El proyecto de ley de Desarrollo Rural Integral, que promueve el acceso de campesinos a parcelas, empleo y otros derechos, permanece varado en el parlamento de Guatemala por presión de grandes terratenientes, que ven en él un intento de reforma agraria.
"La iniciativa legislativa tiene 10 propuestas que contribuirían especialmente al desarrollo de las mujeres y de las comunidades indígenas rurales", señaló a IPS la activista Irene Barrientos, del no gubernamental Comité de Unidad Campesina.
"El derecho a la tierra, al agua potable, la promoción de políticas económicas, sociales, laborales y la seguridad alimentaria" son temas abordados en este texto, cuya aprobación fue abortada una vez más el 29 de noviembre al no lograr apoyo de por lo menos 105 votos en el unicameral Congreso legislativo, exigidos para iniciativas de "urgencia nacional".
La preocupación campesina es mayor porque ese día culminó el período ordinario de sesiones y solo resta que el Congreso convoque a una sesión extraordinaria para discutir la iniciativa en lo que queda del año, lo cual se ve "cuesta arriba".
La posición de los legisladores ha dejado mal sabor de boca al sector campesino necesitado de tierra para trabajar.
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"Los diputados se burlaron del pueblo porque en marzo el presidente del Congreso y los jefes de bloque se comprometieron a aprobarla, pero a la hora de la verdad se evidenció que tenían comprada su conciencia por la Cámara del Agro", que se opone al proyecto, denunció.
Guatemala es uno de los países que muestran peores indicadores económicos y sociales de América Latina, y los más vulnerables entre sus 15 millones de habitantes tienen rostro indígena y rural.
Así, 54 por ciento de su población sufre la pobreza y 13 por ciento la indigencia, según la estatal Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2011, mientras que uno de cada dos menores de cinco años padece desnutrición crónica, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La inmensa desigualdad también distingue a este país centroamericano.
Ochenta por ciento de las tierras productivas de Guatemala están en manos de apenas cinco por ciento de sus habitantes, mientras 80 por ciento de la población rural, equivalente a 61 por ciento de la total, es pobre y la mayoría indígena, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Barrientos lamentó la posición de la Cámara del Agro, que reúne a los grandes propietarios de fincas, pues "la ley en sí no establece ninguna reforma agraria ni la confiscación de tierras". "Ellos más bien defienden sus intereses del modelo extractivo y de monocultivos que afectan la agricultura campesina".
La ley de Desarrollo Rural Integral promueve políticas en 10 ejes: económico, agrario, social, laboral, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
Además, crea programas para la producción de granos básicos, la conservación de suelos para la producción sostenible, la dinamización de las economías campesinas y de servicios financieros, entre otros.
Según Álvaro Caballeros, de la Coordinación de Organizaciones no Gubernamentales y Cooperativas de Guatemala, "la ley garantizaría la formulación de políticas públicas cuyo énfasis será la economía familiar campesina", que ha venido a menos por el fomento del modelo agroexportador.
"En los últimos 22 años se fomentó la expansión de monocultivos y la actividad extractiva, lo cual ha sido nocivo para muchas familias rurales que se han visto forzadas a vender sus parcelas, rodeadas de cultivos extensos de palma, o han visto sus fuentes de agua contaminadas", explicó. En ese sentido, "la ley toma importancia", según Caballeros, "porque incluye algunas reivindicaciones significativas como la soberanía alimentaria, la sostenibilidad de la producción agrícola, la salud, la vivienda y el empleo".
El presidente de Guatemala, el derechista y general retirado Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Baldetti también se han pronunciado a favor de la iniciativa legislativa.
"Estamos comprometidos con la población de la provincia (interior del país) para la aprobación de la ley, ya que es uno de los cinco ejes principales de la Agenda Nacional del Cambio", dijo Pérez Molina, tras enfatizar que no se trata de ninguna "reforma agraria". La iniciativa también tuvo el respaldo del sistema de la Organización de las Naciones Unidas en Guatemala, que la calificó de "tarea pendiente" desde los acuerdos de paz firmados en 1996, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno entre la guerrilla izquierdista y las fuerzas de seguridad del Estado, con un saldo de 250.000 muertos y desaparecidos.
La aprobación de la ley se torna "muy complicada" por ahora, admitió Cynthia Fernández, de la no gubernamental Asociación para la Investigación y Estudios Sociales. Sin embargo, entiende que es un aspecto "positivo" a favor del desarrollo rural.
"El modelo que actualmente impera perjudica muchísimo la intervención del Estado en beneficio de la población rural, pues no le está facilitando acceso a tierra, no le está dando asistencia, ni apoyo crediticio para explotar este recurso", lamentó.
"Creemos que la ley en sí plantea una serie de principios generales que marcan la regulación del desarrollo rural, respaldada por las disposiciones constitucionales que establece el régimen económico y social", agregó.
Los latifundistas, en cambio, mantienen una férrea oposición a la ley. Carla Caballeros, de la Cámara del Agro, dijo a IPS que su aprobación "resultaría en un incremento de la pobreza de las personas en el área rural, en el número de niños que padecen desnutrición y en el desempleo".
La directiva se basa en que una ley con estas características "generará más desorden e inoperancia entre organismos de Estado y crea un súper ministerio que utilizaría más 200 millones de dólares en un organismo nuevo, pero con la misma inoperancia y corrupción".
Además, con el proyecto "se violenta el derecho de propiedad privada, la libertad de industria, comercio y trabajo, la supremacía de la persona como centro del mandato constitucional, y se genera un desorden institucional", enumeró.
La Cámara del Agro también presentó un recurso de amparo para impedir que el parlamento discutiera la iniciativa, que fue desestimado por la Corte de Constitucionalidad.
