El Plan de Acción Laboral (PAL) que Colombia adoptó hace tres años para proteger los derechos sindicales en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos ha tenido resultados insuficientes.
Puesto que continúan los asesinatos y abusos contra trabajadores en el país sudamericano, legisladores y dirigentes sindicales exhortaron a los presidentes Barack Obama, de Estados Unidos, y Juan Manuel Santos, de Colombia, a que hagan mucho más para garantizar que el PAL cumpla sus objetivos.
“La violencia contra los sindicalistas continúa. En los tres años desde que se firmó el PAL 73 fueron asesinados en Colombia. Eso solo es razón suficiente para decir que el plan fracasó”, dijo Richard Trumka, presidente de la mayor confederación de trabajadores estadounidense, la AFL-CIO, con base en un nuevo informe que la colombiana Escuela Nacional Sindical (ENS) publicó el lunes 7.
“A pesar de numerosas leyes laborales y decretos, y de cientos nuevos inspectores, no ha pagado ni una sola empresa multada por Ministerio de Trabajo por violar la ley y los derechos de los trabajadores”, señaló.
Las compañías “siguen violando los derechos de los trabajadores de Colombia con impunidad”, aseveró.
Desde hace años, Colombia es considerada uno de los países más peligrosos en el mundo para los sindicalistas. Más de 3.000 murieron asesinados desde mediados de los años 80.
Mientras Colombia se beneficiaba de un esquema comercial preferencial establecido por Washington para la región andina en el marco de la “guerra al narcotráfico”, el presidente George W. Bush (2001-2009) negoció un tratado de libre comercio (TLC) con su par colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).
El tratado recibió duras críticas de la AFL-CIO y de sus aliados en el Congreso legislativo estadounidense, que se negaron a ratificarlo si no incluía disposiciones para mejorar sustancialmente el desempeño de Colombia en materia de derechos laborales.
El TLC estuvo virtualmente congelado hasta que Obama y Santos firmaron en abril de 2011 un pacto oficialmente conocido como el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, al cual se añadió el PAL.[related_articles]
Este instrumento exige a Bogotá que proteja a los sindicalistas, instaure leyes para eliminar la subcontratación de los trabajadores, cree un nuevo Ministerio de Trabajo y castigue a las empresas que impidan la organización sindical de sus empleados.
El objetivo es que Colombia cumpla los estándares internacionales en materia laboral.
Aunque la intención original era demorar la implementación del TLC hasta que se cumplieran las condiciones del PAL, el Congreso estadounidense ratificó el acuerdo comercial en octubre de 2011.
Esta semana, activistas insistieron en que esa aprobación fue prematura, pues eliminó la presión ejercida sobre el gobierno de Santos para que cumpliera plenamente el PAL.
“La aprobación del TLC en el Congreso de Estados Unidos, sin verificar el pleno cumplimiento del PAL, redujo significativamente la voluntad política”, señaló el jueves 8 una declaración conjunta de la AFL-CIO, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia.
La declaración, que además pide una “seria revisión” del impacto del TLC en los sectores agrícola e industrial de Colombia, así como en sus exportaciones a Estados Unidos, cuenta con la firma de más de una decena de organizaciones de trabajadores y defensores de los derechos humanos de ambos países.
Por su parte, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, que supervisa la implementación del PAL y del TLC, expuso una opinión más positiva en su informe sobre los últimos tres años, divulgado el lunes 7.
El PAL “dio a Estados Unidos y a Colombia un nuevo e importante marco, herramientas y procesos para mejorar la seguridad de los miembros de sindicatos y protecciones a los derechos laborales”, dijo el representante de Comercio, Michael Froman.
“Hemos logrado significativos progresos hasta la fecha, pero este es un esfuerzo a largo plazo y aún hay trabajo por hacer”, reconoció.
El informe destaca que 671 sindicalistas se beneficiaron de un programa de protección que en 2013 contaba con un presupuesto de casi 200 millones de dólares.
También subraya que se destinaron más de 250 vehículos para protección de tiempo completo de dirigentes y activistas sindicales, y que el fiscal general asignó más de 20 funcionarios de su oficina a investigar exclusivamente delitos contra trabajadores.
El informe también señala que el promedio anual de sindicalistas asesinados se redujo a 26 desde que el PAL entró en efecto, cuando en la pasada década era de 100.
“El plan de acción fue un buen esfuerzo, y yo sé que el gobierno (colombiano) lo ha tomado en serio”, dijo a IPS el presidente del centro de estudios independiente Diálogo Interamericano, Michael Shifter.
“Por supuesto, los grupos de activistas tienen derecho a presionar más para su cumplimiento, y para que se responsabilice al gobierno estadounidense y al colombiano, pero el hecho es que hubo progresos y debe haber más”, dijo Shifter, especialista en países andinos.
Sin embargo, la ENS concluye que el PAL no ha logrado resultados significativos en la protección de los derechos de los trabajadores ni en el castigo de asesinatos de líderes sindicales.
“Miles de trabajadores y sus organizaciones sindicales han intentado hacer uso de las nuevas disposiciones legales que los protegen contra el abuso laboral, y en su mayoría se han encontrado desprotegidos, en la medida en que jueces, fiscales e inspectores del trabajo casi siempre se niegan a brindar la protección que el nuevo marco legal ofrece”, dice el informe de la ENS.
En muchos casos, los intentos de obtener protección terminaron siendo “un tiro por la culata” para los trabajadores, particularmente para aquellos que trabajan en puertos y en plantaciones de palma.
Las conclusiones de la ENS coinciden con las de un informe presentado en octubre por los legisladores estadounidenses George Miller y James McGovern, que integran el Grupo de Monitoreo del Congreso sobre los Derechos Laborales en Colombia.
“El informe de la ENS nos recuerda que tenemos un muy largo camino por andar para implementar exitosamente el PAL y garantizar que los trabajadores puedan ejercer con libertad y seguridad sus derechos fundamentales”, señaló el Grupo.
No obstante, los legisladores destacaron que el nuevo embajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, tiene como prioridad la implementación del PAL y denuncia las formas ilegales de contratación, el uso que hacen las empresas de los acuerdos colectivos para impedir la sindicalización y la impunidad de los delitos antisindicales.
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