Preocupado por la salud bucal de la niñez en el sureño estado mexicano de Oaxaca, Édgar Martínez decidió en 2006 crear Biodent, un empresa de perfil social que administra dos clínicas y ha atendido desde entonces a unos 12.000 menores con campañas educativas y consultas dentales.
"En México, seis de cada 10 niños y niñas de seis años tienen caries, mientras que en los adultos el problema afecta a 80 por ciento. Por eso fue que implementamos el programa de educación en salud dental sobre higiene y cepillado", explicó Martínez.
"Era un proyecto ambicioso, un salto sin red de protección", contó a IPS este administrador de empresas, de 33 años.
Para cubrir el territorio oaxaqueño y atender a 38.000 niños y niñas con 11 nuevas clínicas, Martínez necesita reunir casi un millón de dólares. "El proyecto ya es sostenible, y podremos abarcar todo el perímetro del estado en un plazo de 12 a 24 meses", explicó.
Biodent es una muestra de lo que realizan en varios países de América Latina este tipo de empresas médicas y de otro tipo de acción social de pequeña y mediana escala, pese a las múltiples barreras que se les ponen para acceder al abundante financiamiento internacional existente para la salud.
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Son organizaciones de considerable peso en creación de empleo, generación de ingresos y cobertura de asuntos socioambientales, que padecen obstáculos legales, financieros y comerciales.
Ese análisis predominó en las tres jornadas del Tercer Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, que finalizó este viernes 22 en Mérida, ubicada 1.325 kilómetros al sudeste de la Ciudad de México, a donde concurrieron docenas de representantes de empresas sociales y de inversionistas de América Latina.
"Las necesidades financieras de las empresas no se adaptan a los productos de los inversionistas, quienes no conocen muchas veces el mercado", dijo a IPS el mexicano Alejandro Morales, consultor de la no gubernamental Alianza Financiera para el Comercio Sostenible (FAST, por sus siglas inglesas).
"Las pequeñas y medianas empresas no saben pedir crédito, y por sí solas no tienen capacidad de acceder a los mercados", explicó.
Con sede en Canadá, FAST capacita a los emprendedores en cuestiones organizativas y productivas y los vincula con aportadores de capital internacionales. Hasta el presente ha canalizado globalmente 22 millones de dólares a 30 empresas del sector forestal, el cafetalero y el apícola.
La inversión de impacto es hecha por compañías, organizaciones y fondos con la intención de generar efectos sociales y ambientales medibles con un retorno financiero, según The Global Impact Investing Network (Red Global de Inversión de Impacto), con sede en Nueva York.
Los emprendedores latinoamericanos quieren empréstitos de largo plazo, con un nivel de deuda bajo frente al capital productivo, tasas de interés favorables y lineamientos para escudriñar en la vasta red de abastecedores de dinero.
A pesar de las dificultades y el entorno internacional adverso derivado de la crisis financiera iniciada en Estados Unidos en 2008, la región latinoamericana es atractiva para la inversión de impacto. Los créditos oscilan entre los 100.000 y los dos millones de dólares, según los especialistas.
Ese flujo alcanzó globalmente el año pasado 23.000 millones de dólares aportados por 90 inversionistas y de los cuales 8.000 millones se destinaron a la región, según cifras de GIIN. Sus proyecciones para 2013 son del orden de los 9.000 millones.
Esos indicadores apuntan que 47 fondos internacionales empezaron a invertir en América Latina en los últimos años.
"Hay mucho interés en la región. Pero hemos hallado retos como el acceso a financiamiento y a mercados, el desarrollo de capital humano y un ambiente adecuado", advirtió a IPS la especialista Jenny Everett, directora asociada de la no gubernamental Red Aspen para el Desarrollo de Emprendedores (ANDE por sus siglas inglesas), creada por el Aspen Institute.
En una investigación próxima a concluir, Everett halló que 22 fondos se nutren de fuentes locales. También indica que 80 por ciento de las 54 instituciones asesoras de organizaciones de este tipo encuestadas para esta investigación respondieron que dependen de apoyos filantrópicos.
En México, la red identificó ya a 166 organizaciones involucradas en la inversión de impacto, entre financistas, emprendedores, universidades y compañías, de modo que puedan interrelacionarse.
"Tienen que ser no solamente productores de consumo, sino también cambiar la infraestructura y la economía para dar más oportunidad a la gente y bajar la inequidad", declaró IPS la ejecutiva Morgan Simon, cofundadora y directora general de la red inversora Toniic, fundada en 2010.
Toniic ha dirigido 11,3 millones de dólares en 27 proyectos de educación, salud y agricultura en naciones como México, Colombia, Chile, Kenia y Liberia. En su portafolio hay 47 financistas interesados en colocar 100 millones de dólares en iniciativas.
El esquema es el siguiente: el financista interesado paga una cuota de ingreso anual de unos 1.000 dólares y se compromete a desembolsar dos inversiones al año de entre 20.000 y 25.000 dólares. La recuperación del capital ocurre entre tres y siete años.
En Colombia, el fondo Toniic aporta capital por más de tres millones de dólares para dos proyectos, uno ecoturístico y otro de recolección de electrónicos para reciclaje que emplea a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad. Entre ambos dan trabajo a unas 130 personas. También analiza dos iniciativas de construcción y salud materno-infantil, con unos cinco millones de dólares.
"Nuestro principal objetivo es demostrar que somos un vehículo con el cual se hacen negocios sostenibles y rentables, garantizando la inclusión social y la sostenibilidad del impacto socioambiental", enfatizó el colombiano Eduardo Riaño, director de la organización instituida en 2011 y quien se puso como meta llegar a 21 millones de dólares de inversión.
Como solución, "se puede extender la certificación de productos orgánicos, porque no todas las organizaciones pueden hacerlo, y que las grandes compañías desarrollen un programa de proveedores para que los productores tengan asistencia técnica y se fortalezca la relación comercial", propuso Morales.
FAST planifica organizar tres ferias comerciales este año, la próxima de las cuales será en marzo en Guatemala.
"Una de las cosas importantes es que con inversiones como estas hay formas para que los proyectos sean controlados por las organizaciones. Es un potencial que debemos aprovechar", indicó Simon.
