A pesar de los avances de América Latina en materia de legislación contra el hábito de fumar, la industria tabacalera elude restricciones a la publicidad mediante variadas estrategias, alertan organizaciones sociales y especialistas en la materia.
Con la publicidad prohibida en todos los países, las campañas se dirigen ahora a los puntos de venta, donde se busca aumentar la visibilidad de los productos, y a financiar programas de responsabilidad social, que ayudan a mantener la vigencia de las marcas, asociadas a causas altruistas.
Así se desprende del informe "La salud no se negocia. La sociedad civil frente a las estrategias de la industria tabacalera en América Latina", elaborado por los capítulos argentino y mexicano de la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) y la Alianza Contra el Tabaquismo en Brasil, entre otras entidades.
Mariela Alderete, vicedirectora de la FIC Argentina, explicó a IPS que en este país la industria aprovecha la hendija que deja la falta de reglamentación de la ley de control del tabaco aprobada en 2011.
"El reglamento ayudaría mucho a cubrir vacíos legales, por ejemplo en publicidad o en áreas libres de humo", detalló.
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Argentina es el único país de América del Sur que no ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, firmado por el gobierno en 2003, debido a la oposición de provincias tabacaleras que argumentan que esas normas atentan contra las economías locales, pese a que 80 por ciento del cultivo se exporta.
El reporte de FIC y la Alianza sostiene que en los últimos años hubo "grandes avances" en la región para controlar el hábito de fumar. "No obstante, la industria despliega estrategias innovadoras para alcanzar nuevos públicos y violar o eludir políticas de salud" que procuran prevenir enfermedades y muertes causadas por el tabaquismo.
Las estrategias se repiten casi calcadas en algunos casos, con iguales argumentos, rebatidos una y otra vez por las entidades sanitarias que promueven el control. El objetivo es evitar la sanción de leyes o debilitarlas una vez que salen, denuncia el estudio publicado a fines del año pasado, pero casi ignorado por los medios de comunicación. Según el informe, las empresas presionan contra las normas amparándose en "grupos de fachada" que pueden ser pequeños productores de tabaco, propietarios de bares, restaurantes, salas de juego o kioscos, con el objetivo de resaltar los supuestos impactos negativos que tendrían las limitaciones para fumar.
También condicionan a dirigentes políticos y legisladores mediante financiación de campañas electorales o de otras iniciativas, y manipulan datos para poner en cuestión medidas que son eficaces para combatir esta adicción como, el incremento de los tributos sobre el producto.
La ley argentina prohibió la publicidad con la excepción de los puntos de venta. El Ministerio de Salud resolvió el año pasado, además, que los paquetes de cigarrillos contuvieran un pictograma con advertencias sanitarias del tipo "Fumar causa cáncer" o "La mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo", entre otros.
Pero según Alderete, para banalizar la advertencia se fabrican cigarreras con un recorte que solo permite que se vea la marca y, del lado en que debería verse el pictograma, llevan un cartel que dice "No me jodas".
La reglamentación está frenada, entre otras causas, por la oposición de Lotería Nacional, el organismo estatal encargado de administrar las salas de juego, que reclama la habilitación de lugares para fumadores y que se valide la instalación de purificadores y sistemas de ventilación.
"Esa propuesta es la que hace la industria tabacalera en su programa Convivencia y Armonía, pero se sabe que esos sistemas son inefectivos y afectan el derecho a la salud de los trabajadores y de los no fumadores. Es decir que la industria se vale de Lotería Nacional como fachada", denunció Alderete.
En México, las empresas buscaron desacreditar los intentos de subir impuestos que tengan impacto en el precio final, argumentando que con esa medida lo único que se lograba era aumentar el contrabando. Los ejecutivos del sector utilizaron incluso datos contradictorios con la información oficial.
Mientras que las firmas difundían en medios de comunicación y en campañas callejeras que el comercio ilegal se había quintuplicado, cifras oficiales citadas en el informe indican que el contrabando se redujo "significativamente" en los últimos años.
Sin embargo, en los últimos años crecieron sin control los expendios de cigarrillos en los que se venden sueltos y a niños y niñas, pese a que la ley lo prohíbe expresamente, dijo a IPS el experto Erick Ochoa, de FIC México.
"De nada sirve ratificar el Convenio Marco y contar con una legislación sólida si después no se cumple con ambos instrumentos en los hechos", remarcó Ochoa. "Las buenas intenciones no bastan, se requiere voluntad de una dirigencia política dispuesta a diseñar una normatividad sólida y que se cumpla", indicó.
En tanto en Brasil, pionero en vedar la publicidad (desde 2000), también hay interferencias. Como la prohibición no alcanza al interior de los puntos de venta, los cigarrillos, que antes se adquirían solo en kioscos, ahora se comercializan también en panaderías, supermercados, puestos de diarios o discotecas.
Según el informe "La salud no se .", la filial de la empresa transnacional BAT presentó en 2012 una demanda judicial contra la Alianza de Control del Tabaquismo, para que la entidad retirara de la televisión un spot que llamaba a limitar el consumo de cigarrillos. La justicia rechazó la demanda.
El litigio también fue el camino elegido por la industria en Uruguay, donde por ley se prohíbe fumar en todos los lugares públicos bajo techo y que desde 2009 aprobó por decreto la exigencia de pictogramas de advertencia de enfermedades en 80 por ciento del espacio de cada cara del paquete de cigarrillos.
La firma transnacional estadounidense Philip Morris demandó a Uruguay ante tribunales internacionales por la presunta afectación de inversiones, pero el gobierno del izquierdista Frente Amplio mantuvo la misma postura que impulsó la norma en 2008.
En Colombia, donde la prohibición de publicidad es completa, se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad que fueron rechazadas. Luego se avanzó sobre los comercios, ofreciendo el patrocinio de actividades de la Federación Nacional de Comerciantes, con encuentros en todo el país.
Las empresas tabacaleras financian los encuentros de kiosqueros y organizan concursos, descuentos, premios e incentivos para el sector. "Hasta ofrecen becas para la universidad a los hijos de los comerciantes", dijo Alderete.
Pero mayor inquietud provoca a las organizaciones no gubernamentales la promoción de programas contra el trabajo infantil, actos artísticos y culturales, o proyectos de reinserción de desmovilizados (exmiembros de organizaciones armadas ilegales de izquierda y de derecha) y sus familias, que suelen tener como socios a organismos del Estado que comparten esos fines.
Así, es posible encontrar en diarios artículos con títulos tales como "Programas sociales de la firma Coltabaco han beneficiado a 13.500 desmovilizados desde 2008".
"Es una burla a la prohibición completa y no es percibido como estrategia publicitaria", denuncia el informe.
