El Acuerdo de Asociación entre América Central y la Unión Europea (UE) elevará la presión ambiental y social en el istmo, advierten especialistas y activistas. Pero no todas son espinas.
"Se puede esperar un incremento en la operación de industrias extractivas", que traen consigo "repercusiones ambientales y sociales negativas", dijo a Tierramérica el director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la jesuita Universidad Rafael Landívar, Juventino Gálvez.
Este es un aspecto delicado en varios países. En Guatemala, por ejemplo, la empresa Montana Explotadora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, fue acusada de contaminar ríos y afectar el suministro de agua de 18 comunidades indígenas en el occidental departamento de San Marcos, por explotar oro de la mina Marlin.
En mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado suspender la operación de la mina, pero esta sigue funcionando.
"La institucionalidad nacional es precaria; y es conocida la tendencia a irrespetar la legislación, ya de por sí vaga y permisiva", agregó Gálvez.
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La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, firmado el 29 de junio por la UE, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, depende de que sea ratificado en el Parlamento Europeo y en los poderes legislativos de los seis países centroamericanos.
El acuerdo implica compromisos mutuos en tres áreas: diálogo político, cooperación y comercio.
En materia comercial, habilita el ingreso recíproco sin aranceles de productos agrícolas -café, frutas, vegetales y carnes-, textiles e industriales, inversiones en servicios como finanzas, comunicaciones y transporte, y compras gubernamentales, entre otros.
En cooperación, se trata de promover la asistencia técnica y el intercambio en el uso de energías limpias, minería, turismo, pesca, transporte, desarrollo sostenible y ambiente.
La porción más significativa sobre temas ambientales se encuentra en este capítulo, cuyo Título V comprende también desastres naturales y cambio climático, dos aspectos clave para el istmo.
En diálogo político, se propone impulsar intereses comunes en el Estado de derecho, la buena gobernanza, la democracia, los derechos humanos, la equidad de género, los derechos de los pueblos indígenas, la reducción de la pobreza y las migraciones.
Para Gálvez, si se suma la "potencial" expansión de los monocultivos, crecerá la conflictividad "por la competencia entre proyectos agroindustriales y comunidades rurales por el acceso a recursos estratégicos".
La palma aceitera, cuya superficie plantada se triplicó entre 2003 y 2010, dio pie a violentos conflictos agrarios, sobre todo en el norte guatemalteco, con cientos de campesinos desplazados y varios muertos en enfrentamientos con la policía.
Para Miguel Mira, del no gubernamental Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio de El Salvador, "el único interés de estos tratados es abrir a las grandes empresas transnacionales más mercados al comercio y a las inversiones, mientras los temas laboral y ambiental no son relevantes".
En América Central, con unos 43 millones de habitantes, casi la mitad de la población es pobre. Y la pobreza es más profunda en las zonas rurales.
La asimetría es evidente con la UE, de 500 millones de habitantes y una de las zonas más ricas del planeta, que hasta ahora representa apenas 10 por ciento del comercio exterior centroamericano.
En 2011, el bloque europeo vendió al istmo productos por valor de 36.000 millones de dólares, y le compró el equivalente a 31.600 millones de dólares, con un superávit de 4.400 millones a favor de la UE, según datos de la Comisión Europea.
Las ventas centroamericanas se concentran en equipamiento de telecomunicaciones y oficina (53,9 por ciento) y productos agrícolas (casi 35 por ciento en 2010). Mientras, los bienes más importantes que importa de la UE son maquinaria y transporte (48 por ciento) y productos químicos (12 por ciento).
"La lógica del Acuerdo de Asociación es la del libre comercio y todos los otros aspectos de relaciones internacionales son sujetos a ella", dijo el activista Erik Van Mele, de la organización no gubernamental internacional Oxfam Solidariteit.
Aunque en el acuerdo se aborda el desarrollo sostenible y el ambiente, no se garantiza la protección de América Central, una de las zonas más ricas del mundo en biodiversidad.
El artículo 284 sobre comercio y desarrollo sostenible, "estipula que estos temas quedan excluidos de los procedimientos para resolver conflictos eventuales", dijo.
Además, hay interpretaciones diversas sobre el desarrollo sostenible, sostuvo.
Por ejemplo, la promoción de agrocombustibles como "energía verde" para sustituir carburantes fósiles "puede traducirse en deforestación para permitir la siembra de monocultivos, o en hambre derivada del alza de precios del maíz, de consumo básico en la región, por su alta demanda para convertirlo en etanol", advirtió.
Una evaluación del acuerdo, solicitada por la Comisión Europea en 2009, concluyó que, además de sus beneficios económicos y comerciales, generaría mayor presión sobre la tierra, recursos costeros y marítimos y advirtió sobre el aumento de los monocultivos. También sugirió medidas para minimizar los impactos, a ser adoptadas en el marco de la cooperación.
Gustavo Hernández, coordinador en Bruselas de la representación de la no gubernamental Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, dijo a Tierramérica que los mecanismos sancionatorios plasmados "no son vinculantes", y hay "escasa participación de la sociedad civil, sobre todo de las poblaciones mayoritarias que se verán más afectadas" por el acuerdo.
Para Luis Muñoz, del Centro Guatemalteco de Producción más Limpia, la experiencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, vigente en Guatemala desde 2006, muestra que se generan exigencias positivas.
"Cuando se vincula el tema ambiental con el económico, se hace atractiva para las empresas la inversión de tiempo y de recursos en lo ambiental", explicó.
Además, hay que considerar el intercambio de tecnología y el deseo de competitividad, dijo. "Antes, la presión para aprobar leyes ambientales era muy baja, pero del TLC con Estados Unidos surgió el reglamento de aguas residuales", ejemplificó.
Muñoz admitió que toda industria genera impactos, pero se debe "buscar un equilibrio", aseveró. "Sin los beneficios del café, por ejemplo, ¿cuánta gente se quedaría sin ingresos? Y no hablo de los propietarios".
* Este artículo fue publicado originalmente el 15 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
