Los pescadores artesanales de Chile se encuentran en pie de lucha contra un proyecto de ley diseñado por el gobierno derechista de Sebastián Piñera que, aseguran, privatiza los recursos marítimos y amenaza con llevarlos a la quiebra.
El proyecto "no fue consensuado con las organizaciones de la actividad artesanal. Por lo tanto, se está imponiendo esta normativa que tiene todos los elementos para destruirnos", dijo a IPS el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Pesca, Nelson Estrada.
Movilizados desde hace varios meses, los pescadores artesanales agudizaron sus protestas el miércoles 11, cuando la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó cada una de las 800 indicaciones a la nueva normativa.
En los principales puertos y caletas del país se realizan bloqueos de rutas, se levantaron barricadas y crecen las manifestaciones contra el proyecto. A ello se sumó el mismo 11 la huelga de hambre de José Asencio, pescador del Puerto Gaviota, de Coyhaique, ubicado 1.640 kilómetros al sur de Santiago.
La nueva ley de pesca, que impulsa y defiende el ministro de Economía, Pablo Longueira, de la cogobernante y derechista Unión Demócrata Independiente, regirá la actividad en los próximos 20 años a partir de enero de 2013 si es aprobada, como todo supone. Su texto establece una nueva repartición de las cuotas vigentes.
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Los pescadores denuncian que aumentará la concentración de la actividad a favor de la industria y acabará con ellos, pues establece que los derechos de pesca de las grandes empresas podrán entregarse a perpetuidad y ser heredables.
Además, sostienen que atenta directamente contra la biofauna marina y, por tanto, contra el sustento de los pescadores artesanales.
"Cada día quedan menos recursos pesqueros y una fórmula para solucionar ese problema es eliminar la ley de arrastre de fondo y, la otra, custodiar los recursos que quedan. Sin embargo, el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo", sostuvo Iván Fuentes, dirigente de los pescadores artesanales de Aysén.
En diálogo con IPS, en también líder del movimiento social de la Patagonia chilena que en marzo puso en jaque al gobierno de Piñera con protestas emblemáticas, añadió que el Estado "debe procurar recuperar las costas de nuestro país, porque hay demasiados recursos que se depredaron".
"Hay que repoblar el fondo marino y esta es una reflexión que debe hacer el Estado. El gobierno y el parlamento deben pensar en la existencia de los recursos, porque, cuando estos se acaban, la pesca artesanal muere para siempre", alertó.
En contraste, el gobierno asegura que la ley es necesaria para dar sostenibilidad al sector ante la sobreexplotación de los recursos, pues fija el control y la fiscalización de las pesquerías, ordenamientos y decisiones científicas en materias de administración pesquera, entre otros avances.
Chile posee 6.435 kilómetros de costa en el océano Pacífico y una gran diversidad de recursos marinos. Cifras oficiales indican que 92 por ciento de la actividad se relaciona con la captura de peces, cinco por ciento con la extracción de algas y el resto de mariscos.
En el rango de los peces, las tres grandes capturas del país se concentran en el jurel (Trachurus murphyi), la sardina y anchoveta, con un promedio de valor mayor a los 1.200 millones de dólares anuales, que se encuentran en crisis por sobreexplotación.
La pesca extractiva, que da empleo a más de 128.000 personas, representó 0,4 por ciento del producto interno bruto del país en 2011 y las exportaciones de este tipo de captura y la acuicultura aportaron ese año 4.889 millones de dólares.
Del total de trabajadores del sector, 86.000 son pescadores artesanales, según cifras oficiales.
El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, aseguró que con el proyecto de ley y el fraccionamiento de cuota, acordado en la mesa pesquera, el sector artesanal contará con 55 por ciento de los desembarques, mientras que el área industrial disminuirá a 45 por ciento a nivel nacional.
Sin embargo, los pescadores artesanales denuncian que la nueva ley tiene nombres y apellidos pues favorecerá a siete familias fusionadas en tres grandes conglomerados que controlan 76 por ciento de la capacidad pesquera industrial del país, cifra que representa utilidades calculadas en unos 3.000 millones de dólares anuales.
La fusión de estas empresas, conformadas inicialmente como flotas pesqueras individuales, fue posible luego de la llamada Ley Corta de Pesca, aprobada en 2002 durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000- 2006), de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que adoptó el sistema internacional de cuotas individuales.
Con todo, el proyecto de ley de pesca avanza en el Congreso legislativo bicameral, donde este martes 17 será analizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El gobierno espera que ese mismo día la propuesta sea despachada para la sesión plenaria y, en caso de ser aprobada, pasará a ser discutida de inmediato en el Senado.
Las protestas de los pescadores artesanales aumentaron el viernes 13, tras una fallida reunión entre dirigentes del sector y el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien decidió a última hora trasladar el lugar de la cita desde la sede del gobierno a las exdependencias del parlamento bajo el argumento de "falta de espacio".
A la hora de la cita fallida, La Moneda, sede del gobierno, estaba cercada por efectivos policiales que impidieron el acceso al lugar.
"Los pescadores no podemos entrar a la sede de gobierno. Tienen que pedirle la casa al vecino para recibirnos", dijo Estrada.
"Los pescadores artesanales necesitamos dignidad como cualquier trabajador de Chile", afirmó. "La pesca artesanal representa a un pueblo, una cultura, una forma de vida. Somos los que proveemos a la población de recursos mientras que el industrial sólo se dedica a exportar", subrayó.
El director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Carlos Skewes, coincidió en la importancia de los pescadores artesanales en la construcción social de Chile.
"Son colonos, un patrimonio del país y, en la medida en que ellos existen, ese patrimonio se mantiene. La pesca artesanal es una actividad milenaria y ha estado presente a lo largo de la historia de Chile con distintos énfasis", dijo a IPS.
Por el momento, los pescadores valoran el apoyo transversal que reciben desde organizaciones sindicales y estudiantiles.
"¡Qué bueno que la ciudadanía se esté interiorizando de los problemas que tiene un pueblo que se niega a desaparecer!", celebró Estrada.
Las protestas no terminarán "hasta lograr nuestro objetivo, que es favorecer los recursos de todos los chilenos, que no pueden ser gratis para siete familias", añadió.
En esa línea, advirtió sobre la radicalización del movimiento. "Podemos impulsar una nueva crisis social en Chile", alertó.
"Llegaremos hasta las últimas consecuencias y eso significa que estaremos en la calle. El pueblo de los pescadores va a morir de pie y luchando", concluyó.
