Agricultores de Malí pelean por sus tierras

En medio de la gran inestabilidad política de Malí, un grupo de pequeños agricultores recurren a la justicia para recuperar sus tierras pues, según dicen, fueron adquiridas por grandes inversores privados.

La iniciativa legal coincide con la pérdida de interés de los inversionistas extranjeros en este país africano debido a la inseguridad por la rebelión armada en el norte.

"Presentamos una demanda por el acaparamiento de tierras agrícolas que perjudicó a muchos pequeños agricultores", indicó Lamine Coulibaly, miembro de la Coordinación Nacional de Organizaciones de Campesinas (CNOP, por sus siglas en francés), que lucha contra la agroindustria.

La próxima audiencia será el 27 de este mes en la central ciudad de Markala. Con esta iniciativa esperan poner un freno al acaparamiento de tierras que cultivan desde hace varias generaciones.

"Ya hubo varias audiencias sin verdaderas deliberaciones, pero tenemos confianza en el sistema judicial. Estamos convencidos de que tenemos razón y de que podemos ganar el caso", remarcó Coulibaly.
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El demandado es el Servicio de Níger, dependencia estatal a cargo del desarrollo de una zona anegadiza de un millón de hectáreas cuadradas en la región central.

El enorme potencial agrícola de Malí puede ser atribuido a una presa construida por las autoridades coloniales francesas en 1932. Pero cuando llegaron los inversores extranjeros en 2008 solo se habían desarrollado 100.000 hectáreas.

La zona se abrió a los capitales privados en detrimento de los agricultores locales, quienes denuncian haber perdido sus tierras.

"Las expropiaciones se realizaron para hacer lugar a proyectos agroindustriales. El gobierno suscribió acuerdos asignando tierras a inversionistas para enormes iniciativas como la libia Malibya, que cubre 100.000 hectáreas", dijo Coulibaly a IPS.

Los agricultores sostienen que unas 800.000 hectáreas son afectadas por este problema. La demanda, que continuará a fines de este mes, apunta a otro proyecto, el de la azucarera de Markala (Sosumar), al que le fueron asignadas 25.000 hectáreas para plantar caña de azúcar.

"Treinta tres pueblos en Sana (en la central región de Ségou) fueron víctimas de Sosumar", señaló Massa Koné, uno de los que presentó la demanda.

Según CNOP, de la vasta extensión de tierras asignada a Sosumar, solo se crearon dos plantarios de caña de azúcar, de 140 hectáreas cada uno.

Los pequeños agricultores aplaudieron la partida de Illovo Sugar, uno de los principales participantes de Sosumar.

El sitio de Internet de la CNOP señala que la compañía sudafricana se retiró del proyecto por la crisis sociopolítica que soporta este país.

"Pero los pequeños agricultores no pueden cultivar", dijo Koné a IPS. "Los inversores privados cercaron los campos y mantienen los plantarios", añadió.

El proceso judicial complica un ambiente ya difícil para la inversión en la región. El proyecto Malibya quedó estancado desde la caída del líder libio Muammar Gadafi en 2011, pese a la terminación de las obras viales y un canal de 40 kilómetros.

Los agricultores están preocupados por la seguridad alimentaria y el futuro los agricultores familiares que viven de sus cultivos en todo el país. Pero Bubacar Sow, director ajunto del Servicio de Níger sostiene que sus temores son infundados.

Con ayuda de inversores privados, de hecho, el gobierno está desarrollando tierras para distribuir entre los agricultores familiares.

"Las 100.000 hectáreas desarrolladas por el gobierno fueron puestas a disposición de los operadores familiares, quienes produjeron 564.000 toneladas de arroz en 2011", indicó.

Sow señaló que la oposición de los pequeños productores a los inversores privados no hace más que entorpecer los esfuerzos del gobierno para ampliar el área desarrollada. También indicó que las zonas ofrecidas a los capitales extranjeros estaban originalmente desocupadas.

"La gente fue invitada a venir y a asentarse en el área por las mejoras realizadas por el Servicio de Níger", añadió.

Mientras defienden su caso en la justicia, los agricultores mantienen el diálogo con grandes inversores del Servicio. En algunas aldeas, pudieron negociar el derecho a cultivar en campos que habían perdido hace tres años.

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