La crisis en Venezuela no se resolverá y hasta podría agravarse si el Congreso de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que demanda al presidente Barack Obama la imposición de sanciones contra altos funcionarios del país sudamericano, advirtieron expertos independientes y fuentes oficiales en esta capital.
El proyecto de ley que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por abrumadora mayoría el martes 20 autorizaría a Obama la cancelación de las visas y el congelamiento de los activos financieros en bancos de Estados Unidos, correspondientes a una lista de funcionarios venezolanos.
Las sanciones serían contra aquellos que se consideren responsables de “dirigir actos significativos de violencia o abusos graves contra los derechos humanos en contra de las personas asociadas con las protestas antigubernamentales en Venezuela”.
El proyecto también autorizaría sanciones contra cualquier persona que haya prestado asistencia a las fuerzas de seguridad del gobierno y aseguraría 15 millones de dólares en apoyo a los grupos “prodemocráticos” y a los medios de comunicación independientes del país sudamericano.[pullquote]3[/pullquote]
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó una versión similar de la iniciativa a principios de este mes.
«Hoy dimos un paso importante para castigar a los violadores de derechos humanos en el régimen” del presidente venezolano Nicolás Maduro, declaró el senador Marco Rubio, del opositor y derechista Partido Republicano, quien auspició el proyecto de ley junto con el presidente del Comité, el senador demócrata Robert Menéndez.
“Ahora que miles de venezolanos inocentes protestaron con valentía y en paz contra el fracaso que es este gobierno chavista, no podemos permitir que la represión, la violencia y los asesinatos del gobierno queden impunes”, exhortó Rubio, después de refrendarse el proyecto por 13 votos contra 2.
Maduro fue designado por el fallecido Hugo Chávez, presidente del país entre 1999 y su muerte en marzo de 2013, como su sucesor al frente de la llamada revolución bolivariana.
Durante una visita a México el miércoles 21, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, destacó el apoyo legislativo a las sanciones y dio a entender que Washington puede sentirse obligado a imponerlas.
«Nuestra esperanza es que los líderes, que el presidente Maduro y otros, tomen las decisiones que hagan innecesaria su implementación. Pero todas las opciones están sobre la mesa en este momento, con la esperanza de que podamos avanzar en el proceso” de diálogo, declaró Kerry.
Sin embargo, varios expertos y altos funcionarios de Washington advirtieron que la legislación, por bien intencionada que sea, podría empeorar las cosas en Venezuela, rica en petróleo y profundamente polarizada política y socialmente.
«Creo que la gente está realmente frustrada por lo que está pasando en Venezuela”, observó Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de estudios hemisféricos con sede en Washington.
“Pero Estados Unidos no tiene mucha capacidad de influir y aunque las sanciones hacen que la gente se sienta bien, no puedo imaginar que logren mucho, salvo darle a Maduro otra razón para atacar” a Washington, dijo.
«También corre el riesgo de alienar a los gobiernos de América Latina”, que junto al Vaticano y con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), tomaron la iniciativa de mediar en las divisiones de Venezuela mediante el diálogo entre Maduro y las fuerzas moderadas de la oposición, agregó.
«Sencillamente, no puedo imaginar que un gobierno latinoamericano vea esto como una buena idea o útil en las circunstancias actuales”, comentó Shifter a IPS.
“Estados Unidos se esforzó por no convertirse en el centro del debate, al darse cuenta, correctamente en mi opinión, que solo ayudaría para que el gobierno de Maduro señalara a Washington como la fuente de las protestas y para distraer la atención de las quejas genuinas y legítimas que dieron lugar” a las mismas, agregó John Walsh, especialista en Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización independiente que promueve los derechos humanos.
Una de las estrategias de Maduro para “evitar el diálogo y los principales compromisos que éste le obligaría a tomar es la capacidad de reformular al movimiento de protesta y la oposición como personas sumisas o que en realidad están tomando órdenes del ‘imperio’, como parte de una conspiración internacional para desestabilizar al gobierno y expulsar al chavismo del poder”, destacó.
De hecho, esta es la posición que adoptó el gobierno de Obama durante la crisis más reciente, que comenzó a finales de febrero cuando manifestantes estudiantiles exigieron la renuncia de Maduro.
La secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, enfatizó ante el Comité de Relaciones Exteriores a principios de mayo el apoyo de Washington a la iniciativa liderada por la Unasur.
«Este no es un asunto de Estados Unidos y Venezuela, es un asunto interno de Venezuela”, declaró a los senadores. “Hemos resistido con energía los intentos de ser utilizados como una distracción de los problemas reales” del país sudamericano, agregó.
El proyecto del Senado, cuya aprobación es casi segura si el líder de la mayoría, Harry Reid, permite su discusión en esta cámara legislativa, se produce después de la suspensión el 13 de mayo del diálogo entre Caracas y la oposición, en el cual los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador oficiaron como representantes de la Unasur.
Entre otros motivos, la suspensión obedeció a que los líderes opositores exigían la liberación de los estudiantes presos en las protestas y de presos políticos.
En el informe “Venezuela: punto de quiebre”, publicado el miércoles 21, la organización independiente International Crisis Group (ICG) advirtió que el fracaso del diálogo podría sumir al país en más violencia, “dejándolo incapaz de hacer frente a la creciente criminalidad y el declive económico y exponiendo la incapacidad de los organismos intergubernamentales regionales para gestionar los conflictos en el continente”.[related_articles]
Al menos 42 personas murieron desde febrero en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y bandas progubernamentales conocidas como “colectivos”, por un lado, y estudiantes y sectores de la oposición, por otro.
Aunque algunos sectores de la oposición habrían recurrido a la violencia, grupos independientes de derechos humanos acusaron al gobierno y sus aliados de ser responsables de la mayoría de las víctimas.
En un duro informe publicado a principios de este mes, Human Rights Watch (HRW), la organización de derechos humanos con sede en Nueva York, acusó a las fuerzas de seguridad de graves golpizas, de disparar a quemarropa contra manifestantes pacíficos, someter a los detenidos a abusos graves, que en ocasiones fueron torturas, y, en algunos casos, de colaborar con los ‘colectivos’ en sus ataques contra los manifestantes y transeúntes.
El recrudecimiento de la represión, así como el estancamiento en el diálogo, redobló la inquietud en Washington sobre la probabilidad de una mayor polarización que fortalecerá a la línea dura de ambos bandos.
En su informe, el ICG instó a todas las partes a considerar el nombramiento de un facilitador internacional, posiblemente del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que se sume al esfuerzo de la Unasur y el Vaticano, así como el despliegue de una misión técnica de la ONU que lo respalde.
Mientras Washington se opone a las sanciones en este momento, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que esperaba redoblar las conversaciones con los gobiernos regionales, comenzando con la visita de Kerry a México, sobre lo que puede hacerse para que se retome el diálogo.
“La cuestión real es que ellos deben intercambiar sus impresiones acerca de lo que escuchan de Venezuela, si pensamos que los esfuerzos de la Unasur y el Vaticano están funcionando, y qué más podemos hacer desde fuera de ese proceso, ya sea como ayuda o para estar listos para hacer algo más”, opinó el funcionario.
“Lo último que queremos hacer es sabotear cualquier diálogo que pueda conducir a la acción, pero estamos tan frustrados como el Senado de que aún no haya sucedido nada”, expresó.
Kerry reflejó esa frustración en México, cuando acusó a Caracas de “incapacidad total… para demostrar acciones de buena fe en la aplicación de aquellas cosas que acordaron hacer aproximadamente hace un mes.”
“Creo que podrían ser de utilidad más consultas de alto nivel con otros gobiernos sobre cómo ven la situación y el trabajar con ellos”, dijo Shifter, del Diálogo Interamericano.
“Pero el país clave es Brasil y, por desgracia, las relaciones” de Washington con Brasilia “no son buenas debido al asunto Snowden que llevó a la postergación de la visita de Estado de la presidenta Dilma Rousseff que iba a producirse a finales de 2013”, agregó.
El exanalista de inteligencia estadounidense Edward Snowden filtró una gran cantidad de información secreta que reveló operaciones de espionaje de Estados Unidos en otros países, entre ellos Brasil.
