La suspensión de una concesión portuaria a una firma española desencadenó una reflexión en Guatemala sobre incontables licencias a empresas nacionales y extranjeras en áreas como petróleo, ferrocarriles y energía, donde se considera que el interés individual prevalece en perjuicio del colectivo.
"En vez de tomar en cuenta los beneficios para las comunidades y el colectivo, los gobiernos han tomado decisiones lesivas a los intereses del Estado para beneficiar a las trasnacionales petroleras, mineras y otras", dijo a IPS el abogado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas.
Como ejemplo recordó que el ex secretario ejecutivo del gubernamental Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Sergio Veliz, fue condenado el 31 de julio a tres años de prisión por alterar el plan maestro del parque nacional Laguna del Tigre, un área protegida de 334.080 metros cuadrados, para facilitar la explotación petrolera.
El gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) también violentó otras normas, como la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Áreas Protegidas, con el fin de prorrogar en agosto de 2010 el contrato a la firma anglofrancesa Perenco por 15 años más, en un parque que integra la reserva de la biosfera maya, en el norteño departamento de Petén.
"Las comunidades rurales son las más golpeadas porque viven alrededor de proyectos mineros y petroleros que dañan severamente el ambiente", además de la pobreza en que subsisten, añadió Cadena.
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Pero, además, denunció que el gobierno está remilitarizando las zonas de inversión para proteger a las empresas.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del año pasado, 54 por ciento de los 15 millones de guatemaltecos son pobres y 13 por ciento de ellos indigentes, sobre todo en los territorios indígenas a menudo rodeados de proyectos mineros y petrolíferos.
El debate sobre los beneficios reales que dejan las concesiones al país se originó luego que el gobierno suspendiera temporalmente el 10 de este mes la concesión de 350.000 metros cuadrados de la estatal Empresa Portuaria Quetzal, situada en el sureño litoral del océano Pacífico, a la española Terminales de Contenedores de Barcelona (TCB).
El presidente derechista Otto Pérez Molina se vio obligado a suspender la firma del contrato de usufructo en arrendamiento con TCB ante una serie de denuncias de corrupción hechas por opositores políticos, sindicalistas y empresarios.
"La concesión se hizo para que los guatemaltecos tengan la oportunidad de tener un puerto moderno, eficiente y competitivo", dijo el mandatario, un general retirado, quien busca el apoyo de alcaldes, sindicalistas y otros sectores para ratificar el contrato. En tanto, el opositor y derechista partido Líder, que presentó tres demandas judiciales contra funcionarios por este caso, calificó de lesivo el contrato, dado que el Estado percibirá solo cuatro dólares por cada contenedor, cuando en otros países el monto es de 400 dólares.
En 2011, la Empresa Portuaria Quetzal reportó utilidades por 11,6 millones de dólares.
Cadena dijo que, antes de otorgar una concesión, el gobierno debe tener en cuenta los intereses del Estado de Guatemala, que no se atente contra la salud de los pueblos y el ambiente, y determinar con precisión las ganancias que percibirá.
Hasta ahora, la realidad ha sido otra.
José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala, recordó que servicios como la telefonía, la energía eléctrica y el ferrocarril han sido entregados en concesión a empresas extranjeras. Ellas "generan ganancias millonarias y solo dejan migajas al país", dijo a IPS.
Como ejemplo puso la concesión de la autopista Palín-Escuintla, en el sur del país, entregada en 1998 a la empresa mexicana Marhnos. La concesionaria puede incrementar el peaje cada semestre y solo debe aportar al Estado uno por ciento de las regalías.
"Esto llora sangre porque las concesiones nunca se han otorgado en función de los intereses nacionales", aseguró.
Marhnos habrá ganado unos 650 millones de dólares para 2023, cuando finalice su contrato, según estimaciones periodísticas.
En otras operaciones comerciales, el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) vendió a grupos privados las estatales Empresa Eléctrica de Guatemala, la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y Ferrocarriles de Guatemala, en operaciones rodeadas de opacidad y rechazadas por amplios grupos sociales.
La académica indígena Irma Alicia Velásquez dijo a IPS que "la historia de las concesiones en países bananeros como el nuestro es larga: ferrocarriles, correos, puertos, energía eléctrica y otros, y sin respetar las opiniones de las poblaciones".
"Lo que se ha buscado es la ganancia de los grupos inversores y lo que se ha dejado al país es muy poco", dijo para citar en estos casos los sectores del petróleo y la minería.
Un ejemplo, las ganancias de la mina de oro y plata Marlin, situada en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, en el suroccidental departamento de San Marcos, aumentaron de 269 millones de dólares a 607 millones de dólares entre 2010 y 2011, según datos de su concesionaria, la empresa canadiense Goldcorp.
En tanto, Montana Exploradora, subsidiaria en Guatemala de Goldcorp, entregó al Estado solo 16 millones de dólares en regalías entre 2005 y 2010, según la empresa. Es equivalente al uno por ciento del producto comercializado, como obliga la ley minera vigente.
Para Velásquez, el mayor problema de estas inversiones es que con ellas se han violado los derechos humanos de los pobladores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el 20 de mayo de 2010 a Guatemala la suspensión de la explotación de Marlin, al acoger una medida cautelar a favor de 18 comunidades indígenas.
Pero Montana Explotadora, acusada de contaminar varios ríos, sigue operando la mina.
"Debe revisarse con detenimiento qué debería concesionarse y qué no porque existe la idea de que se concesionarán hospitales y servicios básicos, lo cual es peligroso para países pobres como el nuestro, donde los servicios mínimos son inaccesibles, y concesionados son inalcanzables", dijo la antropóloga kiche.
Según Luis Linares, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, "no ha habido una sola concesión en la historia del país donde prevalezca el interés común de los ciudadanos". Pero "sí ha habido poca transparencia en todas ellas", acotó a IPS.
El experto considera que además de que es necesaria una política, una ley debería regular lo relacionado a las concesiones, cuyos beneficios deben ser de interés general.
"Es un instrumento que puede ser utilizado en ciertos casos en los cuales la operación de un ente privado es más favorable, pero debe hacerse mediante un concurso público para garantizar que los interesados ofrezcan las mejores condiciones para el país", dijo.
