Una amplia reforma del Código Civil en Argentina prevé, entre otros avances, sustituir el tradicional concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental y la eliminación expresa de los castigos físicos a niños, niñas y adolescentes.
"Con esta modificación se busca una familia más democrática, que va a redundar en un Estado más democrático", explicó a IPS la abogada Nelly Minyersky, profesora de la cátedra de Derecho de Familia de la estatal Universidad de Buenos Aires y de otros institutos académicos.
Minyersky es una de las expertas que trabajó en la elaboración del proyecto de reforma para un nuevo código civil y comercial solicitado por la presidenta centroizquierdista Cristina Fernández a fin de reemplazar las normas actuales sancionadas en el siglo XIX.
La propuesta de cambio, en la que trabajó más de un centenar de especialistas, está ahora bajo análisis del Congreso legislativo, que tendrá entre sus funciones convocar audiencias públicas en todas las provincias en que se divide el país para abrir un gran debate. La votación en ambas cámaras se prevé que se concrete en marzo de 2013.
El texto original de la iniciativa incorpora al Código Civil tratados internacionales sobre derechos humanos, de las mujeres, de los niños, de los pueblos originarios y de los consumidores, así como la protección de los bienes ambientales entre otras novedades.
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En materia de familia es mucho más abierto. Incorpora el matrimonio entre personas del mismo sexo (derecho ya legislado), permite el divorcio con la sola voluntad expresa de la pareja y elimina la fidelidad como deber legal, a la vez que regula, por ejemplo, la maternidad subrogada.
También prevé la eliminación de la idea de patria potestad, que considera a hijos e hijas patrimonio de sus padres, y su reemplazo por la de responsabilidad parental y el cambio del poder de corrección por el de orientación y dirección hacia la prole.
"En la estructura de deberes y derechos de los progenitores, este es un cambio fundamental porque ve a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y hay más respeto a su palabra y a su participación en las decisiones", explicó Minyersky.
El nuevo código en discusión contempla el concepto de adolescente y permite que a partir de los 13 años puedan opinar respecto de decisiones tomadas por padres o tutores sobre su salud y educación, así como tendrán derecho a un asesor letrado si las circunstancias lo requirieran.
"Esto es parte de lo que recomienda la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en 1990 y que Argentina ratificó. La idea no es restar valor a la palabra de los padres sino remarcar que la autoridad deviene del respeto y de la mejor relación con los hijos", aclaró Minyersky.
En ese marco, se reemplazará el artículo que establece que los progenitores tienen "el poder de corrección" por uno que "prohíbe los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a niños, niñas y adolescentes".
Y para los casos en que lo requieran, la norma propuesta contempla ofrecer a los padres "el auxilio de los servicios de orientación a cargo de los organismos del Estado".
En diálogo con IPS, la abogada Gimol Pinto, experta en protección de derechos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), sostuvo que la reforma es "absolutamente importante y muy bienvenida", más allá de que ya la jurisprudencia comenzó a incorporar muchos de estos nuevos conceptos y derechos.
"El Código Civil vigente habla de patria potestad y tiene una redacción que se presta a malas interpretaciones, como si algún tipo de castigo físico fuera permitido. En cambio el nuevo texto se explaya sobre el rol de los padres", destacó.
"Los padres tienen derechos como el de elegir el nombre del hijo o hija, la escuela inicial, la religión con la que quieran orientarlo, pero todo en el marco del deber de contribuir a que los niños sean sujetos de derechos y personas responsables", advirtió.
Pinto admitió que, una vez que sea aprobado el código, tiene nuevos desafíos. "Hace falta educación, difusión, y empoderar a toda la familia, porque la crianza plantea retos, como son los límites, que hay que ejercerlos, pero sin violencia", resaltó.
Un informe difundido este año por la representante especial sobre Violencia contra la Niñez de las Naciones Unidas, la abogada portuguesa Marta Santos Pais, reclamó con urgencia la adopción de leyes que protejan a los menores de las agresiones.
La oficina de la representante informó que entre 500 millones y 1.500 millones de niños y niñas en el mundo sufren algún tipo de violencia y que los principales responsables de ella son los encargados de su cuidado, ya sean familiares, maestros y otras personas relacionadas con su crianza.
La encuesta realizada para el informe en 113 países concluye que más de 20 por ciento de los estados ya contemplan algún tipo de legislación en este sentido, aunque señala también que existe aún "una amplia brecha" entre la letra y su aplicación.
En el Encuentro Sudamericano de Seguimiento al Estudio sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, realizado el año pasado en Paraguay, se analizó que Costa Rica, Uruguay y Venezuela son los países más avanzados de la región en incorporar leyes contra el castigo a menores.
Un proyecto similar, aún en debate en el parlamento de Perú, prohíbe medidas correctivas que atenten contra la integridad física y psíquica de niños y niñas.
En tanto en Brasil, una iniciativa conocida popularmente como "ley de la palmada" fue aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados, pero aún no ha sido tratada por el Senado.
"Grupos de diputados conservadores presentaron seis peticiones contrarias a la aprobación", dijo a IPS la activista Marcia Oliveira, de la Red Nao Bata Eduque, una coalición de entidades que promueve la eliminación de los castigos físicos a los menores.
"Nosotros, desde la sociedad civil brasileña, hicimos una fuerte presión sobre los parlamentarios que trabajan por el derecho de niños, niñas y adolescentes y logramos anular las peticiones contrarias, pero ahora esperamos el fallo del Senado", indicó.
