La comunidad internacional no aprovecha la gran oportunidad para contrarrestar el cambio climático que ofrece el fortalecimiento de los derechos y de las leyes que otorgan la tenencia de los bosques a las poblaciones locales, según un minucioso estudio.
El nuevo análisis, considerado por los investigadores como el estudio más detallado sobre el tema producido hasta ahora, sugiere que en las zonas supervisadas oficialmente por las poblaciones locales las tasas de deforestación son entre decenas y cientos de veces menores que en aquellas controladas por el Estado o entidades privadas.
Cada año, la desforestación es responsable de 10 a 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático en el mundo.[pullquote]3[/pullquote]
El estudio fue publicado el jueves 24 por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), un centro de investigación con sede en Washington, y la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), una red mundial que trabaja sobre la tenencia forestal.
«Esta estrategia de mitigación del cambio climático está infravalorada», señala un informe sobre el estudio.
“Los gobiernos, los donantes y otros actores interesados en el cambio climático tienden a ignorar o marginar la enorme contribución a su mitigación… que pueden realizar la expansión y el fortalecimiento de los derechos forestales de las comunidades”, añade.
Los investigadores analizaron imágenes satelitales de alta definición y compararon la información sobre las tasas de deforestación con datos sobre las distintas estrategias de tenencia en 14 países en desarrollo considerados muy boscosos.
Se constató que en las áreas donde las comunidades locales tenían derechos forestales considerables, mayor era su capacidad de frenar la tala de bosques y la incursión de los colonos y las empresas mineras.
En localidades de Guatemala y Brasil, con una fuerte tenencia local, las tasas de deforestación resultaron entre 11 y 20 veces inferiores a las zonas externas a los bosques comunitarios reconocidos formalmente. En partes de la península mexicana de Yucatán los resultados fueron hasta 350 veces menores.
Mientras tanto, las repercusiones climáticas de estas zonas forestadas son considerables. Los bosques maduros no solo albergan grandes cantidades de carbono, sino que también absorben dióxido de carbono de la atmósfera de manera constante.
«Sabemos que al menos 500 millones de hectáreas de bosques en los países en desarrollo ya están en manos de las comunidades locales, lo que se traduce en un poco menos de 40.000 millones de toneladas de carbono», señaló a IPS el coordinador de RRI, Andy White.
«Es una cantidad enorme, equivalente a 30 veces las emisiones totales de todos los vehículos de pasajeros del mundo. Pero muchos de los derechos de protección de esos bosques son débiles, por lo que existe el riesgo real de que podríamos perder” esas zonas forestadas, advirtió.
En el último lustro se produjo una “desaceleración grande” del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, que anteriormente habían avanzado en el mundo, explicó White.
Pero el activista cree que existe un gran potencial para sensibilizar a la clase política y la comunidad de donantes sobre el vínculo existente entre los derechos de la tierra y el cambio climático.
Históricamente, en el Sur en desarrollo “los gobiernos fomentaron la deforestación para la agricultura pero también para construir carreteras, la colonización y la minería», comentó White.
«Ahora esos mismos gobiernos… dicen que están preocupados por la reducción de las emisiones. Hasta la fecha, estas dos manos no se han comunicado entre sí”, añadió.
El vínculo de Lima
Las conclusiones del estudio mientras se preparan dos cumbres mundiales sobre el clima.
En septiembre, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, recibirá a gobernantes de todo el mundo en Nueva York para discutir el tema, y en diciembre se realizará la próxima ronda de negociaciones sobre el clima mundial en Lima, con vistas de llegar a un acuerdo definitivo en 2015.
Las conversaciones de Lima se conocen como la ronda del “bosque». Algunos observadores sugieren que la silvicultura ofrece el mayor potencial para reducir las emisiones mundiales, pero pocos vinculan esa reducción directamente con la tenencia local.
«Es importante que los responsables políticos sean conscientes de esta conexión”, subrayó Caleb Stevens, especialista del Instituto de Recursos Mundiales y autor principal del informe.
«Los gobiernos de los países desarrollados pueden comprometerse con los organismos de asistencia para el desarrollo a fortalecer la tenencia forestal en el marco de los acuerdos bilaterales”, dijo en referencia al fondo adoptado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2011.
Añadió que “también pueden comprometerse a reforzar esos derechos mediante mecanismos de financiación, como el nuevo Fondo Verde para el Clima”.
El más conocido, aunque polémico, de los mecanismos internacionales destinados a reducir la deforestación es la iniciativa de la ONU para la Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de los Bosques (REDD), que desde 2008 distribuyó unos 200 millones de dólares para proteger los bosques en países del Sur en desarrollo.
Pero el programa de la iniciativa, conocido como REDD+, nunca aprovechó plenamente el potencial que ofrece la gestión comunitaria de los bosques, según sus detractores.
«REDD+ se creó porque es bien sabido que la deforestación es una parte importante del problema del cambio climático”, dijo Tony La Viña, negociador principal en materia climática de Filipinas.
«Lo que no es tan comprendido es cómo las comunidades forestales son eficaces para proteger a sus bosques de la deforestación e incrementar la salud forestal. Por este motivo REDD+ debe ir acompañada de garantías comunitarias”, añadió.
Quedan las dos terceras partes
Stevens dice que la priorización actual a nivel nacional de la tenencia local es heterogénea, ya que varía considerablemente de un país a otro.[related_articles]
El activista destacó los avances de Liberia y Kenia, donde las leyes comienzan a reconocer los derechos de la comunidad local, y los de Bolivia y Nepal, donde 40 por ciento de los bosques están bajo el control legal de las poblaciones locatarias. Un fallo judicial de 2013 pondría a Indonesia en un camino similar.
«Muchos gobiernos aún son bastante reacios a terminar con sus intentos de acceder a los minerales y otros recursos naturales», remarcó Stevens.
“Pero algunos gobiernos se dan cuenta de las limitaciones de su capacidad, que el modelo de los bosques de propiedad y gestión estatales no suele funcionar. En su lugar, a menudo genera un vale todo con acceso ilimitado”, sostuvo.
Las poblaciones locales suelen ser más eficaces en la gestión de esos recursos que los gobiernos o los organismos privados, y también pueden convertirse en importantes beneficiarias económicas de los bosques. Con el tiempo, incluso contribuyen a las arcas nacionales a través de los ingresos fiscales.
Sin duda hay margen para esa ampliación. El RRI calcula que los 500 millones de hectáreas actualmente bajo control comunitario constituyen solo un tercio de lo que las poblaciones locales en todo el mundo reclaman, y legítimamente según la organización.
