La muerte de dos niños en un incendio y el maltrato y abuso sexual a una joven, los tres bolivianos, sacó a la luz nuevamente en Argentina el drama del trabajo esclavo en talleres clandestinos, en una trama en que el Estado, la industria textil, la moda y consumidores se señalan como corresponsables.
Los dos hermanos, de siete y 10 años, perecieron el 27 abril, durante el incendio de uno de los muchos talleres clandestinos de confección del barrio de Flores, en Buenos Aires, donde se alojaban y trabajaban sus padres.
Unos días antes, Rosa Payro, de 21 años, fue rescatada de otro taller de la región metropolitana bonaerense, tras casi tres años de sufrir de parte de sus tíos y explotadores violaciones, tortura y privación de la libertad.[pullquote]3[/pullquote]
Dos casos que esconden muchas complicidades, señaló a IPS el extrabajador en uno de esos talleres, Juan Vásquez, quien ahora integra Simbiosis Cultural, un colectivo de migrantes bolivianos, que buscan visibilizar la situación inhumana en estos locales.
“Cuando se habla de trabajo esclavo se vincula con la ‘bolivianidad’ y no se asocia con el consumo, con la clase obrera de acá, y con la connivencia del gobierno de la ciudad y nacional”, dijo Vásquez. “Somos los retazos, los excluidos, los exiliados…apenas, dentro de un gran todo”, ilustró.
La Fundación Alameda denuncia que existen unos 3.000 talleres textiles clandestinos tan solo en Buenos Aires y sus alrededores, con 10 empleados promedio y que explotan 30.000 trabajadores, en su mayoría inmigrantes bolivianos, pero también peruanos y migrantes internos argentinos.
“La vivienda es el mismo lugar donde se los explota y trabajan más de 16 horas al día. Están permanentemente sujetos al poder del amo”, explicó Lucas Schaerer, portavoz de Alameda, una organización que lucha contra el trabajo esclavo e infantil y la trata de personas para explotación sexual.
Además, detalló a IPS, “les hacen pagar los impuestos, comen en el mismo lugar en condiciones inhumanas. La alimentación, descontada del salario, es muy escasa, por eso los altos niveles de tuberculosis. Viven en cuartos, al estilo de los de campos de concentración, con cuchetas (literas) y baños que comparten entre 30, 50, 60 personas”.
En Argentina, con 41 millones de personas y 1,8 millones de extranjeros, la ley migratoria garantiza la permanencia, acceso al trabajo, educación y salud del migrante sudamericano, pero muchos de estos neoesclavos están en condición ilegal. Cálculos de organizaciones indican que 90 por ciento de ellos están en los sectores agropecuario y textil.
“Muchas veces los trafican sin documentos o sin identificación”, añadió Schaerer sobre los dueños de los talleres de confección. Algunos incluso son familiares o conocidos.
“Muchos no quieren blanquearse (legalizarse) porque piensan que volverán (a su país)”, acotó a IPS el presidente de la Asociación Civil Federativa Boliviana, Alfredo Ayala.
Para Schaerer, estás fábricas clandestinas son el último eslabón de una cadena de la industria del vestido. Casi 80 por ciento del sector “se nutre” de ellos, aseguró.
“Todo tiene una lógica: tráfico de personas, reducirlas a servidumbre y ponerlas a producir” para pequeñas o grandes marcas, ferias populares, grandes diseñadores, boutiques de moda, mercados de piratería o incluso organismos oficiales, detalló.
En el 2006, recordó como ejemplo, una auditoría interna del Ministerio de Defensa comprobó que el ejército “se proveía de talleres clandestinos”.
“Es un delito que tiene muchas responsabilidades”, precisó, en el que se violan leyes nacionales y municipales. “A su vez, muchos ingresan en ómnibus ilegales. Entran desde Bolivia (en la frontera norte del país) y recorren casi la mitad de Argentina sin ningún tipo de control”, añadió.
Además, denunció, “está muy ligado al narcotráfico” que utiliza estos talleres para la legalización de capitales.
Schaerer responsabiliza al gobierno nacional, por no reglamentar la Ley de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, y al de Buenos Aires por no fiscalizar y amparar a marcas textiles denunciadas.
Por su parte, Ayala critica la actuación de efectivos de la policía, quienes a cambio de sobornos “les garantizan que no tendrán problemas”. Un ejemplo es lo que sucedió con el taller donde murieron los dos niños. Con policías custodiando el local, este fue incendiado por segunda vez el 7 de mayo, en una acción aparentemente destinada a eliminar documentos y pruebas.
El intendente (alcalde) de Buenos Aires, Mauricio Macri, lo niega y considera que todo se origina “en la falta de trabajo…, combinada con la inmigración ilegal”. Declaró que muchas veces “no dejan entrar” a sus inspectores.
En 10 años, Alameda recibió unas 5.000 denuncias que incluyen también trabajo infantil, maltrato y abuso sexual, como en el caso de la joven Payro.
Pero aunque hay 110 marcas textiles, algunas internacionales muy famosas, denunciadas judicialmente, solo una fue condenada.
Un sistema complejo, según Vásquez, porque “se alimenta necesariamente de migración”, una población que está sin lazos sociales y sin recursos.
“Cuando llegas acá estás muy vulnerable porque no conoces el lugar…. te dicen aquí vas a trabajar, te vamos a dar la comida, y ahí comienza el proceso de naturalización. Uno no cuestiona porque te dan una solución después que en tu país la habías pasado muy mal”, reflexionó.[related_articles]
El mismo llegó a los nueve años a Argentina con un hermano y su madre, que empeñó su casa para cumplir el sueño de conseguir trabajo. “Era venir para no volver porque no teníamos plata. El último recuerdo que tengo de Bolivia es el hambre. Me acuerdo de su desesperación para conseguir dinero”, recordó.
Tras varias vicisitudes en la frontera, llegaron al taller donde ya trabajaba su papá, donde durante tres meses durmieron juntos en un catre.
A eso se sumó la discriminación. En la escuela se burlaban de él por su “acento muy marcado” y por ser “morocho (de piel morena)”.
A los 16 años, el mismo comenzó a trabajar en un taller y sus padres abrieran uno propio.
“Está muy naturalizado y ni siquiera tiene que ver con un rasgo cultural. Cuando mi mamá abrió su taller no pensaba: ahora voy a ser la explotadora y sacarles dinero. Ella había aprendido como era el sistema. Había naturalizado el trabajar 16 horas, en esas condiciones”, analizó.
Para Vásquez, “es el capitalismo metido dentro de un tema como la inmigración”.
“Muchas veces los hermanos bolivianos no conocen las leyes y la infringen. No saben por ejemplo que están haciendo trata de personas. A veces traen a alguien de la familia, pensando que le están haciendo un favor, sin saber que están cometiendo un delito”, argumentó Ayala.
La Fundación Alameda propone alternativas como cooperativas textiles, en talleres confiscados o recuperados por sus trabajadores.
También pide un sello obligatorio que garantice a los consumidores que lo que compran no es fruto del trabajo esclavo. El gubernamental Instituto Nacional de Tecnología Industrial lo intentó con un sello voluntario, pero solo fue aceptado por una gran empresa de ropa.
Ayala pide que el gobierno “dé a conocer las leyes para que no se siga trayendo gente” y controle las grandes fábricas, porque “sin ellas no hay este trabajo (esclavo)”.
El gobierno por su parte, alienta denuncias de esos casos ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
“Nosotros decimos que en lugar de cerrar el taller, tenemos que abrirlo, para encontrar allí la solución de parte del actor principal: el costurero”, opinó Vásquez.
Editado por Estrella Gutiérrez
