El anuncio de cierre del diario La Nación hizo en Chile que periodistas, analistas y legisladores opositores se fijaran en la concentración de la prensa, ahora solo en manos de dos grupos empresariales, y en la falta de una normativa que asegure pluralidad de medios, incluidos la radio y la televisión.
"El Estado debe crear medios de comunicación pública en aquellas áreas (prensa, radio o televisión) donde existen altos niveles de concentración de la propiedad", reclamó el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Marcelo Castillo.
Más aún, "se requieren políticas públicas de comunicación que vayan más allá de la existencia de estos medios", dijo.
Actualmente, el único medio electrónico estatal es Televisión Nacional de Chile, una empresa autónoma cuyo directorio de siete miembros se forma a propuesta de la Presidencia, con ratificación del Senado.
Castillo explicó a IPS que "se tiene que incentivar la creación de medios vinculados a la sociedad civil, o tomar el ejemplo de Argentina, donde existe una agencia que gestiona la publicidad estatal de manera de asegurar que sea adecuadamente repartida en una gran cantidad de medios".
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El cierre del centenario diario La Nación, en el que el Estado poseía 69 por ciento del paquete accionario, fue determinado por representantes en su directorio del gobierno derechista de Sebastián Piñera, quien en la campaña electoral ya había advertido que tomaría esa decisión si llegaba a la Presidencia.
A fines del año pasado ya había dejado de circular la edición impresa de La Nación, y el 24 de septiembre se acordó el cese definitivo de su versión en Internet, donde marca más de un millón de visitantes. La decisión, además de impactar en las comunicaciones, significó la cesantía de 600 trabajadores.
"Durante 20 años, tras el retorno a la democracia, hemos visto un diario La Nación que ha estado siempre bajo la subordinación de los gobiernos de turno, y creemos que esto no es conveniente y que las autoridades no necesitan de medios de comunicación propios", argumentó el portavoz oficial, Andrés Chadwick.
En esa línea, el presidente del cogobernante partido Renovación Nacional, Carlos Larraín, calificó el cierre de "muy buena noticia", y señaló que, "para la salud del periodismo, es bueno terminar con la competencia estatal a la prensa libre".
"El periodismo subsidiado no sirve para nada", sentenció.
Para Castillo, en cambio, "el Estado tiene que garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, asegurar que exista una pluralidad de medios y, si esta no existe, crear y buscar una fórmula para hacerla efectiva".
Datos de la Asociación Nacional de la Prensa, que reúne a los propietarios de medios escritos, indican que dos empresas concentran 90 por ciento de los lectores en Chile. Se trata de la firma El Mercurio y el Consorcio Periodístico de Chile SA, con los diarios Tercera y La Cuarta, además de la revista Qué Pasa, entre otros medios escritos y electrónicos.
Ambos emporios están manos de las familias más ricas e influyentes del país, que además detentan el monopolio ideológico de derecha.
Pero Castillo advirtió que, si bien fue Piñera el que decretó el cierre de La Nación, los gobiernos que lo precedieron, de la centroizquierdista Concertación por la Democracia, tampoco promovieron una política pública de comunicaciones.
"Durante los tres últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hubo más pluralismo informativo en los medios escritos que lo que hay hoy", subrayó el periodista, marcando la paradoja.
"No tenemos actualmente en Chile, por ejemplo, ni un solo diario de oposición. La existencia de una política pública de comunicaciones no es responsabilidad sólo del gobierno de Piñera, sino del fin de la dictadura hacia adelante", apuntó.
Ese es el caso de Fortín Mapocho, un diario clave en la lucha contra la dictadura, que desapareció en 1991, y del diario La Época, de corte progresista, editado entre 1987 y 1998.
Otros semanarios, como Análisis y Apsi, cerrados en 1994 y 1995 respectivamente, fueron emblemáticos opositores de la dictadura, pero no sobrevivieron en democracia.
Para el sociólogo Manuel Antonio Garretón, ganador del premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2007, en el cierre del diario La Nación imperó "una visión ideológica de desmantelamiento de los espacios públicos como los educacionales, de seguridad social y ahora comunicacionales".
"En el caso de La Nación, el Estado se desprende de la posibilidad de un espacio público que, dado que el mercado no es plural, debiera garantizar", aseveró a IPS.
"Usando el principio del Estado subsidiario, entiendo que lo que no puede ofrecer el mercado, en este caso el pluralismo periodístico, lo debiera ofrecer el propio Estado a fin de compensar la acción de los medios privados que son de carácter ideológico de derecha", opinó.
"El Estado debiera promover y permitir la creación de medios de tendencias distintas a las predominantes", enfatizó.
A juicio de Garretón, el "desmantelamiento" comenzó cuando se privatizó Radio Nacional de Chile en 1993, perdiendo un enorme instrumento de generación de conciencia pública.
"Todo lo que sea provisión por parte del Estado con forma participativa, como debiera serlo, tiende a ser eliminado", comentó.
"El ejemplo más claro es lo que ocurre con la educación, pero también en otros campos como la televisión pública, que ofrece docurealities (programas de telerrealidad) gastando enormes recursos para mostrar la vida particular de personas que no tienen ningún interés para el país. Es el uso de la televisión pública en términos estrictamente ideológicos", detalló.
Por su parte, el senador socialista Juan Pablo Letelier dijo a IPS que "los grupos económicos en Chile, a diferencia de Brasil y de otros países, están demasiado hermanados con la derecha política, lo cual redunda en medios de comunicación en pocas manos y con un sesgo ideológico muy definido".
Agregó que esta concentración y estructura de propiedad "genera pensamientos y visiones de país derivada de una carencia de libertad de prensa real".
"El problema tiene que ver con la estructura de la publicidad en nuestro país que no se ha democratizado. No es que no se haya tratado de legislar sobre el particular, pero la derecha no quiere democratizar la publicidad en los medios", sostuvo el legislador, hijo de Orlando Letelier, el excanciller del gobierno de Salvador Allende asesinado en 1976.
El Estado tiene un rol, "no de subsidiar, sino de asegurar un marco regulatorio para que las empresas que hacen publicidad tengan que hacerlo en medios diversos", puntualizó.
"La democracia no es solamente votar y elegir sino también es democracia económica y de circulación de diversidad de opiniones", concluyó.
