Ante la mirada inconforme de autoridades culturales, cineastas de Cuba exigen cambios en las regulaciones de la producción audiovisual, cuyo fotograma culminante sea la aprobación de una nueva Ley de Cine.
Desde el 4 de mayo de 2013 el gremio cinematográfico realiza asambleas abiertas para buscar consenso frente a las posibles transformaciones del sector que traerá la reforma económica emprendida por el presidente Raúl Castro a partir de 2008.
Pero, hasta el momento, ninguna de sus demandas se ha concretado.
“Es una experiencia útil para toda la sociedad, porque personas de tres generaciones y distintas procedencias hemos tenido que ponernos de acuerdo para elaborar propuestas legales y enviarlas a las instituciones”, declaró a IPS la realizadora Magda González Grau, del grupo G-20, conocido así por el número de cineastas que lo conforman.
La creadora valora como el mayor logro en demostrar que desde la base ciudadana se pueden diseñar mecanismos de transformación social en Cuba.[pullquote]1[/pullquote]
“Tenemos que modelar un país según las nuevas circunstancias económicas, pero esa modelación tiene que venir de la gente”, opinó la también profesora universitaria.
La reforma del centralizado modelo económico incluye medidas para flexibilizar el trabajo independiente, crear cooperativas no agropecuarias e incentivar la inversión extrajera; pero también redujo las subvenciones a varios sectores estatales, entre ellos la cultura, que aún sostiene el grueso de la producción audiovisual en el país.
El G-20 concentra de manera voluntaria a directores consagrados como Fernando Pérez y Rebeca Chávez, a creadores de mediana edad y otros más jóvenes como Claudia Calviño, Inti Herrera o Pedro Luis Rodríguez.
Fueron elegidos democráticamente en la primera reunión de más de 60 artistas del ramo, convocada espontáneamente hace dos años para demandar voz y voto en la comisión gubernamental creada por entonces para reordenar el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).
Esta institución, fundada en 1959 por una de las primeras leyes del gobierno revolucionario, concentra hasta ahora la producción estatal de cine, la distribución, la gestión del patrimonio y la exhibición pública de las obras.
Para muchos cineastas, estos mecanismos centralistas requieren modernizarse.
“El cine independiente le ha dado otra dinámica a la producción cinematográfica y estamos reclamando la colaboración y confluencia de ambos sistemas de producción”, expuso a IPS el director Fernando Pérez.
Bajo esta concepción, el ICAIC fungiría como organismo rector y regulador de un sistema diverso y plural, pero no concentraría todos los recursos de producción.
Según declara el G-20 en su “Acta de nacimiento” de 2013, el objetivo del colectivo es representar a los cineastas, propiciar y garantizar su participación activa en las decisiones y proyectos que se relacionen con el cine cubano y luchar por la protección y desarrollo de este arte.
Desde entonces, trabajan ininterrumpidamente para precisar las problemáticas que limitan el desarrollo audiovisual y sugerir acciones para resolverlas.
La autonomía y horizontalidad del grupo son inusuales en la nación, donde la ciudadanía se mantiene poco activa y las iniciativas legales provienen de instancias gubernamentales.
Creadores consultados por IPS coincidieron en que lo más relevante de estos dos años ha sido la exploración de nuevos mecanismos de consulta ciudadana, ajenos a instituciones oficiales.
El grupo ha emitido varias declaraciones públicas, sus integrantes participan en debates y foros y se han reunido de manera privada con funcionarios del Ministerio de Cultura, el ICAIC y otras instancias estatales.
Apenas en febrero culminaron un amplio documento que recoge el diagnóstico realizado y enuncia propuestas como el Registro del Creador Audiovisual, la legalización de las más de 100 productoras independientes, la ejecución estatal de un Fondo de Fomento cinematográfico y la aprobación final de la Ley de Cine.
El texto fue recibido por la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, encargada de llevar adelante la reforma económica, que incluye mayor participación de la actividad privada, conocida en el país como de cuenta propia.
Aunque los miembros de la Comisión fueron receptivos, no existe respuesta oficial ni cronograma para la puesta en marcha de las sugerencias, dijeron a IPS integrantes del G-20.
La falta de acciones concretas provoca desánimo en parte del colectivo, pero otros insisten en mantener el dinamismo con nuevas ideas.
“Si va rápido, empujaremos; si va lento, seguiremos empujando, porque el espacio alcanzado no se puede perder”, recalcó Pérez.
De la Ley de Cine no hay escrita una sola letra pues ese rol sobrepasa la competencia de artistas. Sin embargo, pudieran cristalizarse medidas que no precisan consultas a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), consideró este creador y Premio Nacional de Cine de 2007.
Las productoras independientes siguen siendo el tema más complicado al funcionar como empresas privadas, un tipo de propiedad que no está contemplada en la legislación del país socialista.[related_articles]
Hasta el momento, entidades de este tipo como Producciones 5ta Avenida, El Central, El Ingenio o El Azar funcionan como “grupos de creación”, amparados en la Resolución 72 de 2003, que avala y reconoce la actividad profesional del productor cinematográfico.
“Las transformaciones legales en Cuba son muy lentas y nuestra manera de participar ha sido mal vista, porque no es común que una propuesta de ley nazca desde la base”, aseguró a IPS uno de los jóvenes portavoces del G-20, Pedro Luis Rodríguez.
El realizador valora la experiencia como una carrera de fondo, pero no descarta que la próxima Asamblea de Cineastas programada para el 4 de mayo proponga estrategias más agresivas, sin llegar a romper el diálogo alcanzado actualmente con las instituciones culturales.
A su juicio, la ley de cine es imprescindible para equiparar en cantidad y calidad la producción audiovisual cubana con el resto de las naciones de la región.
La periodista Susadny López, quien investiga ese tema, cree que la isla podría estudiar la experiencia de otras naciones del continente con leyes potenciadoras de la industria cinematográfica local que favorecen la relación de los espectadores con su cine.
“La filmografía del 62 por ciento de los países de Latinoamérica se ha incrementado gracias a las medidas de fomento y protección del audiovisual en las últimas décadas”, confirmó la maestrante cubana en la Universidad de Guadalajara, México.
En la región, 13 países poseen normativas de ese tipo, entre los más avanzados figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.
Por lo general, son leyes que enuncian la formación de nuevos talentos, el resguardo patrimonial y el fomento de la producción, difusión y comercialización.
“Deben pelear también por mantener cuotas de pantalla para sopesar el empuje del cine comercial hollywoodense”, añadió López.
Editado por Estrella Gutiérrez
