La amenaza de suicidio colectivo de indígenas guaraní-kaiowá en el sudoeste de Brasil puso en evidencia una nueva fórmula de agravamiento de los conflictos por la tierra ancestral: la expansión de soja y caña de azúcar, de alto valor de exportación para este país.
El estudio "Em terras alheias a produção de soja e cana em áreas Guarani no Mato Grosso do Sul" (En tierras ajenas la producción de soja y caña en áreas guaraníes de Mato Grosso do Sul), de la organización no gubernamental Repórter Brasil, quiere contribuir a esa discusión.
En base a datos oficiales e investigaciones en las aldeas del estado de Mato Grosso do Sul, en el sudoeste brasileño, el trabajo mapeó la incidencia de la caña de azúcar y la soja en seis áreas indígenas.
"Cuando aumenta el precio de una 'commodity' (producto básico) en el mercado internacional, es más ventajoso plantar soja o caña de azúcar y la tierra se encarece. Con más demanda de tierras, el hacendado se arma contra los indígenas y tenemos picos de conflicto como el año pasado", dijo a IPS una de las responsables del estudio, la periodista e investigadora Verena Glass.
En Mato Grosso do Sul, donde viven unos 44.000 guaraní-kaiowás, los conflictos de este año fueron en fincas ganaderas, pero la lógica es la misma: "disputa entre commodities y tierras reivindicadas por indígenas", enfatizó.
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Cuando se divulgó el informe, el 24 de octubre, los conflictos se agudizaron. El estudio fue realizado en julio, cuando las ocupaciones de los kaiowás para recuperar territorios generaron enfrentamientos y reacciones violentas de los hacendados, incluso con ataques a balazos a sus campamentos.
Pero el conflicto trascendió las fronteras estaduales cuando unas 30 familias de la comunidad Pyelito Kue anunciaron su "muerte colectiva", si se veían obligadas a abandonar sus tierras, en proceso de demarcación y homologación.
Cansados de esperar en campamentos en los bordes de las carreteras, los indígenas retomaron una pequeña parte de sus tierras originarias, ocupadas por haciendas. Pero una orden judicial ordenó su desalojo en octubre.
Cuando la noticia, interpretada como una amenaza de suicidio colectivo, circuló por el mundo a través de las redes sociales, el gobierno consiguió revertir la decisión judicial y que los indígenas permanecieran en el lugar hasta que finalizara la demarcación.
Los kaiowás se manifestaron "felices a medias" con la decisión, dijo a IPS Egon Heck, del católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI).
Felices porque no serían expulsados de sus tierras, pero a medias porque quedarían hacinados por tiempo indeterminado en apenas una hectárea y sin posibilidad de circular fuera de ella.
"Es una situación agresiva de confinamiento, que comenzó en el siglo pasado y que fue actualizada por esta decisión judicial", sostuvo el representante del CIMI, vinculado a la Conferencia de Obispos de Brasil.
Heck se preguntó hasta qué punto casi 200 indígenas, "ligados a su territorio y recursos naturales como modo de vida, conseguirán sobrevivir en una hectárea".
"¿Será que la lectura de la Constitución, que garantiza la tierra a esos pueblos de manera colectiva, está subyugada frente a la propiedad privada?", se preguntó.
Maurício Santoro, asesor de derechos humanos de la organización Amnistía Internacional en Brasil, explicó a IPS que Mato Grosso do Sul tiene áreas indígenas densamente pobladas, pero desparramadas entre cultivos de soja y predios ganaderos.
"Esas tierras todavía no han sido demarcadas por el gobierno federal y ese vacío jurídico ha estimulado los conflictos", explicó.
Así como Pyelito Kue, otras comunidades fueron expulsadas de sus tierras y están acampadas a la vera de caminos, sin servicios médicos y amenazadas por pistoleros pagados por los hacendados.
"La demora está matando al pueblo igual. Nadie decide. Vamos a ocupar todas las tierras aun sabiendo que no hay seguridad, que vamos a morir. El pueblo decidió", había dicho en septiembre a IPS un indígena kaiowá, Tonico, en referencia a las ocupaciones.
Los índices de desnutrición, suicidio y violencia son muy altos, agregó Santoro.
Según el CIMI, el suicidio está presente hace tiempo en los kaiowás y en otros grupos guaraníes, sobre todo entre los jóvenes. Entre 2003 y 2010 hubo 555 muertes por autoeliminación.
Desde 1991 se han homologado apenas ocho tierras para estas comunidades, que conforman el segundo pueblo indígena más numeroso de Brasil y "viven en áreas diminutas".
La expansión del agronegocio, fuertemente impulsado por el gobierno estadual, agravó esta situación.
El tipo de agricultura que practica, basada en uso intensivo de plaguicidas tóxicos, destrucción de microorganismos de los suelos y extinción de ríos y bosques, ha sido un "agravante fortísimo" para un proceso histórico de extinción y expulsión de guaraní-kaiowás, sostuvo Heck.
La mecanización agrícola y el uso de agrotóxicos redujeron al mismo tiempo el empleo de mano de obra indígena que, sin posibilidad de obtener frutos de sus tierras, trabaja en haciendas o plantas de etanol (combustible extraído de la caña de azúcar).
"En poco tiempo no tendrán ni ese trabajo que, si bien semiesclavo, era prácticamente el único ingreso" disponible, además de la asistencia gubernamental, alertó Heck.
Repórter Brasil inició una campaña para que las empresas transnacionales dejen de comprar materias primas de haciendas emplazadas irregularmente en tierras indígenas.
"La propuesta es que los grandes compradores dejen de adquirir lo producido en tierras indígenas como una forma de castigo. Así se debilita económicamente a los productores, y se reduce en algo el valor de esa tierra indígena", explicó Glass.
En ese marco, se consiguió que dos plantas de etanol del estado, São Fernando y Raízen, se comprometieran a no comprar más caña de áreas indígenas.
Pero otras, como Monte Verde de la transnacional Bunge, adquieren granos de cinco fincas en tierras indígenas todavía en proceso de demarcación, según Glass. La empresa argumenta que no está infringiendo normas mientras los hacendados no sean obligados por ley a dejar esas áreas.
El gobierno de Dilma Rousseff prometió acelerar la regularización de tierras. Mientras, los productores rurales piden compensaciones económicas por retirarse de ellas, y critican que se pague un error histórico "con otro error histórico": penalizar a un sector productivo.
