El cambio de la Constitución de Chile, heredada de la dictadura militar, crece como demanda de la sociedad civil organizada, que presiona para avanzar con urgencia hacia una Asamblea Constituyente y coloca el tema como centro de las elecciones de este año.
Esta ley fundamental “fue impuesta en un plebiscito fraudulento en 1980 y ha tenido una cantidad enorme de reformas que corrigieron algunos aspectos, pero que dejaron intacto el sello impuesto por un dictador”, explicó a IPS el sociólogo Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2007.
La Constitución del general Augusto Pinochet (1973-1990) fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980, exactamente siete años después del cruento golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).
Colaboradores de la dictadura han testimoniado que en aquel referendo hubo una cantidad notable de votantes que sufragaron “varias veces”, para garantizar el triunfo del “Sí”.
Su primera reforma se produjo en 1989, un año antes del inicio del actual ciclo democrático, y modificó 97 de sus entonces 120 artículos, aunque mayormente solo en aspectos formales.
Durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) se introdujeron cambios sustanciales, especialmente la eliminación de senadores vitalicios y designados, como el propio Pinochet, fallecido en diciembre de 2006. En total hubo 31 modificaciones y actualmente los artículos constitucionales son 131.
Pero la dictadura puso un candado a una nueva Constitución o a introducir cambios claves en ella y en varias leyes orgánicas, prácticamente imposibles sin un acuerdo político de dimensiones nunca alcanzadas desde 1990.
Una de estas llamadas “leyes de amarre” es el sistema electoral binominal que sostiene a dos grandes bloques de partidos: la centroizquierdista Concertación por la Democracia, que dirigió el país entre 1990 y 2010, y la gobernante y derechista Coalición por el Cambio.
Para los cargos colegiados cada integrante en el bloque presenta dos candidatos para cada distrito o circunscripción electoral y se suman los votos de cada agrupación para determinar los dos elegidos, lo que apuntala el bipartidismo e impide la emergencia de fuerzas independientes.
Garretón aseguró que esa fórmula “impide que la democracia y la gobernabilidad se afiancen”. Además, el sistema político “no consagra ningún mecanismo de participación de la ciudadanía y plantea la educación, la salud y otros elementos, no como derechos sino como bienes de consumo”, dijo el experto.
Desde 2011, la ciudadanía comenzó a demandar la eliminación de los candados autoritarios, primero con multitudinarias movilizaciones contra agresiones al ambiente y después con miles de estudiantes movilizados por una educación pública, gratuita y de calidad.
Este año, cuando el 17 de noviembre se realizarán elecciones presidenciales y parlamentarias, las movilizaciones se mantienen, enfocadas en colocar las demandas de la sociedad en la agenda de los candidatos a suceder al derechista Enrique Piñera.
El cambio de la Constitución es transversal en todos los planteamientos.
El 4 de este mes, 161 personalidades del mundo intelectual, académico, social y sindical, cultural y político del país hicieron público un Manifiesto Plebiscito para una Nueva Constitución.
“Lo que se pide es que se devuelva al país, a la ciudadanía, al pueblo, que es el soberano, su posibilidad de decidir qué tipo de Constitución quiere tener”, explicó Garretón, uno de los firmantes.
“No me parece que haya una fórmula mejor que la Asamblea Constituyente” para cambiar la ley fundamental chilena, añadió el sociólogo. “Hay que relegitimar la política, y la mejor manera de hacerlo es a través de un proceso constituyente, en el cual la gente participa y se siente involucrada”, argumentó.
Recordó que en Brasil se realizó una Asamblea Constituyente en 1988 y generó “el tipo de proceso que hoy día es considerado el modelo para América Latina y para muchos países del mundo”.
La Constitución solo permite celebrar un plebiscito si lo respaldan dos tercios de los votos del parlamento bicameral. Esa sería la vía para preguntar a la ciudanía si se amplían los alcances legales de los referendos y, en caso afirmativo, si aprueba que una Asamblea Constituyente redacte un nuevo texto.
Garretón aseguró que, si la ciudadanía presiona abierta y concretamente a favor de ese plebiscito, los políticos no podrán negarse.
En ese escenario, nació la campaña “Marca tu voto AC”, que impulsan dirigentes y líderes políticos y sociales y convoca a participar en las elecciones y marcar el voto con la sigla AC, con el objetivo de tener un recuento extraoficial del porcentaje de electores que marcan esa opción.
“La Constitución del 80 no es el traje que Chile necesita, más allá de cómo fue hecha. Estamos convencidos de que el país está preparado para una Asamblea Constituyente”, afirmó a IPS la actriz y activista de la campaña Javiera Parada.
La iniciativa pretende “mostrarles a las cúpulas políticas que hoy día la sociedad civil en su conjunto o en una gran mayoría, está dispuesta cambiar la Constitución”, explicó.
“La humanidad hace muchos años estableció que los pueblos tienen el derecho de autodeterminarse y autoorganizarse, no es algo que hayamos inventado nosotros”, añadió.
Los detractores del proceso constituyente citan a Bolivia y Venezuela como “malos ejemplos” del proceso de cambios de la Constitución protagonizado por América Latina. Pero Garretón aseguró que “nunca en la historia política boliviana hubo mayor estabilidad que después de la Asamblea Constituyente”, que culminó en 2009.
La presión por una nueva Constitución ha forzado a los aspirantes presidenciales a pronunciarse sobre la demanda, comenzando por la exmandataria socialista Michelle Bachelet (2006-2010), la favorita para ganar los comicios del 17 noviembre, según los sondeos.
Bachelet, quien participará en las primarias de la Concertación del 30 de junio, adelantó su intención de cambiar la Constitución, pero sin precisar qué mecanismo utilizaría.
Para reafirmar su intención incluyó en su comando electoral al abogado constitucionalista Fernando Atria, uno de los mayores impulsores del cambio de la ley fundamental.
En la otra vereda, Pablo Longueira, precandidato presidencial de la derechista Unión Demócrata Independiente, aseguró que una convocatoria constituyente generaría “incertidumbre, inestabilidad y dudas”, principalmente a los inversionistas.
Incluso más allá llegó el abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce, abierto pinochetista, quien vaticinó que Chile se aproxima a la tercera anarquía de su historia y que la Asamblea Constituyente “sería un paso en esa dirección”.
