En un fallo fuertemente cuestionado por el gobierno, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar a los candidatos a jueces, la cual establecía que sus integrantes fueran elegidos por el voto universal.
La norma vetada este martes 18, con el argumento de que compromete la independencia de la justicia, es una de las seis iniciativas legislativa de la amplia reforma de este poder del Estado impulsadas por el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández y promulgadas en mayo.
Hasta ahora los consejeros fueron elegidos directamente por las asociaciones de jueces, de abogados y de juristas. La propuesta era dejar atrás esta forma de designación por estamentos corporativos y cambiarla por una votación popular.
Con la ley ya promulgada, los candidatos a consejeros serían seleccionados junto a los postulantes a legisladores nacionales en las primarias que deben realizar los partidos políticos en agosto próximo para luego competir por los cargos efectivos en las elecciones parlamentarias de medio tiempo previstas para octubre.
Pero la sentencia del máximo tribunal de Argentina frenó este proceso al invalidar la ley correspondiente.
“No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”, señalan los magistrados en su dictamen.
[related_articles]Manifestándose en contra de la participación de magistrados que sean candidatos a consejeros en campañas proselitistas, la Corte estableció que “los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e imparcial, como custodios de derechos y principios”.
También consideró que la ley “rompe el equilibrio” entre poderes, desconoce el principio de representación de estamentos técnicos y compromete la independencia judicial al forzar a los jueces a involucrarse en luchas partidarias.
Alerta que es “previsible que, luego de un tiempo de aplicación, los jueces vayan adoptando posiciones vinculadas a los partidos que los van a elegir”, lo cual “afectaría su imparcialidad”.
La sentencia fue aprobada con los votos favorables de Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen María Argibay, mientras que Raúl Zaffaroni lo hizo en disidencia.
La oposición política, que había votado en contra de las seis iniciativas de reforma en el parlamento, y juristas reacios a la votación popular de consejeros aplaudieron la decisión.
Uno de ellos es el constitucionalista Daniel Sabsay, quien desde un primer momento se opuso a esta ley. El fallo es “excelente”, declaró a IPS. “Es contundente y claro acerca de los controles y contrapesos que debe haber entre los poderes”, argumentó.
Sabsay sostuvo que “no hay otra lectura posible” que la de la inconstitucionalidad y calificó de “endeble y confuso” el voto en disidencia de Zaffaroni, quien integró la Asamblea Constituyente que en 1994 aprobó la ley fundamental en vigencia y creó el Consejo de la Magistratura.
Zaffaroni sustentó su voto en contra recordando que al momento de introducir “una estructura novedosa” a la Constitución, como fue el Consejo de la Magistratura, se lo hizo “sin estructurarlo” y eso dejó “muchos huecos” que fueron completándose con sucesivas reformas legislativas.
La norma que acaba de ser declarada inconstitucional proponía, además del voto popular directo de los miembros del Consejo de la Magistratura, la ampliación del número de sus integrantes de 13 a 19, con la idea de incrementar la representación de académicos y que hubiera también delegados de otras ciencias además de las jurídicas.
El Consejo tiene entre sus potestades la de seleccionar por sus antecedentes a los candidatos a jueces y juezas e integrar las ternas de las que luego el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado elegirá a uno o una. También puede votar la realización de un juicio político para la remoción de magistrados.
Los partidos de oposición votaron en general en contra de todos los proyectos de reforma judicial por considerar que el gobierno perseguía un único interés que era el de controlar el Poder Judicial y no que se trataba de un proyecto de democratización del sistema, como argumenta el oficialismo.
Cuando la presidenta Fernández lanzó el 9 de abril el paquete de seis leyes a enviar al parlamento expresó que la intención era «modernizar y transparentar el poder más importante del país, puesto que es el último lugar donde se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los 40 millones de argentinos».
Las otras leyes de esta reforma prevén la creación de nuevas cámaras de casación para aliviar las causas que llegan hasta la Corte Suprema, la regulación de las medidas cautelares, herramienta para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o causa pendiente, y la difusión de sentencias por Internet.
Las dos restantes son una que impone la obligación de presentar y publicar declaraciones juradas patrimoniales para los funcionarios del Poder Judicial y otra que dispone el ingreso de empleados al sistema solo por concurso de mérito y no por designación directa como hasta ahora.
Las propuestas del Poder Ejecutivo surgieron en paralelo al nacimiento de un movimiento de jueces, fiscales, abogados defensores, juristas y organizaciones de la sociedad civil que propugnan cambios en el sistema judicial también para hacerlo más transparente y democrático.
El denominado Movimiento de Justicia Legítima, a través de su presidenta, la jueza María Laura Garrigós, lamentó el fallo de la Corte Suprema, contrario a su recomendación de permitir el voto popular de consejeros.
“La Corte pudo haber liderado este proceso de cambio y perdió una oportunidad de oro para hacerlo”, declaró Garrigós. De todos modos, consideró que el debate sobre los cambios en el Poder Judicial se hizo carne en la sociedad y puntualizó que ya “no puede parar”.
Garrigós, presidenta de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, dijo a IPS que “hay que seguir procurando un Poder Judicial más transparente, democrático y abierto a la sociedad”, que permita “recuperar la mala imagen” que hoy se tiene de la justicia.
Para la jueza, “la política va a seguir buscando hasta encontrar una vía que permita conseguir una justicia más democrática”. “Esto es imparable”, advirtió.
En este sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, expresó sus críticas a la sentencia que ratificó un fallo de primera instancia. Mediante un comunicado, sostuvo que esta ley “progresista, lamentablemente no se podrá aplicar”.
Alak consideró que el fallo de los jueces “desconoce la voluntad popular” y opta por “el voto calificado”. Los jueces, abogados y académicos “seguirán votándose entre sí para acceder a cargos públicos”, concluyó.
“Aceptamos el fallo, pero no lo aprobamos”, apuntó.
