Brasil incorporó las manifestaciones callejeras como un dato nuevo en sus variadas crisis, cuya sinergia dificulta una respuesta del gobierno maniatado por la necesidad de un ajuste fiscal, que a su vez avivaría las protestas.
Centenares de miles de personas, según estimaciones comedidas, o dos millones, según datos de la policía, protestaron el domingo 15 contra la presidenta Dilma Rousseff, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y la corrupción, en Brasilia y las 26 capitales estaduales del país.
Dos días antes, centrales sindicales y movimientos sociales reunieron 170.000 manifestantes, según los organizadores, y solo 26.000 según la policía, en defensa del gobierno pero contra sus medidas de austeridad fiscal que afectan derechos laborales. Es decir, un apoyo con restricciones.
“Muy preocupado” se mostró a IPS el cientista político Fernando Lattman-Weltman, profesor de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, ante las inciertas evoluciones que puede tener la crisis, pese al carácter pacífico, sin actos de violencia, de las manifestaciones.[pullquote]3[/pullquote]
“El clima tenso y peligroso va a prolongarse”, vaticinó. Es difícil que el movimiento tenga aliento para repetir movilizaciones periódicas indefinidamente, sin el riesgo de degenerar en violencia, y luego “disiparse como ocurrió con las marchas de junio de 2013”, observó.
La tendencia sería de radicalización, ante la dificultad de resultados inmediatos para grupos que corean “Fuera Dilma y el PT” y que “el gobierno Dilma acabó”, indicando que para ellos es intolerable esperar hasta las elecciones de octubre de 2018.
El peligro tiene raíces también del otro lado, con “un gobierno sin vocación política, solo gerencial, en dificultades para reconstruir un sistema de relaciones políticas con el Congreso (legislativo) y un PT fragmentado por peleas internas”, destacó Lattman-Weltman.
“Ese gobierno carece también de iniciativa para proponer y controlar la agenda política nacional, donde podría destacar la reforma política y temas interesantes como la reforma tributaria, para cambiar el rumbo de la situación”, sostuvo.
Además, acotó, todo ocurre con el trasfondo de “una mala situación económica, de alta inflación, desempleo en alza y una coyuntura internacional desfavorable, que erosiona el apoyo popular y reduce el poder de respuesta del gobierno”.
A eso se suman la crisis hídrica en la región del Sudeste, la más rica de Brasil, y la del pobre Nordeste, hecho que reduce la capacidad hidroeléctrica por sus embalses mermados, con el riesgo de racionamiento energético en los próximos meses.
Las protestas opositoras fueron organizadas por el Movimiento Brasil Libre, que demanda el «impeachment (impedimento)» de Rousseff, el «Viene a la calle (ven a la calle)», que no pide la salida de la mandataria, y otro pequeño grupo favorable a una intervención militar y una dictadura para frenar la corrupción.
Lo diferente respecto a experiencias recientes
Experiencias similares del pasado reciente poco ayudan al análisis del cuadro político actual, inédito, en que Rousseff enfrenta una protesta masiva 74 días después de iniciar su segundo mandato el primero de enero, tras su reelección en octubre.
El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) también empezó su segundo gobierno debilitado por el llamado “estelionato” (fraude por ocultación de una medida), al promover una “maxidevaluación” cambiaria en enero de 1999, después de asegurar durante la campaña electoral que mantendría estable el valor del real.
“Pero nadie propuso su impeachment, solo unos pocos alocados gritaban ‘fuera FHC’ y no hubo investigación sobre los rumores de corrupción en la aprobación parlamentaria de la reelección inmediata”, recordó Lattman-Weltiman.
Durante el primer mandato de Cardoso se aprobó una enmienda constitucional que facultó la hasta entonces prohibida reelección inmediata de jefes de podres ejecutivos. Él y sus dos sucesores hasta ahora fueron reelegidos.
El “Fuera Dilma y el PT”, reclamado ahora en las calles, ocurre al inicio de un mandato de cuatro años conquistado en las urnas.
El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) también enfrentó un escándalo de corrupción que involucró importantes ministros de su gobierno y dirigentes del PT, partido que fundó en 1980 y que llevó al poder, acusados de comprar votos parlamentarios, sobornados por pagos mensuales.
Pero el denominado “mensualón” estalló en agosto de 2005 y la proximidad de las elecciones estimuló la opción opositora de mantenerlo “sangrando” para destruir su fuerza electoral. No resultó, Lula, popular por sus políticas sociales, superó el escándalo, ganó un segundo mandato e hizo de Rousseff su sucesora.
Quedan al movimiento anti-Rousseff posibilidades limitadas a “dos hipótesis improbables, que son la renuncia de la presidenta y un golpe de fuerza”, y a una “movilización tal que presione el parlamento a iniciar un proceso de impeachment”, señaló Lattman-Weltiman.
En el régimen presidencialista, como el brasileño, la destitución legal del jefe del Estado es una excepción, aquí a cargo del Senado, que exige condiciones jurídicas, es decir un delito concreto, políticas y sociales, con la movilización de partidos y de la población, observó a IPS el consultor político André Pereira.
El único caso conocido y exitoso de destitución en Brasil fue el del expresidente Fernando Collor, inhabilitado por corrupción en 1992, dos años después de iniciar su mandato, luego de practicar el más estrepitoso “estelionato electoral”.[related_articles]
Confiscó todas las cuentas de ahorro en su primer día de gobierno, una medida que durante la campaña electoral de 1989 había insistido que no adoptaría y que sí lo haría su adversario Lula da Silva, en caso de ganar.
Para el Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE), las manifestaciones contra y a favor del gobierno tienen algo en común y “positivo”. “Es la sociedad que se moviliza, ya cansada de la corrupción, principalmente en el campo político”, según Osiris Barboza de Almeida, coordinador del Comité Rio de la Ficha Limpia.
El escándalo de Petrobras, que tiene 53 políticos bajo investigación policial por indicios de sobornos de constructoras y otras empresas que prestan servicios a la petrolera estatal, impulsó las protestas contra Rousseff, junto con “las mentiras” de su campaña electoral, cuando negó el ajuste fiscal que acabó por adoptar ahora.
“El centro de la corrupción no es el gobierno, sino la política en general y el pilar de todo es el financiamiento privado de las campañas electorales”, sentenció Almeida, miembro del MCCE, a IPS.
Por eso el movimiento impulsa un proyecto de ley para modificar las reglas electorales del país, que son “causas de la corrupción” y encarecen demasiado las campañas, quitándole representación parlamentaria a las minorías pobres. La propuesta de iniciativa popular requiere las firmas de 1,42 millones de electores, equivalente a uno por ciento del total.
“La coyuntura, con la sociedad indignada por la corrupción, favorece la reforma política. En situaciones menos favorables, años atrás, logramos la aprobación parlamentaria de dos iniciativas populares, una ley que penalice comprar votos y obligue a la ‘ficha limpia’ de los candidatos”, que inhabilite para serlo a los condenados por la justicia, arguyó Almeida.
El Supremo Tribunal Federal ya aprobó prácticamente prohibir a las empresas financiar candidatos. Seis de los 11 magistrados apoyó en abril de 2014 la acción de la Orden de Abogados de Brasil en ese sentido, pero un juez pidió tiempo para decidir y aunque el plazo para ello es de 30 días, eso paralizó el fallo desde entonces.
Personas jurídicas no tienen derechos políticos, por lo que no pueden hacer donaciones que además desequilibran la disputa electoral, argumenta la Orden.
Editado por Estrella Gutiérrez
