Con avances en la inclusión política y el renacimiento cultural de los pueblos indígenas en una Bolivia diversa, pero con temas cruciales pendientes de resolución como la pobreza y el respeto a territorios, Evo Morales llega como indiscutido favorito a ganar su tercera elección consecutiva, el domingo 12.
“Se ha hecho mucho”, dijo a IPS la exministra de Justicia, Celima Torrico, a favor de los 36 pueblos indígenas, que colocan a Bolivia en el quinto país latinoamericano en población originaria después de Brasil, Colombia, Perú y México, según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Torrico, una mujer quechua de un pequeño pueblo del central departamento de Cochabamba, emergió como comunicadora popular y como la primera mujer en ocupar el despacho de Justicia, después que Morales llegó a la Presidencia en enero de 2006, con 53,7 por ciento de los sufragios.
El censo de población y vivienda de 2012 señala que 2,8 millones de un total de 10 millones de habitantes, declaró su pertenencia a uno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la nueva Constitución Política, promulgada en febrero de 2009 y que declara al país como un Estado plurinacional.[pullquote]3[/pullquote]
Torrico, quien dejó el ministerio en 2010, destacó la importancia de esa Constitución en “visibilzar” a los pueblos indígenas “que antes estaban olvidados”, durante su diálogo con IPS durante una de sus agitadas jornadas en la recta final para la segunda reelección del presidente.
Cita como ejemplo la escogencia de siete diputados en igual número de circunscripciones especiales para los pueblos indígenas como una de las conquistas alcanzadas por “una movilización permanente para conseguir reconocimiento constitucional”.
Cerca de seis millones de electores están habilitados por el Tribunal Supremo Electoral para escoger al presidente, vicepresidente, 27 senadores y 130 diputados, que cumplirán su mandato de cinco años desde enero de 2015.
Tras ser reelegido en 2009, con 64,2 por ciento de los votos, la incógnita ahora no es el triunfo de Morales, sino si superará ese porcentaje de respaldo popular, mientras se pronostica que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), mantendría su mayoría parlamentaria.
La sostenida buena marcha de la economía, impulsada por la bonanza energética, y la reducción de la pobreza, gracias a un paquete de programas sociales, se descuenta que conducirán a Morales, un líder campesino cocalero, a convertirse en la figura que más tiempo ha gobernado este país sudamericano, un récord situado en 10 años.
Los representantes indígenas serán elegidos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Beni y Pando. Los departamentos de Potosí y Chuquisaca no tienen representación indígena.
La Ley del Régimen Electoral otorga representación a siete congresistas que representarán a los pueblos indígena originarios campesinos.
El sociólogo y profesor universitario Joaquín Saravia coincidió con Torrico en su valoración y explicó a IPS que, desde 2006, los pueblos indígenas han protagonizado un proceso de transformación cultural con una fuerte influencia sobre la población urbana “con claras opciones de ganar en una negociación, o imponerse a otros actores”.
Destacó la presencia indígena en la representación territorial y social expresada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la designación de autoridades departamentales y nacionales y en una activa presencia en los movimientos sociales que respaldan la gestión de Morales.
Pero también subrayó una desigual distribución de la riqueza entre poblaciones rurales, “donde unos resultaron más favorecidos que otros”.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Carlos Arze, lamentó ante IPS la “presentación de un gobierno como indígena, pero con acciones contrarias a los intereses de los pueblos originarios”.
“Siguen marginados pese a que en las normas constitucionales sean reconocidos como actores del estado nacional”, resumió.
Cuestionó el incumplimiento de la legislación que otorga a los pueblos indígenas el dominio de territorio, riqueza natural y espacio aéreo, y sus formas tradicionales de gobierno.
Ello se refleja, adujo, en la permanente disputa entre líderes que cuestionan la exploración petrolera o la construcción carreteras en medio de parques naturales.
El exparlamentario y analista de temas políticos Roger Cortez fue más allá y pronosticó a IPS que durante su anticipado nuevo mandato, se producirán nuevos atropellos a los pueblos indígenas.
Como argumento, recordó que el propio Morales «ha anticipado que se propone revisar» el derecho de los pueblos indígenas a la preservación de las tierras comunitarias de origen (TCO), lo que supondría, a su juicio, una «contrarreforma agraria» para recortar estos territorios.
El conflicto central entre comunidades originarias y el gobierno gira en torno a la carretera en construcción entre los departamentos de Cochabamba y Beni, que cercena por la mitad la riqueza acuífera, forestal y natural del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).
Contra ese trazado se mantienen en pie de lucha las poblaciones afectadas, que en 2011 y 2012 se movilizaron en largas marchas desde los llanos orientales hasta las alturas de La Paz, capital política de Bolivia.[related_articles]
Torrico defiende que esa carretera será un medio de acceso para llegar con servicios de salud y educación a poblaciones aisladas por extensos bosques, ríos y selva, un conjunto natural altamente valorado por ambientalistas.
“Se ha violado el paradigma de defensa de los recursos naturales a través de una arremetida contra el Tipnis”, afirmó Arze, quien denunció un juego de intereses vinculados a otros pueblos originarios, empresas transnacionales y compañías interesadas en extraer petróleo y minerales de la rica zona localizada en el centro geográfico de Bolivia.
De hecho, la construcción de la polémica vía está por llegar a la frontera del parque, por lo que se anticipan próximos enfrentamientos entre el gobierno y las comunidades indígenas.
Saravia observa este entorno de conflicto como la falta de una capacidad política “para armonizar los factores económicos y políticos, a diferencia de la valoración cultural”. “En lo económico están postergados”, dijo.
Morales declaró que la pobreza rural agraria era del 68,5 por ciento cuando llegó al gobierno y este año se redujo a 40,9 por ciento, en un esfuerzo que ha sido puesto como ejemplo mundial por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un informe divulgado en septiembre.
El estatal Instituto Nacional de Estadística informó que la pobreza extrema rural descendió de 62,9 a 41,3, entre 2005 y 2011, según una encuesta de hogares difundida en 2011.
Arze examina con cuidado los indicadores y advierte que regiones productoras de cereales como la quinua, influyen en el promedio general, pero esconden realidades dramáticas de poblaciones que habitan en zonas tropicales y donde los ingresos son muy escasos.
En momentos en que el gobierno destaca un estado de “bonanza económica”, la distribución igualitaria de ingresos en las zonas rurales es una tarea pendiente, con la finalidad de romper una concentración de riqueza en otras regiones, comentó Saravia.
Torrico admite la existencia de tareas pendientes y asegura que el plan de gobierno para el decenio 2015-2025, que supera el próximo mandato, responderá a las expectativas de los sectores empobrecidos, a través de un trabajo de coordinación de los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional.
Según la Constitución de 2009, la reelección inmediata solo es posible una vez, así que para seguir en el poder más allá de enero de 2020, Morales tendría que promover su reforma.
Editado por Estrella Gutiérrez
