Radio Totopo nació el 16 de febrero de 2006 en el barrio de Pescadores, el más antiguo y marginado del municipio de Juchitán, en el sureño estado mexicano de Oaxaca. Pero en la actualidad sigue clausurada por las autoridades, mientras el proyecto de ley de telecomunicaciones continúa su trámite.
Los habitantes de La Séptima, como se conoce popularmente el barrio, dicen que la emisora es de todo el pueblo. Totopo, que como la mayoría de las radios comunitarias y comerciales en México carece de permiso oficial, transmite 90 por ciento de su programación en diidxazá, la lengua de los indios zapotecos.
En los últimos años, Radio Totopo acompañó a campesinos y pescadores binnizá, como se llaman a sí mismos los zapotecos de la región, en la resistencia a la instalación de un parque eólico por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa en terrenos comunales del Istmo de Tehuantepec.
La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denunció que el proyecto fue presentado con engaños a los campesinos y algunos, al no hablar español y no tener traducción, firmaron los contratos de arrendamiento de sus parcelas en total desventaja y violentando el derecho de los pueblos originarios a la información y a la consulta.
Totopo realizó por seis meses la traducción de los contratos al idioma zapoteco, los transmitió e implementó campañas sobre el proyecto hasta el 26 de marzo, cuando policías estatales desmontaron la emisora, quitaron los cables de luz y de audio y se llevaron su transmisor y una computadora, en el marco de una acción de desalojo del predio en disputa.
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El coordinador de la radio, Carlos Sánchez, sufrió fractura de un brazo durante el operativo y ahora permanece oculto ante la posibilidad de ser detenido, como lo fue por varios días Mariano López Gómez, dirigente del movimiento opositor de los parques eólicos, al que acusaron de extorsión a funcionarios.
Todo eso ocurrió mientras en el Congreso legislativo nacional se discute una compleja iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, comprometida por el presidente Enrique Peña Nieto en el multipartidario Pacto por México, que responde a añejos reclamos de grupos de la sociedad civil que pugnan por el derecho a la información.
"La iniciativa recoge muchas demandas que como sociedad hemos tenido durante tres décadas, por lo que gran parte de su contenido no es un mérito cupular sino producto del estudio de especialistas y de la movilización social", destacó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) luego de presentarse el 11 de marzo en el parlamento.
Entre otros temas, la organización no gubernamental destaca el reconocimiento constitucional de las radios, que tendrán "concesiones sociales" y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la libertad de expresión por todas las plataformas existentes.
"El reconocimiento constitucional es muy importante, no es menor. Si no se nombran es como si no existieran, por eso nuestra pelea por ser reconocidas por ley porque dicen que somos ilegales", explicó a IPS la abogada Gisela Martínez, del capítulo mexicano de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).
Martínez, empero, apuntó también que el proyecto de ley de telecomunicaciones es apenas la primera piedra de un edificio en construcción, para hacer real el derecho de los pueblos a tener sus medios de difusión.
El Senado tiene hasta este martes 30, cuando finalizará el periodo anual de sesiones, para realizar las modificaciones que planteó la Cámara de Diputados a la iniciativa y pasarla así a los 32 parlamentos estaduales, ya que al tratarse de una reforma de la Constitución debe ser aprobada por al menos 17 de ellos.
En caso de no conseguirse esa aprobación, tendrá que abrirse un periodo parlamentario extraordinario o el proyecto de ley quedará en un impasse hasta septiembre, cuando se reanuden las sesiones formales.
En todo caso, "la batalla madre será con las leyes reglamentarias", dijo Martínez, pues ya hay un mal antecedente con las radios indígenas.
"En 2006, una modificación constitucional permitió a las comunidades indígenas tener sus propias radios, pero siete años después aún no hay una ley reglamentaria que permita que los pueblos puedan acceder a ese derecho", indicó.
Para Amarc, la lucha que viene si finalmente se aprueba la ley será conseguir que las radios no tengan restricciones de potencia, que puedan tener acceso a la publicidad, que no estén confinadas a un sector geográfico y que se reserve el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para las emisoras comunitarias e indígenas.
Otros temas importantes serán la transparencia en la expedición de refrendos y nuevos permisos de transmisión, así como la definición de mecanismos efectivos que garanticen la subsistencia económica de las radios, sin poner en riesgo su autonomía e independencia.
Pero no todos son tan optimistas. En Oaxaca y muchos otros lugares del país, las radios populares han sido un elemento fundamental en las luchas de los territorios y cultura frente a grandes proyectos de desarrollo.
"A nosotros esa ley no nos sirve de nada", aseveró a IPS vía telefónica Óscar Ledima Santiago, otro de los coordinadores de Radio Totopo.
"Toda esa discusión es una mentira porque las radios estamos siendo reprimidas por defender los derechos de los pueblos, y para cuando terminen de hacer los reglamentos ya no va a haber tierra por la cual luchar", señaló.
Radio Totopo lleva ya cuatro semanas sin transmitir y el equipo que le confiscaron está valuado en poco más de 5.000 dólares. Los pobladores han realizado bloqueos carreteros y tienen barricadas alrededor de la zona en la que se pretende construir el parque eólico.
Y no es el único caso. Otros dos periodistas de Radio Voces de los Pueblos fueron retenidos varias horas junto con dos colegas del diario nacional La Jornada el 21 de marzo. Días después fue Filiberto Vicente, de Radio Xadani, quien denunció haber recibido amenazas de muerte y, por último, Radio Huave, pionera de las comunitarias en el Istmo, sufrió el robo de su equipo de transmisión.
En todos los casos se trata de emisoras que han apoyado la resistencia de los pueblos aborígenes a la construcción de megaproyectos energéticos o mineros.
"Exigimos una investigación a fondo de estas agresiones y castigo para los funcionarios y empresarios ligados a la violación de nuestro derecho a la información", advirtió en un comunicado la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
