Brasil se mantiene como uno de los países del mundo con mayor concentración de tierras y unos 200.000 campesinos siguen sin tener una parcela donde cultivar, en un problema que el primer gobierno de la presidenta Dilma Rousseff hizo muy poco por aliviar.
La brasileña Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) realizó un balance de los sucedido en el cuatrienio 2011-2014, que muestra que en ese periodo se produjeron los peores indicadores en materia de reforma agraria en los últimos 20 años, indicó a IPS una de sus coordinadoras, Isolete Wichinieski.
“Históricamente, ha habido alta concentración de tierras en Brasil”, recordó, pero lo preocupante es que durante el primer gobierno de Rousseff, quien inició su segundo mandato el primer día del año, “la tierra se ha concentrado todavía más”.
“Hubo una caída de las cifras de nuevos asentamientos rurales o de titulación de territorios indígenas y de quilombos (comunidades de descendientes de esclavos africanos), mientras en cambio aumentó la inversión en el agronegocio (agroindustria)”, aseguró Wichinieski.
Los movimientos sociales alimentaban la esperanza de que Rousseff, perteneciente al izquierdista Partido de los Trabajadores, como su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), tomase como bandera la democratización de la tierra.
Pero la política económica de su gobierno se enfocó en los incentivos a la agroindustria, la minería y los grandes proyectos de infraestructura.
Según el informe de la CPT, durante el primer gobierno de Rousseff se asentaron 103.746 familias, lo que resulta un dato engañoso, porque 73 por ciento de ellas corresponde a procesos que ya estaban en marcha antes y habían sido cuantificadas en años anteriores.
Si se computa solo a las nuevas familias asentadas en nuevas parcelas el monto se reduce a 28.000. En particular, durante 2014, el gobierno reconoce haber regularizado solo 6.289 familias, una cifra considerada insignificante por la CPT.
Desde 1995 se dio un renovado impulso a la reforma agraria, con un ministerio especial dependiente de la Presidencia y otros instrumentos legales, en gran parte forzados por la presión en todo el país del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Como resultado, durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) se asentaron 540.704 familias, cifra que subió a 614.088 durante los dos mandatos de Lula, según datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), que precisa que en este siglo se crearon 9.128 asentamientos rurales.
Para que la reforma agraria sea efectiva, argumenta la CPT, hay que crear nuevos asentamientos de tierras y reducir la concentración de la propiedad rural en este país de 202 millones de personas. Pero no se cree que Rousseff avance en esa dirección, admitió Wichinieski.
El tema de la reforma agraria no formó parte de la campaña electoral que condujo a la reelección de la presidenta en octubre y la nueva composición del gobierno incluye nombres de la llamada “bancada ruralista” del bicameral Congreso legislativo, como se define aquí a los parlamentarios vinculados al poderoso sector de la agroindustria.
La ministra de Agricultura es la senadora y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura, Kátia Abreu. En una entrevista con el diario Folha de São Paulo, el 5 de este mes, sorprendió al asegurar que ya no había latifundios en Brasil.
“Abreu tiene visiones retrógradas hacia la agricultura, niega la existencia del trabajo forzado en el campo, no se preocupa por la preservación del ambiente y argumenta a favor del uso intensivo de agroquímicos en la producción de alimentos”, criticó Wichinieski.
El conflicto por la tierra se ha intensificado, según la CPT, al vincularse con la expansión de la ganadería y de los monocultivos, como soja, caña de azúcar, maíz y algodón, y donde hay un alto componente especulativo en el manejo de los grandes terratenientes, con intensos nexos con los políticos.
Un caso paradigmático
Ese parece ser el caso de la hacienda Agropecuaria Santa Mônica, de más de 20.000 hectáreas, a 150 kilómetros de Brasilia, en el estado de Goiás, y ocupada parcialmente por el MST.
La propiedad, calificada por las autoridades como productiva, pertenece al senador Eunício Oliveira, el político con mayores bienes registrados en Brasil, entre los que aspiraron a gobernar algún estado en los pasados comicios.
Oliveira lidera en el Senado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el principal aliado legislativo de Rousseff. También fue ministro de Comunicaciones de Lula en el bienio 2004-2005 y el año pasado perdió las elecciones a gobernador del estado de Ceará.
Valdir Misnerovicz, uno de los dirigentes del MST, aseguró a IPS que esa hacienda es improductiva y su fin es la especulación.
Ubicada estratégicamente entre los municipios de Alexânia, Abadiânia y Corumbá, Santa Mônica representa la mayor ocupación de tierra promovida por el MST en los últimos 15 años.
Todo empezó el 31 de agosto, cuando 3.000 familias marcharon a pie y en 1.800 vehículos hacia la hacienda y la ocuparon por varias horas.
Desde entonces, más de 2.000 hombres, mujeres, niños y ancianos controlan 400 hectáreas de la finca y resisten en un precario campamento, decididos a lograr un pedazo de tierra para cultivar.
Esta es una de las estrategias del MST, apuntó Misnerovicz. “Ocupamos grandes áreas improductivas. En el campamento producimos alimentos diversificados como hortalizas, yuca, maíz, arroz, frijoles y zapallo. Todas las familias plantan alimentos saludables en huertas comunitarias agroecológicas y sin químicos”, dijo.
Las carpas del bautizado Campamento Dom Tomás Balduíno se amontonan en la ribera de un río que atraviesa la propiedad, que engloba 90 parcelas de tierra que fueron adquiridas a lo largo de dos décadas por el senador.
“El día que entramos, intentaron impedirlo pero éramos miles de personas. Nunca vamos armados. Nuestra fuerza es el número de campesinos que nos acompañan”, resaltó Misnerovicz.
En noviembre un tribunal emitió un dictamen a favor del derecho de recuperación de Oliveira de la propiedad, que hasta ahora está en suspenso. El dirigente confía que, pese al riesgo del desalojo de los campesinos, se logre que la hacienda Santa Mônica sea expropiada para fines de reforma agraria.[related_articles]
Misnerovicz aseguró que el propio gobierno alienta a los campesinos ocupantes a proseguir con las negociaciones.
“Allí sería posible, al cabo de un año, realizar el más grande asentamiento de los últimos tiempos en Brasil. Estuvimos en enero con la presidenta, quien manifestó el compromiso de un plan de metas de asentamiento a familias acampadas en todo el país”, sostuvo.
El Incra ha evitado pronunciase sobre el caso específico, pero recordó que, por ley, “todos los bienes ocupados están impedidos de ser inspeccionados para su evaluación con vistas a destinar a la reforma agraria”.
El administrador de Santa Mônica, Ricardo Augusto, aseguró a IPS que el área invadida es una propiedad agrícola productiva donde se cultiva soja, maíz y frijol.
“La compra de la propiedad fue notariada. El MST falta con la verdad. Defendemos una solución negociada y pacífica. Tierras productivas e invadidas no pueden ser expropiadas, y no hay interés en vender la propiedad”, dijo.
Pero João Pedro, adjudicatario de una parcela en un municipio cercano a Santa Mônica, lo ve muy diferente.
Durante un acto a favor de la ocupación, el 21 de este mes en las inmediaciones del campamento, el campesino afirmó que las familias acampadas buscan hacer cumplir lo que dicen la leyes brasileñas: “la tierra tiene una función social, y solo eso queremos, que se aplique la Constitución”.
Editado por Estrella Gutiérrez
