«Es muy doloroso trabajar y que cuando llega la hora de cobrar no te paguen. Y no puedo denunciar al no tener contrato, ni documentación», contó a IPS la dominicana Rossana, una de las muchas inmigrantes que ejercen como cuidadoras y empleadas de hogar en España.
Rossana*, de 32 años, llegó a España en febrero de 2011 desde Santo Domingo, donde dejó tres hijos, de 15, ocho y cuatro años, que dependen en buena parte de sus remesas de dinero.
Trabajó en la ciudad nororiental de Barcelona durante seis meses como cuidadora interna de una anciana hasta su fallecimiento, cuando se la despidió sin indemnización alguna, y desde entonces asegura que "apenas hay empleo y el que hay no se lo dan a inmigrantes sin papeles como yo".
Sobre situaciones como la de Rossana se habló el 29 de noviembre en la oriental y mediterránea ciudad de Valencia, durante el foro Mujer, Migración y Cuidados, promovido por organizaciones de mujeres inmigrantes.
Cuidan de ancianos, niños y personas dependientes, planchan y cocinan, el trabajo de empleada de hogar, poco reconocido socialmente, tiene rostro de mujer y en España es llevado a cabo en 65 por ciento por inmigrantes, buena parte procedentes de América Latina, de cuyas remesas dependen familiares en sus países de origen.
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La Encuesta de la Población Activa del Instituto Nacional de Empleo en España revela que hay 667.000 personas empleadas de hogar, de las que 592.000 son mujeres. Pero el sector cuenta con solo 399.796 afiliados al régimen de la Seguridad Social, según las últimas cifras oficiales de una profesión en la que reina la llamada economía sumergida.
"Se dan situaciones de abuso que rayan en la esclavitud", dijo a IPS la economista española Carmen Castro, experta en políticas públicas e igualdad de género y quien participó en el foro con la ponencia "Qué hacemos con los cuidados? Alternativas para otro modelo de sociedad".
Ella asegura que "cuando se da la conjunción de ser mujer, trabajadora doméstica e inmigrante se agrava la situación de vulnerabilidad y precariedad".
Rossana vivió en carne propia duros engaños, como cuando encontró un trabajo por Internet para cuidar toda la noche a un anciano en un hospital durante 10 días y al final no le pagaron. "Hay muchas (mujeres) aquí a las que le ha pasado lo mismo", observó.
También hay experiencias positivas. Entre ella, la de Nancy, una joven venezolana que trabajó cuidando a un niño durante más de un año y obtuvo la residencia gracias al empeño de Remedios, la madre y su empleadora que no dudó en ensalzar su "buen" hacer en declaraciones a IPS.
Para revalorizar y dignificar el trabajo de cuidadoras y empleadas de hogar y defender sus derechos, medio centenar de mujeres colombianas inmigrantes y con experiencia migratoria crearon en 2011 la cooperativa transatlántica Coomigrar.
La cooperativa atiende por ahora a mujeres que viven en la ciudad colombiana de Pereira y las españolas de Valencia y su vecina Alicante, y participó en la organización del foro.
Coomigrar pretende "dignificar un trabajo que venimos haciendo las mujeres y que no es reconocido", explicó Luisa Vidal, coordinadora en España de la organización feminista colombiana Sisma-Mujer, impulsora del proyecto apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En Colombia, Coomigrar presta desde julio de 2011 servicios profesionales de cuidado de niños, adultos y dependientes y apoyo doméstico, mientras que en España su función se orienta por ahora a la incidencia y sensibilización sobre los derechos de las mujeres. También visibiliza su papel como agentes de desarrollo y capacita a sus socias.
"Ninguna sociedad es sostenible sin el trabajo de cuidados", subrayó a IPS la refugiada política Leonora Castaño, coordinadora y socia de Coomigrar.
Castaño advirtió de que las trabajadoras del sector en España siguen padeciendo "un fuerte déficit de derechos laborales" frente al resto de los sectores, pese a la nueva normativa que regula la relación laboral del colectivo.
En un intento de sacar a las empleadas y empleados de hogar de la economía informal, sus condiciones de trabajo pasaron a estar reguladas desde el primer día de este año por una norma que obliga a sus empleadores a hacerles un contrato, darles de alta en la Seguridad Social y pagar las cotizaciones correspondientes.
"Muchos empleadores no están contratando" a sus trabajadoras en el servicio doméstico, como obliga el decreto, aseguró Vidal a IPS.
La nueva legislación, considera insuficiente por las participantes en el foro, mantiene el libre despido y no suma al sector a los trabajadores con derecho a prestación por desempleo.
Pero sí establece la obligación de contrato, norma el salario mínimo, limita los horarios, fija una indemnización de 20 días por año como despido y obliga a un preaviso, garantiza el acceso gratuito a la salud y da derecho a jubilación, entre otras mejoras.
España padece los embates de una crisis económica y financiera que acrecienta la desigualdad social y cuyo dato más lacerante es una tasa de desempleo que se sitúa en 26 por ciento de la población económicamente activa, con seis millones de desocupados, según estadísticas oficiales europeas del viernes 30 de noviembre.
Muchas mujeres inmigrantes que se ocupaban de los cuidados en hogares españoles se están viendo abocadas al desempleo y regresan a sus países. "Hay momentos que digo que me quiero ir, pero luego pienso que voy a seguir luchando", afirmó Rossana.
Coomigrar, que se constituye como una alternativa a la crisis por la que atraviesan las mujeres con experiencia migratoria, ha ayudado hace poco a dos colombianas que regresaron a su tierra a incorporarse a sendos trabajos, apuntó Vidal.
"Hay que dar valor al trabajo de los que cuidan a las personas que otros no pueden cuidar" afirmó a IPS la sicóloga Luz María Arias, integrante de la cooperativa colombiana y quien vive hace 12 años en España con su familia.
Arias valoró durante el foro el hecho de que "se ha pasado de ser sirvienta a empleada de hogar". Consideró que existe una mayor concienciación, pero que "aún hay personas que se aprovechan".
La nueva norma pasa a denominar al sector como servicio del hogar familiar y a sus prestatarios como empleados de hogar. Pero para Rossana y otras muchas, aún no llegan los cambios detrás de las palabras.
* Rossana y otras fuentes de este reportaje pidieron a IPS la reserva de sus apellidos (IPS/FIN/ib/eg/eu la ip lb hd mi wo/12)
