A sus 22 años, Franco tiene su primer empleo, aunque no aparece en ningún registro, ni tiene beneficios laborales. Es parte de un fenómeno que afecta a una de cada tres personas ocupadas en Argentina. El gobierno pretende frenarlo con una nueva ley.
Franco, quien pidió omitir su apellido, trabaja en una empresa que tiene a 10 por ciento de sus 150 empleados fuera de nómina, la mayoría jóvenes.
“No tengo obra social (servicio médico), o sea que si me pasa algo en la calle yendo a trabajar, ellos no asumen ninguna responsabilidad. Y tampoco tengo aportes jubilatorios, así que cuando me jubile todo este año que llevo trabajando será como nada”, relató a IPS el joven que también estudia.
“No podía darme el lujo de decir: no lo acepto porque es en negro, acepté por necesidad”, explicó. “En negro” es como se llama en Argentina el trabajo informal, no registrado o ilegal.
Durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y actual presidenta, Cristina Fernández, el desempleo cayó de 17,3 por ciento, en 2003, a 6,4 por ciento al concluir 2013.
Además, el empleo informal se redujo de 49,6 a 33,6 por ciento, según cifras oficiales.
Pero la desempleo y el trabajo precario persisten como fantasmas, especialmente para los jóvenes.
El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social subraya que 58,7 por ciento de estos trabajos precarios los realizan jóvenes de hasta 24 años.
“Como gran parte de la población no tiene acceso a puestos protegidos, los trabajadores se ven forzados a aceptar las condiciones laborales que les ofrezcan”, explicó a IPS el economista Juan Graña, del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrolloy autor del libro “Salario, calidad de empleo y distribución”.[pullquote]1[/pullquote]
“Las empresas grandes precarizan directamente a sus trabajadores por mecanismos legales, gracias a que las reformas de los 90 ampliaron tales caminos con los contratos a término o períodos a prueba, o tercerizan parte de sus procesos a empresas pequeñas”, con bajos costos.
Un gerente de una distribuidora de insumos escolares explicó que en pequeñas o medianas empresas como la suya, las cargas sociales y sindicales y otras representan un costo de 51 por ciento sobre cada salario.
“Son costos fijos muy altos, poca rentabilidad y si la empresa no vende se funde”, argumentó a IPS el ejecutivo que pidió usar solo sus iniciales, D.G.
El 15 de este mes, el gobierno presentó al bicameral Congreso legislativo, un proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.
Con la nueva norma espera regularizar 650.000 trabajadores en los primeros dos años, para bajar la ocupación informal del 33,6 por ciento actual a 28 por ciento.
Según la presidenta Fernández, la precarización es «el segundo problema más importante” de los trabajadores argentinos, después del desempleo.
El plan establece una reducción permanente de aportes patronales a la mitad para las empresas que tengan hasta cinco empleados, e incentivos a la regularización según una escala.
Las que emplean hasta 15 trabajadores no pagarán aportes por los nuevos empleados durante el primer año y solo sufragarán 25 por ciento el segundo. Las que tienen una plantilla de entre 16 y 80, tendrán un descuento de 50 por ciento durante 24 meses, y las que emplean más de 80 obtendrán un descuento de 25 por ciento en el mismo periodo.
Otro pilar de la reforma es un registro público de empresas receptoras de subsidios, créditos y exenciones fiscales del Estado. Si cometen fraude laboral, se les cancelarán esos beneficios y se suspenderá por tres meses su contratación.
Además se fortalecerá la capacidad de inspección laboral.
La informalidad está enquistada en los servicios domésticos, de plomería, electricidad y limpieza, y en el sector textil, seguidos por el trabajo agrícola, la construcción, la hotelería y la gastronomía. También afecta mucho a profesionales independientes y a trabajadores por cuenta propia.
Daniel Reynoso, un vendedor de plumeros en Buenos Aires, es uno de ellos.
Su oficio, que ejerce desde los 12 años, le ha permitido mantener a sus tres hijos y construir su casa en un barrio humilde suburbano.
Aunque le gusta un trabajo en el que se siente “libre”, vendiendo sus plumeros en un puesto ambulante, lamenta no tener plan de salud ni derecho a una jubilación, contó a IPS.
“Me da miedo por los hijos, cuando les pasa algo tengo que ir una clínica y pagar, o a un hospital público”, comentó Reynoso, que tiene en su casa un taller para acondicionar los plumeros.
Además, la venta tiene altibajos. “Cuando llueve no salgo y pierdo”, ilustró.
En la última década se crearon unos seis millones de puestos de trabajo en Argentina. Pero Fernandez admitió que la precarización socava la equidad social.
“Los asalariados precarios, en tanto no participan de ningún entramado institucional, se encuentran en malas condiciones para mejorar su situación laboral y defender sus remuneraciones” amenazadas por la inflación, analizó Graña.[related_articles]
Asimismo, esos empleos “suelen tener una rotación muy grande, que perjudica su trayectoria laboral, ya que no se califican en el puesto ni adquieren nuevos conocimientos”, añadió.
Sus salarios son entre 35 y 50 por ciento inferiores a los de empleados registrados.
“La precariedad es uno de los principales factores de desigualdad del ingreso en cualquier economía”, consideró Graña. Por eso “cualquier política” que intente reducirla “es bienvenida, por el efecto sobre las condiciones de vida de las familias como por su efecto distributivo”, indicó.
Hay factores que inciden en la precarización laboral, como la dificultad competitiva de las empresas que, para “sobrevivir”, reducen sus costos laborales, dijo el experto. Y para eso “la solución definitiva es el desarrollo económico”.
Esquemas como el que propone el proyecto “no pueden prorrogarse”, porque se establece la práctica de “no registrar a nadie hasta tanto no me subsidien ese proceso”, agregó.
El economista destacó que desde la debacle económica de 2001, “se avanzó en la calidad del mercado laboral”, y en muchos casos “se revirtieron aristas flexibilizadoras de los años 90”.
Pero, “tanto en términos de remuneraciones como de calidad, actualmente estamos aún lejos de los niveles que supimos tener en Argentina. El poder adquisitivo de los asalariados industriales es todavía 27 por ciento menor al de 1974”, ejemplificó Graña.
Ernesto Mattos, economista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, destacó avances en el combate a la informalidad, por ejemplo en el sector rural y en el servicio doméstico, beneficiados con estatutos sancionados en 2011, que garantizan sus derechos.
En su opinión, se necesita más difusión de los créditos para pequeños empresarios que, aunque de bajo capital intensivo, “contratan más fuerza de trabajo para el proceso productivo”.
El crecimiento de la actividad económica fue el principal factor para reducir la informalidad, recordó Mattos, y para avanzar en ese camino es fundamental la capacitación laboral “en esta etapa del capitalismo en que la tecnología tiene un peso relevante”, consideró.
