Vermont en 2012.
“¿Por qué no colocan un pozo al lado de la casa de un político? Los ciudadanos no lo queremos junto a nuestras casas”, planteó Scroggins.
“Ojalá no ocurra una fuga mayor, porque será devastadora. Pero la industria no acepta haber hecho algún mal», añadió la activista.
Para Slocum, los estados se han acomodado a los intereses de la industria. “El balance entre ganancias y salud pública ha sido envilecido, el debate sobre empleos y beneficios económicos es secundario”, sentenció.
Editado por Estrella Gutiérrez
