Edgar Torres Castillo tiene 21 años y hace dos que está en la cárcel de Gómez Palacio, un municipio de la Comarca Lagunera, ubicada entre los norteños estados mexicanos de Durango y Coahuila, que se caracteriza por sus limitados recursos hídricos y por ser una de las zonas más peligrosas del país.
Amparo Castillo, la madre de este recluso condenado a ocho años de prisión por robar un teléfono celular, lo vio por última vez el 18 de este mes, en la visita familiar. "Lo noté extraño, muy triste y como si estuviera lastimado", contó la mujer vía telefónica a IPS. "Solo estuvimos una hora y empezaron a sacarnos, había mucha tensión", añadió angustiada.
En la madrugada del 17 de este mes, la policía trasladó a 137 internos del penal de Gómez Palacio a cárceles federales.
Al día siguiente, al finalizar la visita familiar, los vecinos de la zona escucharon un rudo intercambio de balazos y lamentos en el interior de la cárcel. Las autoridades reportaron que todo se debió a un intento de fuga, que dejó un saldo de 25 muertos, entre ellos seis guardias que no estaban armados.
En un comunicado, la policía de Durango afirmó que los presos habían disparado contra los guardias al frustrarse la evasión. Luego, el gobierno federal desalojó totalmente el penal, donde en los últimos tres años murieron 78 personas y se registraron varias fugas masivas. En ese momento quedaban unos 500 detenidos.
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Como otros familiares, Castillo se trasladó al penal al escuchar las noticias del enfrentamiento. Ante la desesperación por la falta de información, los familiares realizaron protestas y bloqueos de carreteras. "No sabíamos si estaban vivos o no", narró.
Este enfrentamiento sangriento entre presos y guardias evidenció la crisis del sistema carcelario mexicano, que según los expertos ha colapsado.
En México hay 429 prisiones, según el último informe de la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública Federal. De ellas, 15 son administradas por el gobierno nacional, 10 por las autoridades del Distrito Federal, la capital del país, 91 por municipios y el resto es responsabilidad de los estados.
Distintos informes señalan que la sobrepoblación carcelaria ya alcanza a 22 por ciento, equivalente a más de 40.000 presos, de la capacidad instalada. Además, cuatro de cada 10 personas en prisión en México están aún sin sentencia firme, pero todas comparten los mismos recintos sin distinción alguna de su situación procesal.
Las personas juzgadas por delitos federales, generalmente involucradas con el crimen organizado, ocupan solo una quinta parte de la población penitenciaria del país.
Tras una visita a 24 cárceles del país en 2009, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas alertó en un informe las fallas estructurales en el sistema penal mexicano, que alientan las prácticas de abusos de todo tipo para conseguir declaraciones de autoincriminación.
El uso excesivo de la prisión preventiva (encarcelar a una persona mientras se procesa la causa en la que está involucrada) se convirtió en una bomba con la cruzada contra los carteles de las drogas que emprendió Felipe Calderón durante su gobierno de 2006 a 2012.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentado en septiembre, revela que en seis de cada 10 cárceles del país hay una especie de cogobierno de grupos criminales.
El informe advierte sobre focos de riesgo en una decena de estados del país. Solo entre 2010 y 2012 se registraron 14 fugas, con un total de 521 presos evadidos, dos motines y 75 riñas que dejaron más de 350 personas muertas.
La cárcel de Gómez Palacio, que tuvo seis directores en menos tres años, ha sido escenario de escandalosas fugas y actos de corrupción.
En marzo de 2009, un convoy de hombres armados y disfrazados de policías federales entró a ese penal a plena luz del día y se llevó cinco presos. En julio del 2010, la entonces directora, Margarita Rojas, fue detenida y acusada por la Procuraduría (fiscalía) General de la República de permitir la salida de reclusos que luego participaron en una matanza de 17 personas en una finca cercana.
Según el gobierno federal, los custodios permitían a un grupo de internos salir del penal por la noche, usando el armamento de los custodios y vehículos oficiales, para realizar "actos de venganza" entre grupos criminales.
Pero no es el único caso. Jorge Carvallo, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, colindante con la capital del país, denunció en noviembre de 2010 que, con la complicidad de la policía estatal, internos en la cárcel de Barrientos salían por las noches a cometer atracos.
El gobierno de Durango anunció el viernes 21 el cierre definitivo de la cárcel de Gómez Palacio, que se convertirá en cuartel de policía. Los familiares de los reclusos que estaban ahí buscan desesperados información sobre ellos que nadie les da.
"Estamos tratando de ayudar a un grupo de señoras que se acercaron a nosotros y que llegaron en condiciones terribles, anímicamente destrozadas, y con mucho miedo por sus familiares", dijo a IPS la activista Verónica Villarreal, del Consejo Coordinador Obrero Popular, que alojó a un grupo de mujeres que llegó a pedir datos a la capital del estado, a unas cuatro horas de Gómez Palacio.
Desde el miércoles 19, Amparo Castillo vela afuera de la cárcel de Durango en espera de ver a su hijo. "No nos dicen nada, no sabemos cómo están. Solo que a unos los llevaron a cárceles de otros estados y que otros están aquí, pero nos dijeron que vamos a poder verlos en cuatro semanas", dijo.
"Aquí no hay ley, han juzgado gente sin pruebas. Y ahora se les hace fácil cerrar el lugar, no piensan en los gastos que eso representa para uno. Mi hijo no robó el celular, pero en todo caso, yo ya lo pagué. ¿Qué quieren? No es para ocho años de cárcel ni para tener que pasar todo esto", enfatizó.
