Por cosas de la política, tres indígenas que llegaron al parlamento del sureño departamento de Tarija en representación de sus pueblos originarios, tienen en sus manos el poder legislativo de la región con la gran riqueza energética de Bolivia.
La región del Chaco boliviano durante siglos se ganó fama de inhóspita. A sus frecuentes 45 grados y una vegetación que brinda escasa sombra, se sumó su distancia de los centros de poder. La historia cuenta cómo en tiempos de la colonia los invasores españoles no lograron habitarla.
Entre 1933 y 1935, esa naturaleza también derrotó a bolivianos, primero, y a paraguayos, después, en la guerra que libraron para delimitar su porción en la región del Gran Chaco, que comparten también con Argentina.
Por ello, desde siempre, en el ahora prospero Tarija más de uno de sus espacios solo ha sido territorio de guaraníes, de weenhayek y de tapietes, sus tres pueblos originarios. Aun con la paulatina llegada de carreteras asfaltadas y el desarrollo de algunas ciudades gestado por el poder petrolero, el Chaco profundo sigue siendo suyo.
Sin embargo, hasta 2009 vivieron marginados de las estructuras políticas e institucionales y apenas, o nada, asistidos por el Estado. Distantes en sus confines, distantes en sus dialectos guaraníes, distantes en sus concepciones sobre la humanidad y su gobierno.
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Ese año llegaron algunos de los cambios por los que en varias oportunidades habían marchado sobre las lenguas de asfalto. "Fue una conquista histórica de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y de la Asamblea del Pueblo Guaraní y las fuerzas populares", recordó a IPS el diputado departamental Justino Zambrana.
"Por fin pudimos elegir representantes según nuestros usos y costumbres, bajo mandato de la nueva Constitución Política del Estado", explicó este dirigente guaraní.
La Constitución proclama el Estado plurinacional, con el reconocimiento de 36 grupos etnolingüísticos, en un país donde más de 60 por ciento de sus casi 11 millones de habitantes se reconoce como de origen indígena.
También fija que las asambleas legislativas de los nueve departamentos en que se divide Bolivia contarán con una representación indígena elegida por los pueblos establecidos en cada una, según sus usos y costumbres. A Tarija le corresponden tres.
Ya antes, en enero de 2007, el país había pasado a ser gobernado por primera vez por un indígena, el aymara Evo Morales, quien desde 2011 cumple un segundo quinquenio tras ser reelegido.
En este departamento, a sus reivindicaciones seculares, los representantes originarios debieron sumar singulares e inesperadas responsabilidades, cuando los gobernadores y parlamentos departamentales fueron elegidos en 2009.
Pasaron a integrar la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, convertido en el corazón energético y económico de Bolivia. Es más, constituye un importante centro hidrocarburífero continental y desde sus megacampos nutre de energía a una megalópolis como la brasileña São Paulo y al norte argentino.
Por ello, la disputa política por Tarija se volvió intensa en su capital del mismo nombre, a 896 kilómetros al sur de La Paz.
La cerrada lid entre partidos políticos que respaldan al gobierno de Morales y los de la oposición derivó en una paridad de fuerzas parlamentarias propicia al desequilibrio y los pases de partido político de legisladores.
Entre los 30 asambleístas tarijeños los votos del tapiete Vicente Ferreira, del weenhayek Antonio Tato y del guaraní Zambrana pasaron a ser estratégicos.
"Primero no nos tomaban en cuenta, pero cuando descubrieron que nuestros votos valían, empezaron a buscarnos", recordó Ferreira a IPS. "Me costó mucho. A veces no sabíamos qué decidir, mientras tenía que aprender de leyes y a debatir con abogados", añadió.
Una acelerada serie de situaciones puso a prueba al trío. El 27 de mayo de 2009 debieron decidir la presidencia de la Asamblea. Por afinidad con planteamientos del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Morales, votaron por su lideresa de raíces aymaras, Aluida Vilte.
Así, la pequeña bancada indígena dio un paso hacia sitiales del poder tarijeño y Zambrana fue elegido cómo vicepresidente. Siete meses después la Asamblea debió decidir si suspendía del cargo al gobernador Mario Cossío, del opositor Camino al Cambio, acusado por la Fiscalía por hechos de corrupción.
Los tres votos indígenas determinaron su destitución y abrieron el camino para que un masista, el diputado aymara Lindo Condori, fuese designado como gobernador.
"No somos de hacer favores políticos a nadie. En el caso Cossío había que hacer cumplir una ley, y lo hicimos. Por eso apoyamos su salida", explicó Zambrana.
Luego marca límites. "En las asambleas indígenas somos muy celosos para evitar cualquier intromisión política. Acá cuando hay que cuestionar, cuestionamos a cualquiera y a veces este gobierno (nacional) ha dividido y quiere que indígenas se impongan sobre indígenas", explicó.
"A mí me enseñaron que un pueblo no puede someter a otro pueblo, tiene que haber respeto. Nosotros somos siempre yambae (sin dueño, en guaraní)", dijo con sonriente firmeza.
Dicho y hecho, en mayo de 2010, al comenzar el segundo año de la legislatura quinquenal, Zambrana fue elegido como su presidente, pero con los votos opositores al MAS.
Se cuenta que una comisión del gobierno central llegó desde La Paz para persuadir a los tres indígenas a cambiar su postura. "¿Para qué quiere un indígena presidir la Asamblea? ¿Quieren estar con la derecha?", se asegura que preguntó un emisario, al que se le replicó: "¿Y el indígena Evo Morales gobierna el país para estar con la derecha?".
Un año después, Zambrana fue ratificado en la presidencia del cuerpo legislativo. Asegura que incluso le plantearon la posibilidad de ser elegido gobernador, pero que rechaza esa idea.
Analistas de Tarija aseguran que con su actitud evitó agravar la frecuente beligerancia que caracteriza a su parlamento. Acusaciones y contraacusaciones sobre presiones de diversa índole han afectado también a la determinante bancada indígena.
Cuando hubo la reelección de la presidencia, un grupo afín al MAS aisló durante casi tres horas al weenhayek Tato de manera intimidante.
Esquivo y notoriamente tímido este legislador evita hablar con los medios. Y al cierre de 2012 se halla en su comunidad para dar cuenta de sus acciones ante los capitanes weenhayek.
El Capitán grande de ese pueblo, Moisés Sapirenda, abrió la posibilidad de cesarle como su representante. "No ha informado muchas cosas, analizaremos el año próximo si hubiese que revocar su mandato", explicó a IPS.
Tampoco se siente del todo satisfecho con la labor del resto de la bancada indígena, a favor de los pueblos que representan.
"Estamos contentos con la apertura para que elijamos a nuestras autoridades por usos y costumbres. Esperamos leyes a favor de nuestros pueblos, pero parece que cuando se trata de asignar obras que cambien nuestras vidas, otra vez somos minoría. Seguimos lejos, como siempre", dijo.
La advertencia de Sapirenda no resulta desdeñable. Los weenhayek ya destituyeron, por usos y costumbres, a un asambleísta nacional y a otro regional en un departamento vecino.
Mientras, los capitanes tapietes y guaraníes esperan sus asambleas periódicas para evaluar los informes de Ferreira y Zambrana. Rendirán cuentas sobre cómo respondieron al reto de haber llegado de pronto al poder.