La detención de la líder magisterial y operadora política mexicana Elba Esther Gordillo muestra el peor rostro de un sindicalismo que creció en alianzas corruptas con partidos y Estado. Pero las organizaciones de trabajadores de hoy enfrentan otros desafíos en América Latina.
"Las prácticas democráticas no vendrán del gobierno. Hay un panorama bastante espeso en el ámbito laboral. El nuevo gobierno ha avanzado aceleradamente con las reformas, que amenazan al trabajo" mismo, advirtió Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, ante la consulta de IPS.
En México entró en vigor esta semana una reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que contiene la evaluación del personal docente, la eliminación de las plazas hereditarias y un censo de escuelas y maestras.
Precisamente a este ámbito se dirigen las miradas por la investigación judicial que llevó, por orden de la Procuraduría (fiscalía) General de la República, a la detención de Gordillo el martes 26 de febrero, por cargos de evasión fiscal, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Gordillo, dirigente desde los años 70 y máxima líder desde 1988 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se opone a la reforma, es acusada del desvío de unos 200 millones de dólares de las cuotas de 1,6 millones de afiliados, que hacen a esta organización la mayor de su tipo en América Latina.
[related_articles]
La "maestra", como se la conoce, fue senadora y diputada y, entre 2002 y 2005, secretaria general del PRI, que gobernó México casi todo el siglo XX y acaba de retornar al poder. Tras su expulsión de esa fuerza política, apoyó e hizo pactos con el Partido de Acción Nacional (PAN), en cuyas manos estuvo el Poder Ejecutivo entre 2000 y 2012.
Con Gordillo, Peña Nieto repite golpes de otros mandatarios, como Carlos Salinas (1988-1994), también del PRI, quien impulsó en 1989 una investigación judicial contra el dirigente petrolero Joaquín "La Quina" Hernández, al parecer por no apoyarlo en una puja partidaria interna.
Hernández fue condenado a más de 30 años de prisión por asesinato, contrabando y acopio de armas y evasión fiscal. Pero el gobierno lo amnistió en 1997. Salinas desplazó, además, al líder magisterial Carlos Jonguitud por una huelga de educadores y lo sustituyó por Gordillo.
Pero al margen de estos desplazamientos forzados, el recambio de dirigentes en el movimiento sindical mexicano es generalmente cosmético con el ascenso de dirigentes del mismo sector enquistado en la estructura tradicional creada por el PRI.
Desde 2009, el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene activos al menos cinco casos de México sobre libertad sindical y contratos colectivos de protección patronal.
Este país aún no ratifica el Convenio 98 sobre contratación colectiva de la OIT.
El sindicalismo en Colombia afronta un tipo muy distinto de problemas. Ese país ostenta el nefasto título de campeón mundial de dirigentes asesinados y la menor tasa de afiliación de América del Sur, al bajar de 9,3 por ciento de los empleados en actividad en 1984 a 4,2 por ciento en 2009.
El principal vicio es el divisionismo. Existen distintas centrales y sindicatos acusados de seguir los lineamientos empresariales y otros de tendencia izquierdista.
Es un movimiento débil, ante lo cual "la patronal puede implantar más fácilmente sus modelos neoliberales", dijo a IPS el exdecano de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad Nacional de Colombia, Ricardo Sánchez.
En ese marco contradictorio, el sector más perseguido es el magisterial, por su formación académica e influencia en las comunidades. Le siguen los trabajadores y trabajadoras del banano, del cemento, del ramo alimentos y bebidas, de la salud pública, de la palma aceitera y del petróleo.
En los últimos 26 años Colombia tiene un promedio anual de 115 asesinatos de sindicalistas, sobre todo a manos de militares, policías, la inteligencia civil, paramilitares de ultraderecha aliados de las fuerzas gubernamentales y la Fiscalía General de la Nación, según el estudio "Reconocer el pasado, construir el futuro: Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984-2011", publicado en 2012 con auspicio de Naciones Unidas.
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, que entró en vigor el año pasado, contiene un plan de acción para derechos laborales, incumplido según la no gubernamental Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus siglas inglesas), que dirigió el 25 de febrero una carta al gobierno colombiano.
"La situación del sindicalismo sigue grave. Aunque hubo una importante baja en el número de sindicalistas muertos en los últimos años, ser militante laboral sigue siendo una ocupación muy peligrosa. Las amenazas contra líderes han aumentado en el último año. Ningún caso ha llegado jamás a una condena", denunció ante IPS Adam Isacson, de WOLA.
"Y ahora vemos que algunos de los compromisos del Plan de Acción están siendo incumplidos, especialmente los que tienen que ver con la disolución de cooperativas y las inspecciones", explicó. En Brasil, los dos mayores problemas del sindicalismo, en el que prevalecen corrientes izquierdistas, son "la baja representatividad y la excesiva fragmentación", según José Dari Krein, director del Centro de Estudios Sindicales y Economía del Trabajo de la estatal Universidad de Campinas.
La legislación brasileña estipula un impuesto anual equivalente a un día de trabajo a todos los empleados para financiar los sindicatos. Es "un cuchillo de dos filos", pues asegura autonomía financiera y legal ante las empresas, pero "genera vicios, como la larga permanencia en los cargos de dirección" y baja representatividad, estima Dari.
Las organizaciones brasileñas, que "entraron en crisis" en los años 90 debido al alto desempleo y a la represión gubernamental, se vienen recuperando, favorecidas por el dinamismo actual del mercado laboral, según Dari.
"El año pasado se registraron muchas huelgas" y la conflictividad irá en aumento en la medida en que la industria enlentezca su producción.
En Argentina, el sindicalismo aparece más fragmentado por su ubicación ante el gobierno del Frente para la Victoria, sector centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista).
La Confederación General del Trabajo (CGT), que en los años 40 se constituyó en pieza fundamental del engranaje peronista, vivió en 2011 una nueva división ante otro gobierno de ese origen.
El sector de la CGT liderado por el camionero peronista Hugo Moyano se distanció el año pasado del gobierno que había apoyado desde 2003.
La otra facción de la CGT, encabezada por el metalúrgico Antonio Caló, aparece hoy más cercana al gobierno.
En los años 90 surgió en ese país una segunda agrupación de tercer grado, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que se hizo fuerte en su resistencia al proceso de venta de las empresas públicas llevado a cabo por el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
De tendencia centroizquierdista y ajena al peronismo, la conformaron sindicatos de maestras, empleados públicos, judiciales y otros, disidentes de la CGT, así como agrupaciones de jubilados, de desempleados y de sectores ignorados por el sindicalismo tradicional.
También la CTA se fracturó en 2010 ante el dilema de cómo reaccionar ante un gobierno con similitudes ideológicas.
Por estas y otras razones, el divisionismo parece ser uno de los peores virus del movimiento sindical latinoamericano.
*Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires), Constanza Vieira (Bogotá) y Mario Osava (Río de Janeiro)
