La falsificación de la facturación comercial cuesta cada año miles de millones de dólares de ingresos fiscales a cinco países africanos y facilitó el flujo financiero ilícito de al menos 60.800 millones de dólares entre 2002 y 2011.
Los datos se encuentran en un estudio de 52 páginas, publicado el lunes 12 por la organización con sede en Washington Global Financial Integrity (GFI), que utiliza las cifras del comercio bilateral entre 2002 y 2011 que se encuentran en la base de datos de intercambio de productos básicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El estudio estima que el promedio anual de pérdidas de impuestos por subfacturación comercial fue en ese período de 12,7 por ciento de los ingresos totales del gobierno de Uganda, de 11 por ciento de los de Ghana, de 10,4 por ciento de los de Mozambique, de 8,3 por ciento de los de Kenia y de 7,4 por ciento de los de Tanzania.
El informe, patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, es el primer estudio exhaustivo sobre la magnitud de la pérdida de ingresos fiscales de estos países.
Falsificar la facturación implica modificar intencionalmente el valor, la cantidad o la composición de las mercancías en las facturas y en los formularios de declaración aduanera, por lo general para evadir impuestos o lavar dinero.
“Las transacciones comerciales fraudulentas le roban a los pueblos de estos países fondos que podrían haberse utilizado para invertir en infraestructura, escuelas, hospitales y otros servicios públicos muy necesarios”, declaró Mogens Jensen, ministro de Comercio y Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca.
Además, esta práctica es una fuente importante de fuga ilícita de capitales.
Tanzania encabeza la lista de movimientos ilícitos por año, con 1.870 millones de dólares. Kenia ocupa el segundo lugar, con 1.510 millones de dólares, seguida por Ghana (1.440 millones), Uganda (884 millones) y Mozambique (585 millones).
Estas pérdidas constituyen “una de las condiciones más dañinas que socavan el crecimiento económico y el desarrollo, la gobernanza y los derechos humanos en África y en todo el mundo», según el informe.
La práctica de subfacturar o falsificar las facturas prospera en un sistema comercial internacional caracterizado por el secreto financiero y los paraísos fiscales.
En la década que abarca el estudio, los egresos ilícitos de fondos duplicaron el monto que Kenia recibió como ayuda oficial al desarrollo (AOD). En Ghana la cifra fue prácticamente igual a su AOD, mientras en Tanzania representó 77,6 por ciento, en Uganda 58,9 por ciento y en Mozambique 32,6 por ciento.
Las cifras son enormes, pero los expertos advierten que podrían quedarse cortas.
“Es probable que los cálculos proporcionados por nuestra metodología sean muy conservadores, ya que no incluyen la falsificación de la facturación del comercio de servicios o intangibles, la duplicación de la facturación comercial, las transacciones hawala (sistema local de transferencia informal de fondos) y los negocios en efectivo”, señaló el presidente de GFI, Raymond Baker.
Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania y Uganda son países que vienen exhibiendo un importante crecimiento económico en los últimos años. Pero la riqueza sigue concentrada en manos de unos pocos y no llega a la gente común ni a las poblaciones más pobres, que a menudo carecen de servicios básicos.
Los ingresos fiscales que pierden los Estados y los fondos que se fugan sin declarar podrían ayudar a resolver esas carencias.
“El problema radica en la falta de transparencia y la mala presentación de las cifras. La publicación de los datos es importante”, explicó a IPS uno de los autores autor del informe, Brian LeBlanc.
El investigador también se refirió a las estadísticas presentadas la semana pasada en el último informe del African Progress Panel, un centro de pensamiento que preside ex secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Según ese reporte, la pesca y la tala ilegales, que en gran parte benefician a intereses extranjeros, le cuestan a África subsahariana unos 20.000 millones de dólares por año, en promedio.
Expertos de GIF destacaron la importancia de los gobiernos en el plano nacional e internacional para reprimir la falsificación de la facturación comercial.[related_articles]
Los dos objetivos principales del informe se centran en ayudar a las administraciones a mejorar la transparencia de las transacciones financieras nacionales e internacionales y a la cooperación entre los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo para cerrar los canales por los cuales fluye el dinero ilícito.
“Un país con leyes débiles o aplicación laxa de las leyes sobre lavado de dinero podría alentar la falsificación al facilitar transferencias y uso del dinero obtenido en transacciones ilegales», advierte el informe.
Según LeBlanc, se requiere atención especial para que los funcionarios aduaneros tengan “acceso en tiempo real a la información de precios” para que puedan identificar los productos valorados y comercializados de forma irregular. También se debe presionar a las empresas auditoras para que informen a los gobiernos sobre falsificación de facturas.
Las autoridades aduaneras a menudo carecen de los medios y, en algunos casos, de la voluntad de reunir los datos necesarios para entender la magnitud de los flujos ilícitos de capitales por facturación fraudulenta, o los ingresos fiscales y el capital de inversión que se pierden por esta.
Los gobiernos deben rastrear el rumbo de los flujos comerciales, detectar si las facturas están alteradas en distintas jurisdicciones y saber comparar los valores de los bienes incluidos en las facturas con los precios de estos en el mercado mundial.
“Muchos países no tienen acceso a los precios internacionales de los distintos productos básicos. Esta asimetría de información los esfuerzos para disminuir la facturación fraudulenta y los flujos financieros ilícitos”, sostuvo Clark Gascoigne, director de comunicaciones del GIF, en entrevista con IPS.
La asimetría informativa no solo priva a los gobiernos de sus ingresos fiscales, también obstaculiza sus esfuerzos para combatir estos delitos.
«La falta de aplicación nacional de los reglamentos contra la falsificación de la facturación comercial y las normas internacionales poco claras alimentan aún más los flujos de dinero ilícito”, dijo LeBlanc.
No obstante, los cinco países africanos estudiados están realizando avances, por ejemplo, con la adopción de sistemas aduaneros electrónicos y, en algunos casos, de unidades de inteligencia financiera.
La Organización Mundial del Comercio también podría servir como un importante mecanismo de aplicación de normas, según LeBlanc, quien citó asimismo un exitoso un modelo aplicado por Filipinas.
“Un paso final para restringir el comercio y las transacciones financieras ilícitas es un mecanismo de denuncia de irregularidades, mediante el cual empleados y competidores pueden denunciar de forma anónima si sus empleadores o rivales incurren en facturación fraudulenta”, indicó LeBlanc a IPS.
Es evidente que este tipo de denuncias beneficia a la competencia de una empresa, pero también favorecería a sus empleados, según LeBlanc.
«Existe la idea errónea de que la facturación fraudulenta mejora el desempeño de una empresa porque le da mayores ingresos. Pero no es así”, afirmó. “Los beneficios extraordinarios que arroja la facturación fraudulenta no se distribuyen entre los empleados; al contrario, terminan en cuentas bancarias que los propietarios de las compañías tienen en el exterior”, dijo.
