La prevalencia de obesidad e hipertensión en la población más vulnerable es un factor que acentúa la desigualdad en Chile, por lo que se requieren políticas públicas que apunten a la prevención y la mitigación de los altos costos de una alimentación sana.La última Encuesta Nacional de Salud, realizada en 2012, estableció que 8,9 millones de personas padecen exceso de peso u obesidad en Chile, lo que equivale a 67 por ciento de su población.
Las cifras advierten que actualmente existen 2,1 millones de obesos más que en 2003, cuando se efectuó la anterior investigación. En el caso de la obesidad mórbida, esta aumentó algo más de 100 por ciento y ahora afecta a 300.000 personas.
La encuesta detalla que la obesidad afecta a 35,5 por ciento de la población que vive por debajo de la línea de pobreza, a 24,7 por ciento de la clase media y a 18,5 por ciento de los más ricos.
Los índices chilenos están, en cualquier forma, en línea con los resultados de un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que advirtió en 2012 que la prevalencia de obesidad casi se duplicó en el planeta entre 1980 y 2008.
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América Latina lidera ese incremento y Chile aparece como el tercer país con más obesos en la región, después de Argentina y Venezuela. También es el país con más hipertensos varones de América del Sur.
Para Juan Carlos Prieto, cardiólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, las cifras no son novedad y reflejan un aspecto complejo de la desigualdad social.
«Chile también tiene un récord en el consumo de hidratos de carbono, principalmente de harinas refinadas, como el pan», afirmó a IPS.
«Si uno hace una encuesta rápida, especialmente en personas de bajos ingresos, la alimentación fundamental es el pan y una persona puede llegar a consumir de seis a ocho unidades diarias, lo que significa estar consumiendo la misma cantidad de gramos de sal al día», explicó.
A su juicio, ahí radica el centro del problema. «Una dieta rica en sal más la obesidad que va a producir la ingesta de hidratos de carbono aumentada y sus calorías consecuentes, van a explicar el factor ambiental del nivel de hipertensión arterial que existe en Chile», precisó.
Prieto, profesor asociado del Programa de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, recordó que la prevalencia de hipertensión y de obesidad es mayor en personas de bajos ingresos «y es bastante significativa la diferencia» con los otros sectores de la población.
El problema, dijo, es el alto precio que las frutas y las verduras, esenciales para una dieta saludable, han alcanzado en Chile en los últimos 10 años.
Por ejemplo, un kilo de manzanas pasó de costar 0,2 centavos de dólar a 1,5 dólares si se compra en un mercado. En el caso de adquirirla en un supermercado, el precio es aún mayor.
Esto se traduce en que los chilenos consumen en promedio 86 kilos anuales de pan, un monto preocupante para los especialistas.
«La gente de bajos ingresos recurre a lo más barato, como tallarines (pastas) o pan, cosas que satisfacen más rápidamente y son de bajo costo», afirmó Prieto.
Esta realidad, sumada al sedentarismo y a los altos niveles de estrés de la población, llevó al gobierno de Sebastián Piñera a implementar el programa Elige Vivir Sano, que apunta a cambiar los hábitos de alimentación y a fomentar el deporte entre los chilenos.
Cuando Piñera llegó a la Presidencia, en marzo de 2010, «más de 88 por ciento de la población hacía menos de 20 minutos de ejercicios tres veces por semana», relató a IPS la directora de la iniciativa gubernamental, Pauline Kantor.
Añadió que se trata de un problema social, pues afecta principalmente a los sectores más vulnerables.
«Chile es un país que está enfermo y, si no nos preocupamos hoy, en 10 años más vamos a estar con el agua hasta el cuello en materia de enfermedades cardiovasculares y diabetes, y tendremos un gasto en salud difícil de sostener», advirtió.
El programa Elige Vivir Sano, encabezado por la esposa de Piñera, Cecilia Morel, forma parte de políticas públicas adelantadas en forma combinada por varios organismos.
El Ministerio de Educación decidió, por ejemplo, el aumento de dos a cuatro las horas semanales de educación física en las escuelas, mientras que la cartera de Salud extendió hasta la adolescencia el tradicional programa infantil de Control Sano, para que en los consultorios se deriven a nutricionistas a los menores con sobrepeso.
Otra novedad es la instalación de aparatos de ejercicios en plazas públicas, que pasan a llamarse «plazas activas». Ya las hay en 172 de los 346 municipios del país.
«No pedimos que la gente contrate un plan en un gimnasio, simplemente se trata de aprender rutinas de ejercicios que pueden desarrollar en sus casas o en las plazas cercanas», explicó Kantor. La campaña incluye publicidad televisiva y radial, donde se invita a las mujeres que atienden sus hogares a ejercitarse con un kilo de arroz o de frijoles, como ejemplo para facilitar la rutina en los hogares.
Kantor precisó que, si bien los cambios de fondo se verán en 10 años, ya existen algunos avances. «La última encuesta de actividad física y deporte arrojó que 500.000 chilenos dejaron de ser sedentarios, un logro importante», celebró.
Además, «40 por ciento de las personas que contactaron con Elige Vivir Sano declararon que habían cambiado un hábito».
Ahora se quiere transformar el programa en ley. El proyecto, que llegará pronto al Congreso legislativo, incluye la creación de una secretaría ejecutiva, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que coordinará los programas de los distintos ministerios. La iniciativa busca «darle la prioridad que necesita Chile en este cambio de hábitos», afirmó Kantor.
Para el cardiólogo Prieto, la iniciativa es «interesante», pero lo fundamental es que existan posibilidades concretas de provocar un cambio.
«En el tema de la alimentación, insisto, se invita a comer cinco frutas al día, pero hay que evaluar cuál es el costo comparado con un plato de tallarines para una familia que gana el sueldo mínimo», que en Chile no supera los 400 dólares mensuales.
«Hay que evaluar si depende exclusivamente de las personas o el Estado tiene que hacer una acción para que esto se concrete, por ejemplo, en el acceso a recursos para la población vulnerable, que es precisamente la de menores recursos», concluyó.
