Con el propósito de atacar el núcleo duro de la pobreza en Argentina, el gobierno puso en marcha un nuevo programa social que brinda escolaridad, capacitación, trabajo y una asignación especial a mujeres desempleadas, con más de tres hijos y a cargo del hogar.
“Les dije a los más grandes que ahora me tienen que ayudar porque yo todas las mañanas tengo que ir a ‘Ellas Hacen’”, narró Isabel Hernández, con cinco hijos de entre seis y 16 años.
“Ellas Hacen” es como se identifica el último Programa Ingreso Social con Trabajo, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social, y está focalizado para jefas de familias numerosas que, por diversas razones, afrontan condiciones de vulnerabilidad.
Hernández igual continúa recolectando ropa usada para ayudar a vestir a sus hijos o venderla en su barrio a precios módicos, pero ahora lo hace solo los fines de semana pues la nueva ocupación en el programa la ocupa de lunes a viernes, para lo cual la colaboración de sus hijos es clave.
Vecina de Don Torcuato, una pequeña localidad cercana a la ciudad de Buenos Aires, esta jefa de un hogar numeroso solo podía hacer a trabajos temporarios y generalmente en negro. Hasta ahora solo recibía el beneficio de otro programa social emblemático como es la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La AUH contempla la transferencia de ingresos del Estado a todos los menores de 18 años cuyos padres estén desempleados o que trabajen en la economía informal, cuya contrapartida es que los beneficiarios asistan a la escuela y cumplan con los controles médicos periódicos. Con ello se extendió la tradicional asignación familiar que reciben quienes tienen empleo formal.
El aporte de la AUH es en la actualidad de 460 pesos mensuales (83 dólares) por cada niño o adolescente y 1.500 (272 dólares) sin límite de edad si son discapacitados. Las mujeres embarazadas también lo perciben a partir del tercer mes de gestación.
Pero este programa, que beneficia a 3,5 millones de hijos de familias pobres, era apenas un paliativo en el caso de mujeres jefas de hogar sin ingresos, al cuidado de niños y sin capacitación laboral suficiente para insertarse en el mercado formal.
[related_articles]Para este universo, estimado en unas 100.000 mujeres en todo el país, fue que se lanzó a mediados de este año “Ellas Hacen”. Las beneficiarias perciben 2.000 pesos por mes (363 dólares), que se suman así al aporte de la AUH que cobran por la escolaridad de sus hijos.
El ingreso de “Ellas Hacen” incluye el pago de los aportes previsionales para acceder en el futuro a la jubilación y tener derecho a ser atendida junto al resto de su familia en la “obra social”, como se denomina en Argentina el seguro médico.
La AUH y el nuevo programa permiten, por ejemplo, colocar a la familia Hernández por encima de la línea de pobreza.
Los últimos datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indican que la indigencia afecta a 1,5 por ciento de los más de 40 millones de argentinos y la pobreza a 5,4 por ciento, indicador este último que la privada Universidad Católica lo eleva a 15,5 por ciento, según estimaciones de julio.
A cambio de ese nuevo ingreso, que Hernández ya cobró por primera vez, las mujeres asumen el compromiso de asistir diariamente a los cursos para alfabetizarse, terminar la escuela primaria o la secundaria según corresponda.
También brinda capacitación para emplearse en obras de infraestructura urbana en barrios emergentes, instalación de redes y tanques de agua, pintura, recolección y separación de residuos o cuidado de espacios verdes.
“Estamos organizando también talleres sobre violencia de género y vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la salud sexual y reproductiva y el cuidado de los niños”, explicó Diego Landechea, director sociolaboral del Programa Ingreso Social con Trabajo de Morón, otro municipio contiguo a la ciudad de Buenos Aires.
Landechea señaló a IPS que en este plan se inscribieron hasta ahora 755 mujeres de entre 18 y 62 años, 70 por ciento de las cuales ya percibían la AUH, pero hay otras vulnerabilidades que las acercan.
Más de 200 de las registradas son víctimas de violencia de género y hay 15 que tienen al menos un hijo discapacitado a su cargo, añadió.
Del grupo que se inscribió en Morón, hay cinco analfabetas, 80 con la escuela primaria incompleta y 190 que no pudieron terminar sus estudios de secundaria. “Quedaron fuera del mercado laboral o nunca pudieron insertarse por distintas razones”, comentó Landechea.
“Sin dudas, el tener varios hijos bajo su responsabilidad es un factor fundamental de su exclusión del mercado formal”, dijo, aunque también mencionó la falta de estudios y de capacitación suficientes.
Frente a este panorama, las mujeres son censadas y se crean comisiones según sus prioridades. En un principio, se abocarán a terminar sus estudios. Para ello, se ofrecerán cursos en distintos horarios, de manera de facilitarles el cumplimiento.
La continuidad en la capacitación constituye un porcentaje importante del ingreso. Si no asisten a un mínimo de clases, se les descuentan 350 de los 2.000 pesos (363 dólares).
Hernández contó a IPS que tiene estudios primarios completos, pero le falta el secundario, y que ahora los va a comenzar. Sabe que debe organizarse muy bien porque, en su ausencia, la prole queda a cargo del mayor que tiene 16 años.
“Lo primero que hice cuando cobré los 2.000 pesos fue pagar 900 en el almacén (tienda de comestibles) y darle 300 al más grande para que se compre un pantalón”, contó la mujer, quien cree que así el adolescente se sentirá estimulado a colaborar.
El Programa Ingreso Social con Trabajo beneficiaba hasta ahora a 500.000 personas que aprendían oficios y se integraban a cooperativas con ese salario de 2.000 pesos mensuales a cargo del Estado hasta que la cooperativa se independiza.
Pero, si bien el programa no era excluyente, en los hechos incluía principalmente a hombres porque no contemplaba las limitaciones de aquellas mujeres que están solas, en condición muy vulnerable, y con más de tres hijos pequeños a cargo.
Estos planes sociales que fueron apareciendo desde la llegada al gobierno en 2003 del hoy extinto Néstor Kirchner (1950-2010) y luego continuado por su viuda, Cristina Fernández, es cuestionado por algunos dirigentes políticos y sindicales de la oposición.
Uno de ellos es el secretario general de la central sindical Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, quien ironizó acerca de estos beneficios llamándolos “planes descansar”.
Moyano, quien representa al sector sindical más crítico hoy del gobierno de Fernández, realizó estos comentarios en un acto en julio en el que reclamó que se elimine el llamado “impuesto a las ganancias” sobre los ingresos medios y altos.
La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), que se creó al amparo del Programa de Ingreso Social, repudió esas expresiones, que constituyen una “difamación malintencionada”, según indicaron sus dirigentes en un comunicado.
La entidad recordó que, en los últimos años, el programa al que ahora se suman las mujeres permitió que miles de trabajadores que carecían de empleo se capaciten y mejoren las condiciones de habitabilidad de sus comunidades.
Según la CNCT, los nuevos cooperativistas que se organizaron a partir del beneficio estatal trabajan en obras públicas, en el sector textil, en carpintería, herrería, transporte, gastronomía y comunicación, entre otras áreas.
