La corrupción, el mayor obstáculo para el desarrollo socioeconómico mundial, repercute con fuerza en Papúa Nueva Guinea.
Aunque la riqueza mineral del país insular del sudoeste del Pacífico generó un crecimiento de ocho por ciento de su producto interno bruto en 2012, el país apenas alcanzó el lugar 157 entre 187 países en términos de desarrollo humano.[pullquote]3[/pullquote]
Los activistas dicen que debe combatirse el lavado de dinero para asegurar que los fondos públicos destinados a los hospitales y las escuelas no terminen pagando por artículos de lujo en el extranjero.
«Nuestros policías, maestros y trabajadores de la salud viven y trabajan en condiciones muy precarias», aseguró Lawrence Stephens, presidente del capítulo local de la organización Transparencia Internacional, en diálogo con IPS.
Cuando “el gobierno otorga un contrato de productos farmacéuticos y suministros médicos a una empresa que no está calificada para licitar… que ofrece un precio 40 por ciento mayor que la oferta… más cercana y que cuesta el equivalente de 160 viviendas nuevas para las enfermeras en cada año de los tres años del contrato, entonces culpamos a los corruptos por la destrucción de desarrollo», subrayó.
Transparencia Internacional dio a Papúa un puntaje de 25 sobre un máximo de 100 en materia de corrupción en el gobierno, en comparación con el promedio mundial de 43. Cien equivale a una gestión óptima.
El organismo de lucha contra la corrupción, conocido como Grupo de Trabajo de Investigación Sweep (ITFS, en inglés) y creado por el gobierno en 2011, calificó al país de «mafiocracia”, donde un sistema clientelista y la cultura del secreto facilitaron la apropiación indebida de aproximadamente la mitad del presupuesto oficial destinado al desarrollo, de unos 2.800 millones de dólares, entre 2009 y 2011.
Se presume que el robo a gran escala de los fondos públicos, incluida la ayuda extranjera, se produjo en todas las oficinas públicas encargadas de la planificación nacional, la salud, el petróleo y la energía, la economía y la justicia.
Un comité de investigación sobre las cuentas públicas del Departamento de Tierras concluyó en 2006 que este se había conducido ilegalmente durante muchos años y dado prioridad a los intereses de las empresas privadas y los especuladores por encima de los del Estado. El déficit del departamento ascendió a 2,2 millones de dólares en 2001 y a 1,8 millones de dólares en 2003.
La influencia indebida del sector privado sobre los gobernantes, los funcionarios y los procesos de adquisición tuvieron repercusiones devastadoras para el desarrollo nacional. La aprobación de proyectos costosos e inútiles les dio ganancias inesperadas a las organizaciones mafiosas, según declaró Sam Koim, el presidente del ITFS, a la publicación Griffith Law Journal.
Koim indicó a IPS que, de los 302 casos de corrupción por ingresos de hasta 1.900 millones de dólares que se investigan, 91 fueron procesados, 28 altos funcionarios fueron suspendidos o destituidos de sus cargos, y dos legisladores y dos funcionarios de alto rango fueron condenados a la cárcel.
Hasta la fecha se recuperaron 3,1 millones de dólares del dinero mal habido, pero si se incluyen los casos pendientes, la cifra podría llegar a los 187 millones de dólares. La investigación sobre la evasión fiscal de las empresas privadas logró la restitución de 8,4 millones de dólares.
A nivel mundial se calcula que la corrupción le roba al Sur en desarrollo hasta un billón (millón de millones) de dólares por año, y lo que se pierde es hasta 10 veces más que el presupuesto dedicado a la asistencia oficial para el desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esto provocó una creciente desigualdad en países como Papúa, donde 40 por ciento de los siete millones de habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza, la mortalidad materna asciende a 711 por cada 100.000 nacidos vivos, la alfabetización abarca solo al 63 por ciento y apenas 19 por ciento tienen acceso a servicios de saneamiento .
Es un círculo vicioso, ya que Koim también cree que el Estado se convierte en una fuente alternativa de prosperidad personal cuando existen pocas vías legítimas para que la gente mejore sus vidas económicamente.[related_articles]
Los bancos, claves en la lucha contra la corrupción
La mayoría de los fondos robados fueron transferidos por los bancos a inversiones en el extranjero. Australia recibe cerca de 155 millones de dólares en ganancias ilícitas de Papúa cada año, según datos de la policía federal australiana.
Varios políticos de Papúa compraron casas de lujo por un valor estimado en 8,9 millones de dólares en la ciudad australiana de Cairns.
«Sin los bancos y las instituciones financieras es imposible cometer delitos económicos como el fraude y el lavado de dinero», afirma el ITFS.
En un informe de 2014 sobre el pago estatal de honorarios legales fraudulentos, el ITFS identificó numerosas fallas de control, como la falta de contratos escritos y de supervisión en los procesos de contratación y liquidación de pagos, y el poco interés de los bancos por impedir transacciones evidentemente sospechosas.
«El deber impuesto a los bancos de evitar su participación en el lavado de dinero no debe limitarse a marcar las casillas o presentar informes periódicos sobre las transacciones, sino que también debe incluir la adopción de medidas proactivas, como el rechazo de transacciones y el cierre de cuentas bancarias», recomienda.
El sesenta y cinco por ciento de los activos del sector financiero de Papúa está en poder de los bancos comerciales, incluidas las filiales de bancos extranjeros.
También hay diferencias entre la legislación nacional y las normas del sector bancario. Por ejemplo, el lavado de dinero es un delito para la ley de Productos del Delito (2005), pero los bancos no tienen la obligación de revisar aquellas transacciones que sean de una magnitud inexplicable o poco común.
También hace falta que los países receptores tomen medidas, según los expertos.
El gobierno australiano debe mejorar “su responsabilidad de supervisión para asegurarse de que los bancos australianos no acepten fondos sospechosos” de Papúa, recomendó el profesor Jason Sharman, del Centro de Gobernanza y Políticas Públicas de la Universidad Griffith, de Queensland.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga
