Dos años después de la matanza de 72 inmigrantes, la precariedad de los albergues para extranjeros indocumentados en México resulta alarmante, por el aumento de su flujo, la insolidaridad de la ciudadanía, la presión del crimen organizado y la ausencia de políticas migratorias.
"Estamos ante el coletazo de la mezcla de huracanes que han destruido infraestructura, accidentes de tren y matanzas que han hecho que la atención a inmigrantes se incremente", dijo a IPS la activista Martha Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Justamente, el 23 de agosto de 2010 se perpetró una masacre de inmigrantes en tránsito hacia Estados Unidos que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional: 14 mujeres y 58 hombres fueron asesinados en el nororiental estado de Tamaulipas por el cartel del tráfico de drogas conocido como Los Zetas.
En México hay 54 refugios situados en los puntos por los que discurre el tránsito migratorio, a través muchas veces de trenes de carga. Uno de esos lugares es administrado por organizaciones laicas de la sociedad civil y los 53 restantes por la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, adscrita a la Iglesia Católica.
Cada año unas 500.000 personas se internan por la frontera sur mexicana para cruzar el país e ingresar a Estados Unidos por el límite fronterizo del norte, según organizaciones pro derechos de los inmigrantes y expertos.
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Esa ruta de 5.000 kilómetros de largo está sembrada de abusos, secuestros, extorsiones y otras agresiones, a manos de organizaciones criminales con la connivencia de policías y funcionarios migratorios, denuncian activistas y migrantes en tránsito.
"Los albergues son espacios de protección y de denuncia pública y judicial", comentó Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante Posada Belén, en el municipio de Saltillo, en el norteño estado de Coahuila.
"En algunas zonas se ha agudizado el problema contra los albergues y hay otros espacios que no han sido del todo visibilizados. Estamos viendo que se están moviendo muchos intereses contra estas instalaciones", explicó a IPS.
Su centro acoge semanalmente entre 200 y 300 inmigrantes, quienes en promedio permanecen en el lugar una semana, para proseguir hacia el vecino del norte.
En los albergues, los viajeros indocumentados encuentran comida, cama, ropa limpia, aseos y asesoría sobre las medidas a tomar para disminuir su vulnerabilidad.
Esos sitios de acogida sobreviven mayoritariamente de donaciones de ropa, víveres y medicamentos.
"Es el resultado de las políticas hacia la migración. Es el principal problema", aseguró a IPS el obispo de Saltillo, Raúl Vera, uno de los más fervientes defensores de los inmigrantes en situación irregular, que llegan al país en tránsito o para quedarse.
Los activistas acusan al gobierno mexicano de instrumentar políticas represivas contra la inmigración, bajo el enfoque de la seguridad nacional, que son ineficaces en desmantelar la complicidad de funcionarios y policías con las bandas criminales que atacan a las personas indocumentadas.
"Los albergues se interponen entre los inmigrantes y los intereses de quienes quieren beneficiarse de ellos. Por su vulnerabilidad, son presa fácil de los delincuentes", indicó Jorge Andrade, miembro del colectivo Ustedes Somos Nosotros.
Esa organización apoya al Refugio San José, en el municipio de Huehuetoca, en el central estado de México, colindante con la capital y por el que se prolonga.
Esa organización no gubernamental cooperaba con víveres para la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Tultitlán, en el mismo estado. Pero el centro se vio forzado a cerrar en julio, por la presión de la ciudadanía local, que cada vez se resiste más a tener los albergues migratorios en su entorno.
Los responsables del centro montaron entonces un campamento bajo un puente, cerca de las vías del ferrocarril, pero también fueron expulsados por la población inconforme. Ante ello, el gobierno estadual los reubicó a unos 30 kilómetros de Tultitlán.
En San José se rotan ahora solo unos 180 indocumentados, que pueden pernoctar ahí por un máximo de tres días.
Estos infortunios ejemplifican el acoso que sufren los refugios para los centroamericanos en situación irregular, lo que agrava las poco humanas condiciones en las que se movilizan los viajeros que cruzan México sin la documentación requerida.
Para los activistas, la creciente precariedad de los albergues es una evidencia más del déficit en materia migratoria legado por el presidente conservador Felipe Calderón, cuyo mandato sexenal culminará el 1 de diciembre.
De un presupuesto total anual de 136 millones de dólares, el Instituto Nacional de Migración ha usado este año solo 1,4 millones en protección de emigrantes e inmigrantes, repatriación y acompañamiento de menores. El resto se destina a actividades operativas y administrativas.
Esa dependencia deportó a sus países de origen durante el primer semestre del año a unos 41.828 centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos y hondureños.
El reclamo de mejores políticas migratorias y el combate a la impunidad en abusos contra los viajeros sin papeles marca la conmemoración de la llamada masacre de Tamaulipas, acaecida en el poblado de San Fernando.
Fue un crimen colectivo que desnudó los vicios de la política migratoria mexicana, contaminada por las mafias criminales, aseguran activistas y expertos.
"Me impresiona que no haya habido una mejor respuesta. El nivel de impunidad es lamentable. Es muy preocupante que la sociedad mexicana no se indigne frente a la migración", señaló Leticia Calderón, jefa del área de Sociología Política y Económica del estatal Instituto de Investigaciones José María Luís Mora.
De las 72 víctimas, en su mayoría centroamericanos, 13 fueron enterradas en una fosa común, sin identificación alguna.
"Lo que leemos en esta cadena de impunidades significa sufrimiento, muerte, tortura y destrucción de personas y familias enteras", dijo Vera a IPS.
La situación cada vez más precaria de los albergues forma parte de la agenda del XIII Taller Nacional de la Pastoral de la Movilidad, que va a realizarse entre los días 28 y 30 de este mes en la ciudad de Morelia, en el centro-occidental estado de Michoacán.
"Más allá de que sea la labor específica de la Iglesia Católica, debe haber un diálogo entre el gobierno, las poblaciones locales y las organizaciones, para llevar a cabo ese trabajo", sugirió el activista Andrade.
Además, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno mantienen una pugna por la elaboración del reglamento de la Ley de Migración de 2011, debido a que el Poder Ejecutivo no ha incorporado sus propuestas al borrador.
El contencioso llegó a los tribunales mexicanos en junio, cuando la no gubernamental I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos presentó un amparo por la falta de consulta a la sociedad civil organizada y la no incorporación de sus puntos de vista.
El recurso fue rechazado entonces, pero el lunes 20 una corte de apelación resolvió que el tribunal debía revisar el amparo interpuesto.
La norma del año pasado despenaliza la internación indocumentada y reconoce los derechos humanos de los inmigrantes, pero cancela la posibilidad de conceder visas humanitarias para los viajeros en condición irregular.
