“Nos han bloqueado los caminos. No podemos sembrar. Nos ofrecen poco por nuestras tierras. ¿Dónde están los beneficios?”, lamenta la mexicana Guadalupe Ramírez, sobre la operación de campos eólicos en el sureño estado de Oaxaca.
Ramírez se quejó de que “los gobiernos privilegian los negocios de las empresas, la tierra nos da más de lo que ofrece la empresa”. “Dijeron que llegaban a ayudar y eso es una mentira”, dijo a IPS esta indígena zapoteca de 62 años, que visitó Ciudad de México, desde el municipio de Unión Hidalgo, 560 kilómetros al sur, para denunciar la situación, junto con otros campesinos.
En esa población opera desde octubre el parque eólico Piedra Larga I, que cuenta con 145 aerogeneradores para producir 90 megavatios (MW) y es propiedad de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), subsidiaria de la española Renovalia Energy y el estadounidense fondo privado First Reserve.
En 2007, la empresa se acercó a la gente y comenzó a firmar contratos de arrendamiento con los ejidatarios de tierras colectivas, como si ellos fuesen pequeños propietarios, en los que se fijó una renta promedio mensual de 20 dólares por hectárea. Los campesinos de Unión Hidalgo manejan entre tres y cuatro hectáreas.
En otros municipios las generadoras eólicas pagan hasta unos 80 dólares por hectárea. Además, en el municipio la tenencia de la tierra es colectiva, por lo cual no aplica el tipo de contrato utilizado, que pasó inicialmente inadvertido a quienes cedieron su terreno.
Los ejidatarios o comuneros del municipio acusan a Demex de engañarles, de no explicarles las cláusulas de un contrato redactado en español y no en zapoteco, de no haber convocado a una obligada asamblea comunitaria, de contaminar sus tierras y de impedirles el libre tránsito.
La empresa pondrá en operación en 2014 el campo Piedra Larga II, con lo que ocupará 300 hectáreas de Unión Hidalgo, con 13.970 habitantes, mayoritariamente zapotecos, donde se creó un Comité de Resistencia al Proyecto Eólico, varios de cuyos integrantes plantearon sus reclamos en la capital el miércoles 12.
Este caso reproduce el creciente descontento de las comunidades mexicanas en contra de las iniciativas de energía eólica, alimentado por sus connotaciones económicas, ambientales y sociales y que en este país nubla al sector, cuando se celebra este sábado 15 el Día Mundial del Viento.
La Secretaría (ministerio) de Energía estimó el mismo miércoles 12 que el viento genera 1.304 MW, seguido por la geotermia con 812, la biomasa y biogás con 581 y las minihidráulicas con 450. Sin incluir las grandes centrales hidroeléctricas, la energía renovable contribuye con cinco por ciento de la oferta nacional, pero su peso va en aumento, indicó.
Los fuertes vientos en el istmo de Tehuantepec, una franja que recorre los sureños estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, la han convertido en epicentro de numerosos proyectos eólicos. Allí, las tierras son mayormente de propiedad colectiva, con comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres tradicionales.
Hasta ahora la explotación del viento ocupa 11.000 hectáreas en el país y totalizan, desde 2007, inversiones por unos 5.000 millones de dólares, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica.
La reforma energética de 2008 autoriza a particulares a generar su propia electricidad, incorporarla a la red nacional y recibir tarifas preferenciales.
Por ello, muchas empresas compran la energía del viento bajo para incorporarla a un esquema de autoabastecimiento y reducir así su factura eléctrica. Pero los críticos a esta estrategia a arguyen que las menos favorecidas son las comunidades donde se asientan los parques.
“Hay un patrón de violaciones a derechos humanos de las comunidades. Se promocionan bien con ofrecimientos de dinero y trabajo, pero son empleos temporales. No se desarrollan con transparencia y cumplimiento de los estándares establecidos”, dijo a IPS la directora del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Alejandra Ancheita.
Tras el boom eólico en Oaxaca, los activistas temen que los aspectos negativos de ese modelo se repitan en proyectos de parques en otros estados.
“No han traído beneficios. Violan la propiedad colectiva, las leyes agraria y de pueblos indígenas”, denunció a IPS la fundadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Bettina Cruz.
Demex ha negado los señalamientos y ha dicho que los contratos fueron suscritos correctamente y que posee las autorizaciones para la construcción y la operación del campo eólico.
“No han mejorado las condiciones de las comunidades”, concluyó Benjamin Cokelet, director del no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, para quien las prácticas de las empresas pueden ser violatorias de convenios internacionales.
En las localidades de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón y San Vicente, próximas a Unión Hidalgo, los pobladores han frenado proyectos similares mediante la movilización y recursos de amparo.
En el primer caso, la empresa española Mareña Renovables planea la instalación de un parque de 392 MW, con un financiamiento de 75 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero el proyecto está frenado mediante acciones legales.
El Comité de Resistencia de Unión Hidalgo presentó el martes 11 una demanda ante el Tribunal Agrario para invalidar los contratos firmados y suspender inmediatamente la granja, incluyendo la expansión del proyecto.
Además, en abril interpusieron una denuncia ante la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Ambiente por la contaminación del parque eólico.
“No es justo que el gobierno negocie nuestras tierras con las empresas. Estamos mal desde que ellas llegaron. Dicen que es energía limpia, pero no es cierto, porque el aceite de las aspas contamina el suelo y los mantos, las aspas matan los pájaros y está el ruido”, expuso a IPS el indígena zapoteco Esteban López, de 55 años, quien cultiva maíz y sorgo.
Los tres bancos privados que financian el proyecto son firmantes de los Principios de Ecuador, un conjunto de directrices voluntarias para evaluar la condición social y ambiental de los créditos y a los cuales se han sumado más de 70 instituciones financieras globales desde 2003.
Entre los lineamientos están la evaluación del impacto socioambiental, normas sociales y ambientales aplicables, consulta y divulgación, así como una revisión independiente.
Cokelet indicó que estudian presentar una queja ante esa instancia por las irregularidades en Unión Hidalgo.
“La nuestra no es pequeña propiedad, sino comunitaria, y la empresa lo ignoró. No nos explicaron cómo iban a usar nuestras tierras. Los contratos son leoninos”, enfatizó la zapoteca Ramírez.
Mientras, a López le angustia que la época de lluvias está por llegar y no podrá sembrar. “¿Quién pierde? No es el gobierno ni la empresa. Sin humedad no podemos hacer nada”, cuestionó.
Para 2020, México espera generar unos 12.000 MW a partir del viento.
