Brasil ha hecho de las grandes obras de infraestructura un camino propio para la expansión internacional de su economía y de su influencia, con fuerte incidencia en el desarrollo de países pequeños, pero con riesgos también.
En Angola, donde más sobresale el papel de las constructoras brasileñas, existen los riesgos económicos de un país joven, dependiente de exportaciones petroleras y con alta corrupción, en un ambiente sin fronteras entre intereses públicos y privados.
La Compañía de Bioenergía de Angola (Biocom) es un ejemplo. Para el proyecto, destinado a atender el consumo nacional de azúcar, etanol y electricidad y que manejará 32.000 hectáreas de caña, el grupo brasileño Odebrecht se asoció con Sonangol, la estatal petrolera angolana, y con la empresa Damer.
Damer fue creada en vísperas de la constitución de Biocom, en 2007, por el entonces presidente de Sonangol, Manuel Domingos Vicente, y dos generales, Manuel Helder Vieira Dias, Jefe de la Casa Militar de la Presidencia, y Leopoldino Fragoso, su principal consejero.
Vicente, ahora vicepresidente del país, tiene con esos generales inversiones en diversos sectores, del petrolero al inmobiliario. Son los ejemplos más visibles de la incubadora de empresarios emanada del Estado y la consecuente creación de una «burguesía nacional».
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En Angola casi todo depende del gobierno. La tierra es propiedad del Estado y cualquier emprendimiento empieza por una concesión oficial del terreno o local. Sonangol es socia de un sinnúmero de empresas, donde invierte sus abultados ingresos petroleros.
Nepotismo y favoritismo son evidentes, pero la sociedad, escasamente organizada, reacciona poco. «Incluso Dios, al buscar un salvador de la humanidad, eligió a su propio hijo», justifica un chiste popular a las fortunas de gobernantes, militares y sus familiares.
El periodista Rafael Marques de Moraes, líder de un grupo anticorrupción, publica denuncias graves en el sitio www.makaangola.org, muchas documentadas, pero hasta ahora sin provocar escándalos demoledores, como sucedería en otros países.
En ese cuadro movedizo se inserta Odebrecht, con relaciones privilegiadas con el gobierno por ejecutar obras estratégicas, muy demandadas por la población, en electricidad, agua, o viabilidad. Con 28 años en el país, es además un gran inversor, en los sectores más variados y con ganancias multimillonarias, cuyo monto no es público.
El presidente del Consejo de Administración del conglomerado brasileño de construcción y otros negocios, Emilio Odebrecht, visita Luanda cada año para reuniones con José Eduardo dos Santos, presidente angolano desde 1979.
El grupo multiplicó su visibilidad por operar la red de supermercados Nosso Super, presente en todas las provincias, el Belas Shopping, joya comercial de Luanda, y participar en la reestructuración de la capital, con reformas de barrios hacinados, abertura de avenidas y saneamiento básico.
Su peso en la construcción se multiplica por la disposición de emplear y capacitar mano de obra local. Es su estrategia en los cuatro continentes en que opera, pero adquiere mayor relevancia en Angola, donde la escasez de trabajadores calificados traba el desarrollo pese al auge petrolero.
Odebrecht es actualmente la mayor empleadora privada del país, con unos 20.000 empleados directos, 93 por ciento angolanos.
La central hidroeléctrica de Capanda, su primera obra en el país, «fue la escuela de una élite» de técnicos, ahora en importantes cargos en el gobierno y empresas, dijo Justino Amaro, el primer angoleño que ascendió a gerente en la dirección central de Odebrecht Angola.
El ahora responsable de Relaciones Institucionales casi abandonó la empresa, cuando llegó a la selva de Capanda, donde aceptó trabajar en 1989, abandonando las comodidades de Luanda y asumiendo los peligros de la larga guerra civil (1975-2002), que interrumpió varias veces la construcción y la prolongó por 17 años.
Su jefe lo convenció de quedarse por las posibilidades de ascenso en la empresa. Pudo seguir sus estudios de economía a distancia y hacer cursos en Brasil, en una respaldada dedicación que impulsó su carrera.
La capacitación de trabajadores es esencial en los proyectos de Odebrecht, y hasta mediados del año pasado 79.000 angoleños se beneficiaron del proceso. Estudiantes universitarios seleccionados reciben entrenamiento especial, como posibles dirigentes futuros de la empresa.
El grupo también ofrece formación profesional a las poblaciones circundantes a sus grandes proyectos, preparando jóvenes para trabajos en construcción, sin necesariamente reclutarlos. Para eso, creó el Programa Acreditar, que ya formó unos 3.000 trabajadores en sus tres unidades en Angola.
José Simão, de 54 años, tiene siete hijos de su matrimonio y otros seis en lejanas provincias, donde participó en la guerra. «La vida era combatir y hacer hijos», ironizó.
En octubre se capacitó como albañil en el Acreditar de Luanda, con tres aulas, laboratorio y biblioteca en el Zango, un barrio del Programa de Realojamiento de Poblaciones, una iniciativa gubernamental ejecutada por Odebrecht para reasentar familias desplazadas por la reurbanización o la vulnerabilidad de su vivienda anterior.
Simão ya construía casas por cuenta propia, pero en el curso adquirió nuevas técnicas. «En 18 días se aprende mucho, no solo de albañilería, sino de salud, ambiente y seguridad de trabajo», reconoció.
Ahora reclama un empleo al gobierno. «Hemos servido largo tiempo al Estado como combatientes», arguyó coincidiendo con sus colegas, decenas de soldados desmovilizados que el Acreditar acoge para mejorar su reinserción laboral.
Esa y otras acciones de responsabilidad social, como llevar agua, escuelas, luz y deportes a comunidades pobres, acentúan la imagen de cooperación al desarrollo que propicia la actividad constructora.
Eso tiene valor especial en este país aún en construcción, 37 años después de su independencia, y en reconstrucción posbélica.
Pero Angola fue sobre todo un gran negocio e impulsó la conversión de Odebrecht en una de las mayores empresas brasileñas y la más internacionalizada. Una queja común entre angoleños bien informados es el alto costo de sus obras.
Otras constructoras brasileñas, como Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão, también aprovechan el gran mercado angoleño.
Esa amplia presencia no es una operación netamente privada. Sus grandes proyectos cuentan con créditos del brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que financia la exportación de insumos y servicios necesarios a las obras de empresas del país.
Eso contribuyó a colocar a Angola en 2008 como principal importador africano de productos brasileños, superando Sudáfrica y Nigeria, con poblaciones y economías mucho mayores. Pero en 2010, esas compras se desplomaron a la mitad, recuperándose algo los años siguientes.
Son riesgos de operar en una economía dependiente de los altibajos de los precios del petróleo y con elevados costos de vida y de producción por la bonanza energética. Su moneda tiende a sobrevaluarse y eso encarece los productos nacionales y abarata los importados.
El gobierno angolano fomenta la producción nacional para sustituir las importaciones, que dominan el mercado interno. Biocom es parte de ese esfuerzo, igual que la Zona Económica Especial, donde habrá 73 plantas industriales a 30 kilómetros de Luanda y cuya infraestructura inicial construyó Odebrecht.
Una apertura del mercado, sin embargo, puede inviabilizar muchos emprendimientos agrícolas e industriales. Por eso Angola desestima el libre comercio propuesto por la Comunidad de Desarrollo de África Austral, que integra con otros 13 países.
El riesgo es de cambio en la política económica y también del poder, especialmente para proyectos vinculados a gobernantes cuyas decisiones pueden ser cuestionados en el futuro. Nada parece amenazar la estabilidad del régimen de 33 años de Dos Santos, pero proyectos industriales como Biocom son a larguísimo plazo.
