El modelo económico y social que se va delineando en Cuba a partir de los cambios ya aplicados o en curso requiere reformas que fortalezcan y den mayor autonomía a los órganos locales de gobierno, cuya renovación comenzó en octubre con la elección de nuevos delegados a las asambleas municipales.
Dado que en la economía nacional ya comenzaron a convivir la propiedad estatal, la cooperativa y la privada, "la descentralización en la toma de decisiones va a ser clave para el éxito de las transformaciones", señaló a IPS el investigador Ricardo Torres, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la Universidad de La Habana.
Ese principio es considerado básico en la apuesta por el desarrollo local, proceso en que el municipio pasa de receptor a protagonista en el territorio. La propuesta oficial establece que los proyectos, como pequeñas industrias y centros de servicios, especialmente en el sector alimentario, formen parte de la estrategia de autoabastecimiento municipal.
Para asegurar la autonomía en términos financieros, el sistema tributario que entrará en vigor en enero próximo grava los ingresos de empresas, sociedades mercantiles y cooperativas con vistas a financiar proyectos en los territorios donde se encuentran ubicadas. Esa contribución engrosará el presupuesto del municipio para sus actividades productivas y sociales.
Torres sostuvo que economía mixta (desde el punto de vista de la propiedad) y descentralización son variables que se decantan como características en el modelo que podría surgir de las reformas aprobadas en abril de 2011, durante el sexto congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba.
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En esa ocasión, el presidente de Cuba, Raúl Castro, anunció que el "modelo excesivamente centralizado de la economía" debe abrirse.
"La experiencia práctica nos ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la sociedad y en toda la cadena productiva", precisó Castro.
"Toda la vida consideramos que el modelo cubano descansaba en un poder central desde el cual venían todas las decisiones. Ahora ya vimos que eso no es viable", precisó ante una consulta de IPS la profesora Marta Zaldívar, de la Facultad de Economía de la Universidad de la Habana.
Para Zaldívar, quien que trabaja desde hace varios años el tema, el desarrollo local seguirá como asignatura pendiente si no existe un marco jurídico que respalde la gestión a nivel territorial. "Algunos pasos se han dado, pero aún incipientes. El proceso es lento y el tiempo de espera de la sociedad se está agotando", consideró.
En entrevista con IPS, Torres estimó que "en un escenario donde hay más heterogeneidad de actores económicos, resulta clave que estos puedan efectivamente tomar decisiones autónomas en relación a una multitud de variables y de cuestiones que tienen que ver con la vida de esas organizaciones".
Advirtió a la vez que se trata de un camino que "comienza a andar" y obliga a romper esquemas y formas de comportamiento. "Inclusive habrá casos en que será necesario desconcentrar la propiedad en empresas demasiado grandes para el tamaño del mercado interno. Es un ámbito en que la firma estatal tiene que ser más autónoma", opinó.
Acorde con estos cambios en la gestión empresarial, el gobierno nacional tendrá un grupo de atribuciones, pero habrá que repartir competencias y funciones con las autoridades provinciales y municipales. "Ese es otro camino bien largo y difícil de aprendizaje que Cuba está iniciando ahora", comentó Torres.
Estos gobiernos "tendrán que asumir un rol protagónico en la agenda de desarrollo de sus regiones, para lo cual hacen falta varios requisitos, entre ellos tener más autonomía para tomar decisiones relevantes en determinados ámbitos, incluso para fijar políticas allí donde no interfieran con la estrategia más general de país", detalló el investigador.
En su opinión, las condiciones no están totalmente creadas en todas las provincias y municipios de la isla, por tanto el proceso tendrá que ir acompañado de la creación de capacidades en los gobiernos locales, para que puedan cumplir efectivamente con el encargo de ser agentes más activos en el desarrollo económico y social a nivel provincial y municipal. Los delegados (concejales) electos en los comicios municipales, proceso que se prolongó hasta noviembre en algunos lugares debido al impacto del huracán Sandy en provincias orientales, son los funcionarios de gobierno más cercanos a la base de la sociedad y representan a sus electores ante la legislativa Asamblea Municipal del Poder Popular.
Una queja repetida entre la población cubana es que el "delegado puede ser muy bueno, pero carece de recursos para resolver los problemas de sus electores". Sin embargo, su mandato no incluye solución directa de un asunto, sino dar a conocer las necesidades y dificultades de sus electores e informar a estos sobre las medidas adoptadas por la Asamblea.
Los comicios municipales se realizan cada dos años y medio y en esta ocasión serán seguidos en febrero para renovar los representantes a las Asambleas Provincial y Nacional (parlamento unicameral). Medios oficiales reconocen que estos órganos de gobierno deben fortalecer su autoridad y participación en el proceso de cambios.
Torres consideró que el mayor protagonismo de estos funcionarios en el desarrollo de sus territorios reforzará la participación democrática y acercará la gestión gubernamental a nivel local a la ciudadanía, que estará más interesada en dar su voto a las personas más competentes ante determinadas gestiones.
En ese sentido, no desestimó, inclusive, la futura profesionalización de delegados municipales y provinciales, así como de los parlamentarios que componen la Asamblea Nacional del Poder Popular, "único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República", según la Constitución. "Hasta ahora, esas funciones se ejercen en la mayoría de los casos simultáneamente con la ocupación previa, pero si de verdad queremos que estas personas se vuelquen hacia el desarrollo de sus comunidades, el tema de la profesionalización debería ser analizado y debatido", consideró.
* Con aportes de Ivet González
