La viabilidad de la reapertura de la controvertida mina de cobre Panguna, en las montañas de Bougainville Central, una región autónoma en el este de Papúa Nueva Guinea, es objeto de discusión entre dirigentes políticos locales e intereses mineros extranjeros desde hace cuatro años.
Pero un informe de una organización no gubernamental de Australia advierte que falta mucho para que sanen las heridas que la mina, “la destrucción del medio ambiente asociado con ella” y la guerra civil (1988-1997) causaron a la población.[pullquote]3[/pullquote]
El informe halló una fuerte oposición de los pueblos directamente afectados a la reactivación de la mina en el futuro próximo.
“Creo que el informe fue sincero al brindarle a la gente de las zonas afectadas por la mina una oportunidad que no siempre se les concede, para… dar a conocer al mundo sus problemas, esperanzas y temores”, declaró Jimmy Miringtoro, legislador de Bougainville Central, donde se encuentra la mina, en diálogo con IPS.
La empresa australiana Bougainville Copper Ltd (BCL), que es 53 por ciento propiedad de la transnacional Rio Tinto, administró la mina a partir de 1969, pero tuvo que cerrarla en 1989 después de un levantamiento de los terratenientes indígenas, indignados por la explotación económica, la pérdida y la degradación de la tierra, además de la marginación política.
La investigación Voces de Bougainville se realizó a fines de 2013, con una muestra de 65 personas y un grupo focal de 17 habitantes en 10 aldeas próximas a la mina.
Es obra de Jubilee Australia , que investiga la responsabilidad estatal y empresarial australiana en relación con problemas de derechos humanos y ambientales, junto con un consorcio de investigación universitaria denominado Iniciativa Internacional de Crímenes de Estado y Bismarck Ramu Group, una organización civil de Papúa.
«El estudio no fue una encuesta de opinión… Nuestro objetivo principal era comprender mejor las opiniones locales sobre la minería y el desarrollo”, indicó Kristian Lasslett, de Iniciativa Internacional de Crímenes de Estado.
La zona otorgada en concesión a la mina cubría 13.047 hectáreas de tierras forestales. Los pueblos próximos a la misma tienen entre 4.000 y 5.000 habitantes, según cifras obtenidas por IPS en 2011 en entrevistas con los lugareños.
«BCL destruyó nuestras vidas, se apoderó de nuestras tierras, se llevó nuestro dinero y nunca indemnizó adecuadamente a nuestros padres, que eran los titulares legítimos de la tierra apropiada… Ahora quieren volver a abrir la mina Panguna… Yo personalmente le digo que no”, recalcó un aldeano de Dapera, cerca del foso de la mina, citado en el informe.
Sus declaraciones son compartidas por Lynette Ona, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas Terratenientes de Bougainville. La mayoría de la gente de la zona es contraria a la minería, sostuvo Ona, quien lideró una delegación de mujeres que fue recibida por la oficina del primer ministro de Papúa Nueva Guinea para expresar su oposición a la iniciativa, antes de que la región obtuviera la autonomía.
El presidente del Gobierno Autónomo de Bougainville, John Morris, rechazó públicamente al informe y sus conclusiones, alegando que existe un apoyo mayoritario a la mina, si se evitan las consecuencias negativas.
Morris tiene el respaldo de asociaciones de propietarios de tierras que integran, junto con BCL y el gobierno de Papúa Nueva Guinea, el Comité de Coordinación Conjunta de Negociaciones de Panguna.
La mina de cobre Panguna abrió cuando este país que ocupa la mitad de la isla de Nueva Guinea, estaba bajo administración australiana y generaba unos 2.000 millones de dólares en ingresos, de los cuales 94 por ciento se destinaba a los accionistas y al gobierno administrador y 1,4 por ciento a los terratenientes locales.
La hostilidad y la oposición de la población local a la mina, manifestada desde la fase de exploración, se exacerbó cuando la devastación ambiental, la contaminación del aire y los residuos de la mina, que contaminaron las tierras agrícolas y el cercano río Jaba, afectaron su salud, así como la seguridad alimentaria y el agua.
«Plantamos taro, pero ya no crecía como antes, y los árboles de pan no dieron frutos… En Panguna, los productos químicos siguen ahí en el río. Nadie bebe el agua y no hay peces allí”, aseguró Ona.
Cuando BCL se negó a pagarles a los propietarios de tierras una indemnización de 3.900 millones de dólares en 1989, se desató una guerra civil que duró 10 años entre las fuerzas revolucionarias de Bougainville y las fuerzas armadas de Papúa Nueva Guinea, con la ulterior destrucción generalizada de la isla y un número de muertos que podría ascender a 20.000.
Las iniciativas de paz, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y donantes internacionales, están en curso desde el tratado de paz de 2001, pero los habitantes con trauma posconflicto sigue en gran medida sin recibir tratamiento, y el desarme y la reconciliación siguen inconclusos.
A una mayoría de los indagados por el estudio les preocupaban los problemas relacionados con la mina y el conflicto, que no se abordaron, y la falta de justicia en el proceso de paz.
«Nadie fue llevado ante un tribunal. El tema fue ignorado, a pesar de su gravedad”, subrayó una mujer de la aldea de Darenai.[related_articles]
La reapertura de la mina es imprescindible para generar suficientes ingresos públicos para “avanzar hacia la autonomía y nuestra opción por la independencia», dijo Morris, el presidente del Gobierno Autónomo de Bougainville, en un discurso ante la Cámara de Representantes de Bougainville en agosto.
Un referendo sobre la independencia de Bougainville se prevé que se realice en los próximos seis años.
BCL calcula que Panguna contiene más de tres millones de toneladas en reservas de cobre y que podría producir 400.000 onzas de oro por año. La reapertura de la mina exigiría una inversión de 5.000 millones de dólares, con ingresos potenciales estimados en más de 50.000 millones de dólares.
De los aproximadamente 300.000 habitantes de Bougainville, solo 2.500 tendrían un empleo directo gracias a la mina.
Desde 2010 el gobierno de Bougainville realizó consultas a los terratenientes y foros en toda la isla para evaluar la opinión de la población, alegando que estos le dieron el visto bueno a la minería.
Trece de los 65 participantes en el estudio de Jubilee dijeron que apoyarían la industria extractiva solo si primero se cumplen ciertas condiciones: la independencia de Bougainville, con el fin de minimizar la interferencia extranjera, la indemnización y la exploración de otras vías de desarrollo económico, como la agricultura.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga
