Tres avances inéditos en seis días en la negociación que el gobierno colombiano y la guerrilla comunista FARC adelantan hace casi dos años en La Habana, mientras continúa la guerra surgida en 1946.
El 16 de este mes se dio en la capital cubana el primer cara a cara con un grupo de víctimas de ambos bandos. Fue la primera vez en el mundo que víctimas se encuentran con representantes de sus victimarios en una mesa donde se negocia poner fin a una guerra civil.
Y el jueves 21 se instaló una comisión académica sobre los orígenes del conflicto y los factores que han impedido que termine.
Ese mismo día ocurrió lo impensable.
Al mando del general Javier Alberto Flórez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, viajaron a Cuba altos oficiales activos de las fuerzas de tierra, mar y aire y de la policía.
Su misión técnica, de 24 horas,consistió en dialogar con sus archienemigos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, activas desde 1964)sobre “cómo se hará el cese al fuego bilateral y definitivo y cómo van a desaparecer y dejar las armas”, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
Santos calificó de “paso histórico” la participación de oficiales activos en estas discusiones, dentro de una subcomisión que se instaló este viernes 22.[pullquote]3[/pullquote]
Doce víctimas, de las 60 que viajarán a La Habana en cinco grupos, sostuvieron el día 16 durante casi siete horas una audiencia con los negociadores de las FARC y del gobierno, entre estos dos generales retirados, uno de ellos Jorge Enrique Mora Rangel (Ejército), sospechoso por violación de derechos humanos.
Fueron seis víctimas de crímenes de Estado y de los paramilitares de ultraderecha (parcialmente desmovilizados en el pasado decenio), cuatro víctimas de las FARC y dos víctimas de más de dos o los tres actores armados.
Se trató de “un experimento único que no se ha dado en ninguna otra parte”, según Fabricio Hochschild, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia.
En foros previos en Colombia, miles de víctimas reiteraron su exigencia capital: el esclarecimiento de la verdad de lo que pasó con sus seres queridos, y en segundo término, mejoras en los mecanismos de reparación, garantías de no repetición y justicia.
Los negociadores asignaron a la ONU, a la estatal Universidad Nacional y a la Conferencia Episcopal la misión de escoger quiénes viajan a La Habana, entre un universo reconocido de 6,7 millones de víctimas, de las cuales 5,7 millones son desplazados forzados, mayoritariamente campesinos.
En este, el último conflicto armado que persiste en el continente americano,los muertos suman más de 420.000 desde 1946, de ellos al menos 220.000 desde 1958, según comisiones de memoria histórica en 1962 y en 2012.
Una Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas (CHCV), pedida por la Mesa de negociación, fue anunciada el jueves 21.
Son seis académicos más un relator, propuestos por cada parte, que suman 14 expertos entre historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas y politólogos.
La CHCV abordará ese contexto histórico donde está el origen del conflicto armado, los factores que impiden que termine y los responsables de sus impactos sobre la población.
Los relatores producirán un informe conjunto para fines de diciembre, aunque sin “atribuir responsabilidades individuales y no debe ser escrito con el propósito de producir efectos jurídicos”, determinó la Mesa de negociación.
Esta no es la Comisión de la Verdad que surgiría tras firmarse el fin de la guerra, pero es un paso sólido de contexto en esa dirección.
En tanto, el asunto que más parece ventilarse en la opinión pública en Colombia no es la verdad, o la no repetición, sino la justicia.
Desde un extremo,el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) propone un supratribunal para revisar las sentencias condenatorias contra miembros de la fuerza pública desde 1980 hasta 2026, y mientras se revisan, liberarlos. Desde el otro, las FARC no reconocen a la justicia colombiana como competente para juzgar a sus guerrilleros a partir de un acuerdo de paz.
El planteamiento tiene lógica. Si esa guerrilla es parte en la negociación, igual que el Estado, y ambos han cometido crímenes, éste “no puede ser juez y parte”,dijo a IPS en La Habana el comandante negociador de nombre de guerra Pablo Catatumbo.
A su vez, por ejemplo las víctimas de desaparición forzada no aceptan la idea de impunidad.
Las víctimas pidieron a los negociadores de ambas partes que no se levanten de la mesa hasta llegar a un acuerdo.
Sin embargo,la fragilidad del proceso de paz, “donde nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es evidente.
Quedan 28 salvedades pendientes en tres puntospactados, de seis que contiene la agenda de negociación. Son “líneas rojas” puestas en el congelador y sobre las cuales no se vislumbra consenso: 14 subpuntos en reformas en el agro, 10 en participación política y cuatro en solución al problema de las drogas ilícitas.
La CHVCdeberá hacer recomendaciones para resolverlos.
Además de la justicia, se percibe un fuerte pulso frente a la desmovilización y entrega de armas.
El general Mora Rangel declaró en junio “que se desmovilicen y entreguen las armas… ellos tienen que entregar las armas para incorporarse a la sociedad y al sistema democrático de Colombia”.
Pero según el analista de paz Carlos Velandia, no habrá ni desmovilización, ni dejación de armas, ni reinserción.
No habrá fotos de una desmovilización en “desbandada”, como los paramilitares, sino una transformación de estructuras armadas en estructuras políticas, estimó, aunque no queda claro el mecanismo.[related_articles]
Y, al contrario de la ultraderecha paramilitar, “no habrá miles de insurgentes extendiendo la mano para que ‘Papá Estado’ les ayude”, evaluó.
Pese a los obstáculos, “el problema no está allá”, como dice a IPS un sacerdote católico empapado de los sucesos en La Habana, donde“la tónica de ambas partes es proactiva”.
El problema está en Colombia, advierte.
Es el “Estado de opinión”, que Uribe, ahora senador de extrema derecha y líder opositor en el parlamento, apacentó durante su mandato.
Uribe está “trabajando” a empresarios, banqueros, grandes comerciantes y algunos periodistas, advirtió el religioso, para ganárselos para su feroz campaña contra la negociación.
“Santos no es un líder, sino un subordinado. Si el país se le viene encima, cierra el proceso”, agregó.
Una eventual presión oligárquica sobre Santos podría adelantarse ala refrendación de los acuerdos, si se percibiese un respaldo mayoritario a la paz.
Por el contrario, si Uribe y los victimarios que temen ser reconocidos o señalados más abiertamente por las víctimas logran ampliar el rechazo a la negociación entre los electores, no objetarían una refrendación por votación directa.
El antecedente es Guatemala, donde los acuerdos para terminar 36 años de guerra interna fueron estruendosamente desaprobados en un referendo post-negociación.
El mecanismo de refrendación, sexto punto de la agenda, aún no se acordó, y Santos omite mencionarlo.
Para afrontar esas maniobras, “debe haber cada vez más decisiones dirigidas a reconocer la legitimidad del diálogo, incluyendo actos de verdad y de perdón. Esto hará más probable, aunque no más seguro, que el proceso de paz salga adelante”, estimó el sacerdote católico, porque “entre más personas perdonen nos acercamos más al éxito de la paz”.
Sectores coinciden en que se precisa un nuevo pacto social, que refrende los acuerdos y resuelva las “líneas rojas”. Para las FARC y muchos otros, de izquierda y de ultraderecha, ese pacto se haría a través de una Constituyente. Pero Santos parece inclinarse por un referendo.
Editado por Estrella Gutiérrez
