Varios años después de que estallara la crisis económica en el mundo rico, que elevó y reorientó los contingentes de población escapando de las penurias, América Latina carece de una visión más inclusiva de las migraciones.
Este es un aspecto crítico para el debate en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebrará en Montevideo entre el 12 y el 15 de agosto.
Han pasado casi 20 años desde la histórica Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 en El Cairo (CIPD), y desde entonces los demógrafos insisten en la desigualdad territorial como uno de los nudos que traban la realidad latinoamericana y que motivan, en muchos casos, que la gente deje sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida.
La CIPD constituyó un marco para redirigir el énfasis desde las metas demográficas hacia los derechos de las personas, según Jorge Rodríguez, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.
«Se hizo un enfoque más social y, sobre todo, más de derechos humanos. La conferencia instaló el tema de los derechos. Y en los últimos 20 años cambió la importancia que la migración internacional tenía para la región», dijo Rodríguez a IPS.[pullquote]3[/pullquote]
Desde 2008, año en que estalló la crisis europea, hay señales de un freno de la emigración, a la vez que hay signos de retorno, indicó Rodríguez en un encuentro preparatorio de la conferencia regional, organizado en Río de Janeiro entre el lunes 15 y este miércoles 17.
«Ahora enfrentamos un tema emergente, el retorno de emigrados por la crisis económica. América Latina extendió sus redes migratorias. Siempre estamos mirando la migración relevante hacia Estados Unidos y Europa, pero dentro de la región hay muchísima», analizó.
Esta movilidad asumió contornos más específicos con los desplazados ambientales, que forman una categoría de personas obligadas a emigrar por catástrofes naturales.
«Ahora el concepto adquiere una diversidad mucho mayor, y eso requiere un trato especial», subrayó Rodríguez.
Para el demógrafo y economista Duval Fernandes, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y miembro de la Asociación Latinoamericana de Población, dos décadas después de El Cairo se necesita avanzar hacia el respeto del migrante más allá de su estatus legal.
La situación de los inmigrantes haitianos, expulsados por el demoledor terremoto de enero de 2010, demuestra los desafíos latinoamericanos.
Haití vive una crisis ambiental profunda, que se agravó con el sismo que mató a unas 200.000 personas y destruyó decenas de miles de viviendas, además de infraestructuras y edificios públicos.
Asimismo, para este año se espera que pasen por su territorio cerca de 20 ciclones o tormentas tropicales.
Apenas se impusieron restricciones para la emigración haitiana, sobre todo hacia Estados Unidos y hacia la vecina República Dominicana, que comparte con Haití la isla de La Española, apareció Brasil como una alternativa.
«En República Dominicana no se registran los hijos de haitianos indocumentados que nacieron en ese país, y que por eso quedan como apátridas. Esto llevó a algunos a buscar otros caminos y allí apareció la posibilidad de viajar a Brasil», comentó Fernandes.
Desde noviembre de 2010, miles de haitianos ingresaron sin permiso a Brasil a través de la frontera norte. El país no estaba preparado para acoger en pequeñas ciudades del interior de la Amazonia a inmigrantes que llegaban luego de largas travesías clandestinas.
Esto «se volvió una situación calamitosa. Los países no saben cómo lidiar con este problema», abundó el demógrafo brasileño.[related_articles]
El trámite legal en Brasil es lento, pues los haitianos no fueron aceptados con la categoría de refugiados. Se estima que unos 10.000 llegaron en estas condiciones.
«Le pagan entre 2.500 y 4.000 dólares al ‘coyote’ (traficante de personas) para hacer ese trayecto. Multiplique por 10.000 personas y estamos en unos 30 millones de dólares. Hay que desbaratar ese contrabando. Los haitianos son engañados y creen que en Brasil van a ganar 2.000 dólares por mes», argumentó Fernandes.
La solución que halló el gobierno fue concederles visas humanitarias. Al momento de cruzar la frontera, los haitianos solicitan refugio y, en seis meses, el Consejo Nacional de Refugiados rechaza el pedido y lo deriva al Consejo Nacional de Inmigración, que a su vez concede la visa.
«El haitiano será un refugiado ambiental, pero oficialmente no hay un reconocimiento de tal situación. El gran problema es que, cuando se expide la visa, las personas ya no están donde estaban o no se enteran», argumentó.
Duval Fernandes propone una labor humanitaria con esta población y que se establezcan mecanismos extraordinarios para regularizar su situación en este país.
Entre los especialistas entrevistados por IPS, Gabriel Bidegain, consejero técnico principal del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que reside en Haití, cree que se necesita un acuerdo regional para abordar la cuestión migratoria de forma más ordenada.
En el país caribeño se construyó una «nueva geografía humana», puesto que hubo una migración interna importante, así como un gran contingente de emigrantes que vieron a Brasil como una oportunidad, argumentó.
«Ante la crisis en Estados Unidos y Europa, la gran meca fue Brasil; era la ruta del oro. Se hizo la promoción (de ese destino) y se enseñaba portugués, era lógico que vinieran», dijo Bidegain a IPS.
Sin embargo, el flujo de haitianos hacia Brasil es mucho menor que la población de esa nacionalidad que reside en República Dominicana, unas 800.000 personas, y en Estados Unidos, unas 600.000.
Además, todavía permanecen en Haití unos 400.000 desplazados ambientales que viven en campamentos informales cerca de Puerto Príncipe.
Se necesita una convención regional sobre migración, cree Bidegain, capaz de dar respuesta a la vulnerabilidad de quienes se ven obligados a dejar sus países, en especial por catástrofes ambientales.
