Su padre y otros pescadores resistieron con hoces, azadas y otros instrumentos de trabajo a los hombres armados del supuesto propietario de los terrenos que quería desalojarlos. Pero luego vinieron policías militares y les tumbaron ocho casas.
La indignación se desbordó con el desalojo de una familia con cinco hijos paralíticos, "echados al sol de la calle", contó Vilson Correa a Tierramérica. Por suerte, el alcalde local ordenó suspender la operación y reconstruir las viviendas, "porque tenía un compadre" en la comunidad desalojada.
Correa tenía nueve años en aquel 1970, cuando su casa fue una de las destruidas. Fue su bautismo de fuego en la lucha por mantener la comunidad pesquera de Zacarias, en el municipio de Maricá, a 60 kilómetros de Río de Janeiro, ante sucesivos intentos de desplazarla con amenazas y atentados.
Hoy, como presidente de la Asociación Comunitaria de Cultura y Esparcimiento de los Pescadores de Zacarias, fundada en 1943, enfrenta un desafío arrollador: la construcción de un gran complejo turístico, residencial y comercial que puede extinguir el modo de vida tradicional de su pueblo.
La villa de Zacarias, con sus 100 familias, ejemplifica la presión que sufren los pescadores artesanales en Brasil, ampliada en los últimos años por una expansión económica que se asienta en grandes proyectos energéticos, logísticos y turísticos.
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Centrales hidroeléctricas que se cuentan por decenas en algunos ríos y ahora invaden la Amazonia desplazan poblaciones ribereñas y alteran la ecología fluvial, quitando condiciones a la pesca tradicional. Puertos y complejos industriales y turísticos se instalan en bahías y otros ecosistemas propicios para la reproducción de peces y mariscos.
El petróleo, que en Brasil se extrae principalmente del fondo del mar, es otro verdugo, no solo por sus frecuentes derrames, sino también por la extensa infraestructura que exige en puertos, ductos y embarcaciones.
Ante esa ofensiva contra sus espacios, el Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales de Brasil, que se organizó en la primera conferencia nacional del sector en 2009, inició en junio una campaña por la creación de Territorios de las Comunidades Tradicionales Pesqueras.
Se trata de recoger 1,38 millones de firmas para proponer un proyecto de ley que reconozca y asegure el derecho de los pescadores a un territorio, que incluya tierras y agua, donde puedan vivir de su trabajo y su cultura.
Las propuestas de iniciativa popular deben ser acogidas por el Poder Legislativo cuando cuentan con apoyo de al menos uno por ciento de los electores, según la Constitución de 1988. Cuatro proyectos así presentados ya fueron aprobados.
Al contrario de los indígenas y "quilombolas" (descendientes de esclavos africanos que viven en comunidades remanentes), los pescadores no disponen de una legislación que permita demarcar un área exclusiva y comunitaria, aunque sus derechos están reconocidos como uno de los pueblos tradicionales de este país de más de 192 millones de habitantes.
El desarrollo que impulsa el gobierno estimula "la privatización de los cuerpos de agua" y la acuicultura a escala empresarial, en desmedro de los pequeños pescadores, observó María José Pacheco, del católico Consejo Pastoral de los Pescadores, que apoya el movimiento desde Olinda, en el Nordeste brasileño.
La pesca tradicional responde, según ella, por 70 por ciento del pescado consumido en este país. Su defensa es también una cuestión de seguridad y soberanía alimentaria.
Los territorios de la pesca asegurarían la "reproducción física y cultural" de las comunidades pesqueras, en "su lógica de visión de mundo, de no acumulación, sino de relación armoniosa con la naturaleza", dijo Pacheco a Tierramérica.
En Brasil hay 1,5 millones de pescadores, estima el Consejo Pastoral, mientras el Ministerio de Pesca y Acuicultura tenía 853.231 registrados hasta fines de 2010. Las estadísticas son precarias, incluso sobre producción pesquera, y excluyen a muchas mujeres que se dedican a la actividad, matizó Pacheco.
"Resistir ya es una victoria", dijo a Tierramérica la pescadora Marizelha Lopes, del nororiental estado de Bahía y una de las coordinadoras de la campaña por los territorios. El petróleo, las represas y las camaroneras son los grandes enemigos en el Nordeste.
La cría de camarones se expandió destruyendo manglares vitales para la vida marina, explicó Lopes, de una familia de 11 hermanos pescadores en Isla de Maré, donde "80 por ciento de los 8.000 habitantes" se dedican a la pesca. La isla queda cerca de Salvador, capital de Bahía y un gran mercado consumidor.
"No estamos contra el progreso, si no es excluyente" y si la acuicultura y los grandes proyectos no imposibilitan la pesca artesanal, aclaró. No se puede obligar al pescador a convertirse en acuicultor, dijo. "Yo soy pescadora, no sé hacer otra cosa y no quiero".
Las reservas extractivistas (Resex), áreas en las que pueblos tradicionales aprovechan productos naturales de manera sustentable y limitada, son una alternativa para los pescadores. Nacieron de la lucha de los "seringueiros" (recolectores de caucho natural) contra la deforestación de los madereros y agricultores.
En Arraial do Cabo, en el norte del estado de Río de Janeiro, se creó una Resex Marina que beneficia a 300 familias, destacó el secretario de Ambiente estadual, Carlos Minc, en respuesta a los pescadores que lo critican por haber autorizado proyectos que afectan su actividad.
Pero tanto las Resex como las tierras indígenas y quilombolas ya demarcadas sufren invasiones de hacendados y empresas, apuntó José Carlos Feitosa, un pescador que enfrenta conflictos distintos en la Amazonia.
Él vive en Aveiro, a orillas del río Tapajós, un gran afluente del Amazonas, donde el gobierno piensa construir cinco grandes centrales hidroeléctricas en los próximos años. "Será la muerte del Tapajós", teme Feitosa, miembro de una colonia de cerca de 2.000 pescadores, cuya presencia certifica "una cuenca aún abundante en peces".
Maricá era el gran proveedor de pescado de la ciudad de Río de Janeiro hace tres décadas, cuando entregaba 60 o 70 toneladas por semana. Hoy difícilmente alcanza cinco toneladas, realzó Roberto Ferraz, secretario general de la Federación de las Asociaciones de Pescadores Artesanales del estado.
Aun así, Correa persiste en la resistencia de Zacarias que empezó con sus abuelos, antes de 1940, cuando apareció un propietario de la tierra con documentos oficiales, aunque la comunidad pesquera vivía allí hacía "tres siglos", según el líder pesquero.
La amenaza actual es la construcción de cuatro hoteles, un conjunto residencial, centros comerciales y campos de golf e hipismo en la propiedad conocida como Fazenda São Bento da Lagoa, que incluye la villa de los pescadores.
El nuevo dueño de la tierra y del proyecto, la empresa de negocios inmobiliarios IDB Brasil, administrada por el grupo español Cetya, promete en su publicidad la "regularización de los terrenos de la comunidad de pescadores Zacarias" y mejoras ambientales, como reforestar la zona con especies nativas y tratar todas las aguas servidas.
Los pescadores ven en el proyecto una amenaza de extinción. Y sus aliados ambientalistas temen que se destruya la biodiversidad de la restinga, el ecosistema que separa la gran Laguna de Maricá del mar.
* Este artículo fue publicado originalmente el 4 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
