El guaraní, un pueblo que siente que pertenece a la tierra y no al revés, vive en Bolivia en permanente emergencia desde que en el subsuelo de su hábitat descubrieron hidrocarburos, cuya explotación perjudica a sus comunidades y de cuyos beneficios se siente marginado.
Con movilizaciones, bloqueos de carreteras o de campos petroleros y participación en pequeñas o grandes marchas, los guaraníes buscan ser oídos por el gobierno del presidente Evo Morales, las autoridades de los departamentos del sur del país donde se asientan y por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Desde el 19 de octubre, comunarios (pobladores) de comunidades rurales guaraníes cercanas protagonizan un bloqueo del campo petrolero exploratorio de Caigua, en el sur del departamento de Tarija, en demanda de que sean consultados y tenidos en cuenta sobre los trazados de caminos y otras infraestructuras vinculadas a este desarrollo.
Un mes antes, pobladores guaraníes bloquearon por varios días una importante carretera internacional que une a este país con Argentina, en el vecino departamento de Chuquisaca, una protesta de las 27 capitanías guaraníes por la desatención de sus demandas y el incumplimiento de promesas sobre el desarrollo del Chaco boliviano, donde viven.
"Apostamos siempre por el diálogo, pero este tipo de acciones es el único recurso que tenemos para que respondan a nuestra plataforma de demandas cuando el diálogo fracasa", dijo a IPS el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Faustino Flores.
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Cesar Aguilar, presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Tarija, explicó que las labores exploratorias en Caigua ya contaminaron una presa que surte de agua a las comunidades aledañas, mientras los caminos que se abren invaden tierras agrícolas de 400 familias de la zona.
También en septiembre se bloqueó la construcción de una planta separadora de líquidos asociados al gas natural, en un área que es Tierra Comunitaria de Origen, una figura jurídica que otorga la propiedad colectiva a un pueblo indígena sobre un territorio e impide allí cualquier actividad sin su consentimiento.
Jorge Mendoza, capitán grande de Yacuiba, en la provincia tarijense del Gran Chaco, donde se construye esta planta, explicó que más de 17 comunidades guaraníes han resultado afectadas.
Movilizaciones como estas en el Chaco boliviano buscan denunciar que YPFB, sus subsidiarias, concesionarias y contratistas incumplen las leyes nacionales e internacionales que obligan a la consulta y respaldo indígena en los proyectos en su hábitat.
Los líderes citan especialmente dos: la Constitución de 2009 que declara a Bolivia como un estado plurinacional, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos de los pueblos indígenas y fija la obligatoriedad de consulta previa sobre actividades en su territorio.
Las empresas aducen siempre que cuentan con los permisos legales y ambientales para sus desarrollos, pero los líderes guaraníes subrayan que esos avales de organismos públicos locales o nacionales no incluyen las obligaciones con los comunarios del Chaco, donde se ubica la mayor provincia petrolífera del país.
El Chaco boliviano, repartido por los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, integra la región del Gran Chaco sudamericano, que abarca partes de Argentina y Paraguay. Sus 127.775 kilómetros representan 15 por ciento de esa región, donde se ubica el mayor bosque xerofítico (de clima seco) del mundo.
En el Chaco boliviano viven apenas unos 300.000 habitantes, en 16 municipios. De ellos, unos 84.000 son indígenas, casi todos guaraníes y el resto weenhayeks y tapietes, que en 75 por ciento viven en pobreza, según indicadores oficiales.
Flores explicó que los guaraníes comprendieron poco a poco que su supervivencia dependía de que supieran organizarse y fortalecerse como pueblo y de ahí nació en 1987 la APG, cuyas autoridades se eligen cada dos años. Él, de tan solo 29 años, es un ejemplo del nuevo liderazgo surgido gracias a la autoorganización.
Con la APG, los guaraníes reivindican dejar de estar marginados de la toma de decisiones que les afectan, como salud, educación, vivienda, servicios básicos, y también del tipo de desarrollo en su territorio ancestral.
Flores recordó que el analfabetismo y el hecho de que los guaraníes sientan que pertenecen a la tierra donde viven y no esta a ellos, facilitó que hasta hace poco fuesen utilizados en trabajos esclavos o semiesclavos en la agricultura, con tan solo el pago de comida y ropa, por hacendados criollos (no indígenas).
Consideró que la nacionalización de hidrocarburos mediante la cual YPFB retomó el control accionario de todas las actividades petroleras, ejecutada por Morales en 2006, el año que inició su primer mandato el presidente aymara, se transformó de esperanza en decepción para su nación.
"La nacionalización no trajo ningún beneficio y estoy seguro de que en varias comunidades siguen alumbrándose con velitas, mecheros (recipientes de metal con diesel y una mecha de tela) y fuego grande", dijo.
"En el proceso de cambio, no ha cambiado nada, nomás es nombre, y mi pueblo sigue enfrentando pobreza y recibiendo atropellos", pese a ser el originario de la gran provincia petrolera boliviana, cuya capital informal es Camiri, localidad de unos 70.000 habitantes del departamento de Santa Cruz.
Para modificar esa realidad, la APG peleó para lograr que cinco por ciento de las regalías de hidrocarburos se destinase a un Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), que nutre iniciativas como la llamada "renta dignidad", un bono para los adultos mayores.
Flores destacó que el gobierno ha escuchado sus demandas y diferentes ministros han venido a reunirse con las autoridades guaraníes, pero estas iniciativas no se traducen en soluciones reales para los problemas, lo que "nos fuerza a actos de presión para obtener respuestas".
El líder guaraní puso como otro ejemplo de los problemas que enfrentan el hecho de que los recursos del FDI estén centralizados en La Paz, que su distribución sea muy inequitativa entre los 36 grupos etnolingüísticos bolivianos, y que buena parte, además, quede en manos de colonizadores y campesinos no indígenas.
Según su cálculo, solo 11 por ciento de los recursos del fondo llegan a los pueblos de las tierras bajas, entre las que se encuentra el Chaco, y solo uno por ciento a los guaraníes.
Otro problema es el ambiental. "Los trabajos de las empresas petroleras dañaron al ecosistema, a las aguas de los ríos, a las quebradas ahora contaminadas, a la flora y la fauna y por todo eso está sufriendo el pueblo", detalló Flores.
"El gobierno habla de consulta y es el primero en violar ese derecho, como sucede con la planta separadora. El pueblo no está en contra de la actividad, sino que exige que nos consulten como dueños del territorio", planteó.
El gobierno también incumplió las promesas de compensar con tierras públicas las tierras comunitarias afectadas y la mejora del saneamiento. "El Estado debe garantizar el servicio del agua y así como saca hidrocarburo por cañerías, debería proveer de esa forma agua a la población", dijo Flores.
El dirigente, nacido en una pequeña comunidad, donde estudió bachillerato antes de ser becado para formarse en Ecuador en derechos indígenas, subrayó que "los guaraníes no demandamos favores, sino que se cumpla la obligación y la justicia de participar de los beneficios que da nuestra tierra".
