El hartazgo y la esperanza van a segunda vuelta en Chile

Hugo y Daniel Hurtado van contra la corriente en Chile: un asalariado no puede darse el lujo de enviar a su hijo a la universidad. Crédito: Marianela Jarroud/IPS

El chileno Hugo Hurtado, de 47 años, es chef. Cualquiera diría que en su país, el tigre de América Latina, esa profesión es un seguro de éxito y hasta de fama. Pero no para todos.

Hurtado trabaja como camarero. “Estudié una profesión demasiado elitista ya que, sin contactos ni un restaurante propio, solo podía optar por ser cocinero, lo que significaba ganar 500 dólares al mes y trabajar de ocho a 10 horas diarias y seis días a la semana”, contó a IPS.

“Como camarero, es exactamente igual el horario, pero entre el sueldo y las propinas gano 700 dólares al mes”, explicó.

Hurtado y su familia son un ejemplo de ese segmento de chilenos que aguardan, entre hartos y esperanzados, el resultado de las elecciones presidenciales –que se dirimirá el 15 de diciembre en segunda vuelta— para ver si también ellos se ganan el derecho a sentir los beneficios de ser ciudadanos del «tigre» latinoamericano.

Hay peligro de que los hartos estén en aumento.

En las elecciones generales del domingo 17, la mitad de los habilitados para votar se abstuvieron.[pullquote]3[/pullquote]

La expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010) obtuvo 47 por ciento de los votos, y la candidata de la derecha gobernante, Evelyn Matthei, consiguió 25 por ciento. Ambas deberán competir en diciembre por la Presidencia.

La mitad de los trabajadores perciben menos de 500 dólares en este país de 17 millones de habitantes y con un crecimiento económico de más de seis por ciento anual en los últimos 20 años.

Hurtado, separado y padre de tres hijos, vive con dos de ellos en la casa de su nueva pareja en Puente Alto, una comuna (barrio) popular en el sur de Santiago. Daniel, el mayor y un alumno de excelente rendimiento académico, decidió estudiar medicina.

Pero sus conocimientos no bastaron para superar la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y los recursos familiares no alcanzaron para pagar un centro privado de formación preuniversitaria, negocio indispensable en este país donde la formación académica gratuita no existe.

Con 18 años, Daniel accedió a una beca por buen rendimiento y situación económica vulnerable que le permite cursar el primer año de un bachillerato preuniversitario en ciencias de la Universidad de Chile. En dos años, esta vía lo habilitaría para postularse a la carrera de medicina sin necesidad de rendir nuevamente la PSU.

«Si no tuviera beca, no podría estudiar en la universidad», dijo su padre.

Pero las cosas pueden cambiar si accede a la carrera que tanto anhela.

«Medicina cuesta entre 900 y 1.400 dólares mensuales más materiales, comida, locomoción y otros gastos. Entonces, estamos pensando que lo mejor es que se vaya a Argentina (donde la educación es gratuita) y estudie allá», añadió.

Padre e hijo sobresalen de lo común.

«Estamos nadando contra la corriente… Lo normal sería que Daniel trabajara en un ‘call center’, empacando en algún supermercado, en la construcción o también de camarero”, afirmó el padre.

«No hay bolsillo de una familia normal que aguante esto», completó su hijo Daniel.

Bachelet y Matthei son hoy las caras de la centroizquierda y la derecha que, desde el fin de la dictadura en 1990, han sostenido un statu quo social fragmentado y crecientemente desigual.

Los ingresos del cinco por ciento de las familias más ricas del país son 270 veces mayores que los del cinco por ciento más pobre, según cifras entregadas a IPS por la Fundación Sol, especializada en temas laborales y sociales.

«Existe la memoria de un Estado que fue más inclusivo, que se hizo parte de un proceso de participación social, que aceptó la presencia popular en su gestión y que fue arrebatado por los militares” en el golpe de Estado de 1973, dijo a IPS el antropólogo Juan Carlos Skewes, de la Universidad Alberto Hurtado.[related_articles]

Daniel Hurtado cree que «el Estado debería cumplir el rol de garantizar la educación a la sociedad en su conjunto, y no dar migajas”.

Para él, este desarrollo económico «se ve reflejado en unos pocos que tienen los medios y son dueños de todo. Ese es otro mundo, ellos gobiernan, ellos progresan. A la mayoría del país nos queda nadar contra la corriente, recoger las becas que nos tiran para que podamos estudiar», enfatizó.

La educación gratuita es una demanda central de los últimos años, en particular desde las manifestaciones estudiantiles de 2011.

En los comicios del domingo, cuatro exdirigentes de ese movimiento estudiantil consiguieron escaños en el parlamento, algunos con amplia mayoría, como la comunista Camila Vallejo.

Ellos tendrán que negociar con el próximo gobierno, que seguramente encabece Bachelet, los medios para alcanzar una educación gratuita.

Bachelet, quien durante su primer mandato impulsó una reforma educativa insuficiente, ha prometido alcanzar la gratuidad de la enseñanza universitaria en seis años, algo que ilusiona a Edilia Rojas.

“Si ella dice, le creo… ojalá que cumpla”, dijo Rojas a IPS. “Me gustaría que mi nieto estudiara, que tuviera oportunidades”, añadió con humildad.

A sus 69 años, esta jubilada, madre de un hijo y abuela, trabaja todos los días como empleada doméstica para costear sus gastos básicos.

«Trabajo desde los 16 años. Yo pensaba que iba a dejar de hacerlo cuando me jubilara, pero como la pensión es poca (300 dólares) tuve que seguir”, añadió.

De lunes a viernes hace limpiezas en una casa familiar por un sueldo que no llega a 500 dólares. «Esto significa que soy esclava del trabajo», afirmó.

Gracias a su esfuerzo, su hijo fue a la universidad y no debió endeudarse para ello. «Todo el sueldo que recibía iba para pagar la universidad. Comíamos gracias a que arrendaba unas piezas de mi casa y, además, yo almuerzo en la casa donde trabajo. Igual nos vimos muy afligidos», recordó.

«Mi vida ha sido un poco dura, pero he tenido salud», dijo. Si la vida hubiera sido distinta, a Rojas le hubiera encantado vivir en el campo, junto a dos hermanos que ni siquiera tienen vivienda propia o alquilada.

Por eso, ante la pregunta sobre las mayores urgencias de Chile, no tarda en responder: acceso a la vivienda y a una pensión digna.

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