El parlamento de Brasil abrió espacio a la consulta ciudadana de un proyecto de ley que quita el carácter de delito penal al consumo de drogas ilícitas, con el fin de que la problemática de las adicciones sea tratada como un asunto de salud pública.
La consulta pública, que se extenderá por los próximos 90 días, fue solicitada por la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia (CBDD) con el fin de "dar un tiempo para asimilar la propuesta", explicó el director de la organización no gubernamental Viva Rio, Rubem César Fernandes.
La iniciativa busca en primer lugar "definir con claridad quién es traficante y quién es usuario", indicó Fernandes en entrevista con IPS.
El segundo objetivo, añadió, es que las personas que tengan problemas de adicción "sean encaminadas directamente a la asistencia de salud", sacándolas del área criminal-penal, para ofrecerles un tratamiento integral y de calidad, añadió.
Un ejemplo es la legislación de Portugal, que sirvió de inspiración para la campaña "Ley de drogas: es necesario cambiar", impulsada por la CBDD.
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Ese modelo estableció medidas de prevención, de tratamiento, de reducción de daños y de reinserción social de los adictos, para lo cual, entre otras cosas, creó comisiones multidisciplinarias de médicos, psicólogos y juristas que analizan cada caso y determinan qué tipo de atención debe recibir el usuario.
En ese sentido en particular, cumplirían un papel fundamental en Brasil, si se aprueba el proyecto, instituciones como la Iglesia Católica, la familia, las escuelas y, "cuando hay un problema de salud, el sistema sanitario", sostuvo Fernandes.
El presidente de la CBDD, Paulo Gadelha, resumió ante la prensa que "quienes pueden dar las formas y los medios para tratar a las personas" por el uso abusivo de sustancias ilegales "son las áreas de salud y de educación, sin descuidar la participación muy importante de las religiones".
Gadelha, quien lidera la gubernamental Fundación Oswaldo Cruz, encabezó la delegación de la CBDD que entregó el miércoles 22 este proyecto de ley, acompañado de más de 100.000 firmas de apoyo, al presidente de la Cámara de Diputados, Marco Maia, del gobernante Partido de los Trabajadores.
La corriente a favor de despenalizar el consumo de drogas ilegales e, incluso, el comercio de todas o al menos algunas de esas sustancias, comienza a sobreponerse a las políticas prohibicionistas en vigor en América. Hasta ahora, el más audaz parece ser el gobierno de Uruguay, que propuso crear un mercado regulado para la marihuana, asumiendo el Estado (por sí o en concesión) su producción y comercialización.
La normativa actual brasileña sobre drogas, puesta en vigor en 2006, "es ambigua" al no hacer una distinción clara entre usuario y traficante, recordó a IPS el jurista Pedro Abramovay, uno de los autores del texto propuesto.
Entre ese año y 2011, la cantidad de condenados en el marco de esta ley aumentó de 62.000 a 125.000. Mientras que los sentenciados por otros delitos aumentaron solo 10 por ciento en el mismo lapso.
"Hubo una explosión después de la ley", destacó Abramovay, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) y coordinador del Banco de Injusticias, que reúne casos ilustrativos de esa realidad.
"Cuando se analizó el perfil de esas personas encarceladas se vio que en su mayoría eran reos primarios, que cuando fueron detenidos estaban solos, desarmados y portaban pequeñas cantidades de droga. O sea un perfil más cerca al usuario que al traficante", subrayó el experto, quien fue secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia.
La ley vigente establece que comprar, guardar y transportar droga, aunque sea para uso personal, es penalizado con cinco a 15 años de prisión. En la nueva propuesta queda totalmente fuera de la órbita penal la persona que sea encontrada con sustancias ilegales para su consumo, lo cual constituiría solo una infracción administrativa.
Las cantidades para consumo serían definidas por entidades pertinentes del gobierno, como la Agencia de Vigilancia Sanitaria, y de acuerdo a cada sustancia. En Portugal, por ejemplo, la cantidad permitida por persona se fija en el equivalente a 10 días de consumo para todas las sustancias.
En el caso del cultivo para uso propio, la propuesta no innova. Fernandes explicó que ese tema es polémico inclusive dentro de la CBDD: mientras un sector cree que al permitir el cultivo se evitaría el tráfico ilegal, otros creen que lo estimulará.
La preocupación de la CBDD es no alejar a importantes sectores de la Iglesia Católica y Evangélica que apoyan la propuesta.
Por eso la comisión prefiere no asumir una posición sobre el tema y dejarlo abierto a la discusión pública y del Congreso legislativo, para presentar un frente cohesionado en el debate que más interesa, el de la despenalización del consumo, argumentó Fernandes.
Existen sectores que consideran que la discusión pretende en última instancia "liberar el tráfico de drogas, desarmar al ciudadano". Uno de ellos es el pastor Marco Feliciano, diputado del Partido Social Cristiano, quien declaró que se necesitan "políticas públicas que combatan el narcotráfico y no que emancipen a los usuarios para que puedan cometer esas locuras".
Los autores del proyecto de ley destacan que, por el contrario, el objetivo no es legalizar ni estimular el uso de drogas. Abramovay subrayó que en 21 países donde se despenalizó al consumidor no hubo aumento del uso y cayó el número de detenciones.
Al no criminalizar al usuario, se pueden concentrar recursos en mejorar el tratamiento de los dependientes porque "donde entra la policía, la salud no entra", afirmó.
Asimismo, la policía puede ocuparse de combatir el crimen organizado en vez de desperdiciar recursos en la detención del usuario, agregó.
Tampoco se trata de proponer la liberación del tráfico de drogas. Fernandes indicó que ese es un tema polémico que no hace parte de la discusión actual, porque sobre todo en América Latina el tráfico está vinculado a la violencia y el asunto "está cercado de miedo".
Abramovay coincide en que esa es una cuestión delicada que no forma parte de la discusión actual. El modelo no ha sido experimentado y no se tienen resultados concretos sobre su eficacia, consideró.
Ahora existen situaciones más urgentes, destacó, como "afrontar el tema de las prisiones injustas de las personas pobres y en su mayoría enfermas". "Eso me parece una prioridad", puntualizó.
