Los carteles de “Se vende esta casa” y otros con el número de licencia de construcción, que abundan en los barrios de las ciudades de Cuba, atestiguan la reducción de controles en el derecho a la vivienda, aunque todavía el sector está entrampado por las regulaciones del Estado.
“Resulta ilusorio pensar que la posibilidad de disponer libremente de la propiedad de la vivienda represente un cambio”, explicó el jurista Regino Gayoso, sobre el permiso en 2011 a la ciudadanía de vender, donar y comprar viviendas después de 33 años de prohibición.
Las nuevas disposiciones constituyen un “alivio”, aclaró, en referencia al impacto de la norma de 2011 y el Decreto Ley 322, que en septiembre de 2014 flexibilizó los procedimientos para remodelar y construir viviendas “por esfuerzo propio”, como se define localmente la autoconstrucción, incluso con apoyo de profesionales particulares.
También permite la adquisición de personas naturales de terrenos estatales ociosos.
Ambos decretos modifican la Ley General de la Vivienda de 1988, mediante la cual “el control estatal sobre el tema inmobiliario continúa” y desconoce las “diferencias económicas que existen hoy porque la sociedad se está estratificando”, remarcó.
A su juicio, sigue pendiente “diseñar una nueva ley que refleje nuestras realidades”, “libre realmente los inútiles controles” y que contribuya a “poner a los más vulnerables en igualdad de condiciones con los otros”, cuando la centralizada economía cubana cede espacio a los pequeños negocios privados, cooperativas y el capital extranjero.
Gayoso, quien labora en el estatal Centro de Estudios de Administración Pública (CEAP), fue uno de los expertos que profundizó en temas de justicia y derechos durante un taller del Proyecto Cuba Posible, organizado por los laicos católicos Roberto Veiga y Lenier González en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba.
Enclavada en la ciudad costera de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana, la institución ecuménica acogió del 22 al 24 de mayo a 41 personas de varias provincias, que coincidieron en la necesidad de poner más la mirada en los efectos sobre los derechos económicos de las reformas iniciadas en 2008 por el gobierno de Raúl Castro.
Además de propuestas de cambios en el Código Penal, la necesidad de adecuar la Constitución a los cambios socioeconómicos y de liberar de tabúes el asunto de los derechos humanos, la cita aportó reflexiones sobre las garantías económicas, incluida la de la vivienda, en esta nación de 11,2 millones de habitantes.
La permuta era la única vía que por décadas tenían los propietarios locales y extranjeros que residían en forma permanente en Cuba para cambiar de vivienda, debido a un entramado de decretos y 188 disposiciones. Este mecanismo era engorroso y exigía la autorización de varias autoridades, lo que en la práctica propiciaba las ilegalidades.
La venta de un inmueble solo podía hacerse al Estado y la vivienda era confiscada si el propietario dejaba el país.
Tras las reformas, incluida en 2012 la migratoria, la propiedad se preserva por 24 meses, pero se pierde si no se visita la isla durante ese periodo. “La meta es que las y los cubanos salgan libremente del país sin perder nada”, planteó Gayoso.
A su juicio, en Cuba “la política social de la vivienda ha sido sostenida durante más de 30 años, pero no ha sido sostenible”.
El especialista también remarcó que la mayoría de la población carece de recursos para acceder al incipiente mercado inmobiliario, que ya cuenta con agencias privadas como La Isla y el sitio digital Isladata, una plataforma en Internet que recopila, sistematiza y ofrece datos constantes sobre la actividad.
“El principal problema es lo difícil y caro que es tener una vivienda en Cuba para quienes, como yo, no heredaron una”, dijo Olga Estupiñan. Esta técnica en construcción, que trabaja en una empresa estatal y cuyo esposo es obrero, logró comprar una vivienda a medio hacer en 2012, gracias a un préstamo sin intereses de un familiar.
“Ya terminamos de pagar la deuda y ahora estamos haciendo las reparaciones”, detalló a IPS esta residente en una pequeña población colindante con La Habana. “Esa es otra parte compleja, porque además de ser caros, no siempre hay en las tiendas estatales todos los materiales de la construcción”, dijo.
Según datos oficiales de 2013, solo 61 por ciento de las viviendas cubanas están en buen estado y buena parte del resto necesitan reparaciones estructurales, por el efecto de la crisis económica en que vive el país desde 1991, el incumplimiento de planes de construcción, los altos precios de los materiales y la mano de obra, y los daños de los huracanes que azotan con frecuencia a la isla.[related_articles]
En 2004, había en el país un déficit de más de medio millón de unidades habitacionales y desde entonces las viviendas terminadas por año no cubren el déficit. Por ello, las autoridades aspiran con la reforma a que los actores privados sean los protagonistas del desarrollo del sector.
En 2014 se terminaron 25.037 viviendas nuevas en el país, de las cuales 51 por ciento fueron por esfuerzo propio, según la estatal Oficina de Estadísticas e Información (ONEI). Pero la producción de insumos básicos para la construcción se redujo en 2014 respecto al año anterior en casi todos sus rubros.
Gayoso propuso rescatar instrumentos “como la hipoteca de la vivienda de ocupación permanente”, que sirvan de garantía de pago para que sectores de bajos ingresos accedan más a los microcréditos de la banca estatal, o impedir el desalojo por impago.
Ahora, para acceder a esos préstamos las personas pueden ofrecer un fiador solidario, la garantía de bienes como joyas y automóviles o hipotecar un terreno o una vivienda de descanso. “Cuántos trabajadores tienen la propiedad de una vivienda de veraneo, joyas o un auto?”, se preguntó el jurista.
El Estado cubano es el principal empleador, que paga salarios de 23 dólares mensuales e promedio, aunque en el sector de la salud algunos especialistas devengan más de 100 dólares al igual que trabajadores de sectores productivos con sistemas de pago por resultados.
Fuentes oficiales indican que están en manos de titulares 90 por ciento de las viviendas, donde el último censo realizado en 2012 registró 3.885.900 unidades residenciales.
De mayo de 2012 a enero de 2015, los gobiernos locales aprobaron 63.000 subsidios, que representaron 40 millones de dólares para la mejora de viviendas de particulares. La banca otorgó en igual período unos 200.000 créditos para reparación de viviendas.
La reforma cambia la manera de entender y garantizar “derechos sociales, económicos y culturales”, explicó a IPS el jurista Julio Antonio Fernández, quien también participó en el taller de Cuba Posible.
“El reto más grande del país es mantener los servicios gratuitos y universales de educación y salud con más calidad”, ejemplificó este investigador del CEAP.
Lamentó que en el nuevo contexto “falta el análisis de qué derechos necesitamos y hasta cuáles hemos ganado que no están reconocidos en la norma”, porque “desde hace mucho tiempo se ha creado un tabú sobre los derechos humanos” en el país.
Editado por Estrella Gutiérrez
