Una evaluación aleatoria del gobierno de Perú sobre 205 estudios de impacto ambiental aprobados entre 2001 y 2010, comprobó que 86 por ciento de ellos carecían de información completa sobre cómo obtuvieron luz verde de las autoridades.
En 60 por ciento de los 205 casos analizados la información incompleta correspondía a difusión y participación ciudadana; en 74 por ciento acerca de la admisibilidad de los estudios, y en 95 por ciento acerca de la forma en que se habían aprobado los términos de referencia para llevarlos a cabo.
Esos estudios de impacto ambiental son una porción, representativa de diferentes actividades productivas, de los 2.360 que el Estado aprobó entre enero de 2001 y noviembre de 2010 y que correspondían en 62 por ciento a los sectores de minería y energía, según informó en mayo el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, en una reunión en el Congreso legislativo.
La sociedad civil plantea propuestas para enfrentar este problema, mientras el gobierno asegura que hará cambios.
Desde enero de 2006 hasta este mes de julio, 211 personas murieron y 2.700 resultaron heridas en conflictos sociales, la mayoría de carácter ambiental, según la Defensoría del Pueblo.
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En el año de gobierno de Ollanta Humala, cumplido este sábado 28, se registraron 15 muertos y 430 heridos. Ante las críticas, que se intensificaron con las cinco muertes en las manifestaciones de inicios de este mes contra el proyecto aurífero Conga, el mandatario anunció una nueva relación con la industria minera, fuente primordial de divisas para este país.
Conga, un proyecto de la empresa de capitales trasnacionales Yanacocha en la norteña región de Cajamarca, generó tal malestar por la presunta ruina que causaría a cuatro lagunas de agua dulce que obligó al gobierno a contratar un peritaje internacional de los estudios de impacto ambiental.
Ese análisis concluyó que solo dos de las cuatro lagunas cercanas que desaparecerían serían vaciadas para extraer el oro, y las otras se usarían como depósito de desmonte.
No existía un estudio hidrológico e hidrogeológico detallado, fundamental para prevenir filtraciones tóxicas de la actividad minera, no se incluía un análisis integral de las microcuencas que podían verse alteradas, ni se informó sobre Conga a todos los pueblos que serían afectados.
Organizaciones de la sociedad civil han entregado al Ministerio del Ambiente propuestas para mejorar el mecanismo de evaluación ambiental estatal.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), por ejemplo, acaba de publicar un libro de la abogada Isabel Calle en el que plantea siete recomendaciones.
Una de ellas es crear un organismo técnico, adscrito al Ministerio del Ambiente, que revise y apruebe los estudios ambientales de los proyectos en todos los sectores de la economía.
Actualmente, cada cartera tiene una unidad encargada tanto de la aprobación de los estudios ambientales como de promover las inversiones en su sector.
"Lamentablemente, la población no confía en la imparcialidad del Estado y considera que estos ministerios siempre estarán de lado de las empresas", dijo Calle a Tierramérica. "Pero si esta revisión pasa a manos de ministerio que se encarga de la protección del ambiente, puede darse una buena señal".
La creación de este organismo se discutió en una comisión multisectorial, instalada a comienzos de este mes para mejorar las condiciones ambientales y sociales en que se desarrollan las actividades productivas, y que debe entregar a inicios de agosto una propuesta de reforma, informó a Tierramérica el viceministro Castro.
El funcionario y la SPDA coinciden en que el traspaso de esta función clave a la cartera ambiental debe ser gradual, para no recargarla de trabajo.
"En la medida en que estas recomendaciones sean integradas y sirvan para reducir los daños y aprovechar mejor las oportunidades, todos ganarán", dijo Castro. "Una reforma mejorará la calidad de la decisión, ayudará a generar confianza y reducir la incertidumbre y los conflictos".
Las empresas no se oponen a los cambios, siempre que se respete el plazo de 90 días para aprobar los estudios de impacto ambiental, dijo el gerente de responsabilidad y medio ambiente de la filial peruana de la corporación canadiense Barrick Gold, Gonzalo Quijandría.
"Que los organismos nos fiscalicen, pero que muestren su calidad técnica. Para las empresas es importante que cualquier acción nueva no genere retrasos", dijo Quijandría a Tierramérica.
Un aspecto clave son los términos de referencia: las especificaciones técnicas, los objetivos y la estructura que debe tener cada estudio de impacto ambiental. La SPDA propone fiscalizarlos más estrechamente.
Esta entidad también sugiere que en el estudio de línea de base la medición inicial de todos los indicadores que pueden alterarse por el proyecto productivo se incluya información sobre áreas de contingencias, existencia de ecosistemas frágiles, identificación de medidas de prevención, mitigación y corrección de potenciales daños y un plan de inclusión social y de compensación ambiental, entre otros aspectos.
El plan de inclusión social, según la SPDA, debe propiciar que empresas y Estado ejecuten planes conjuntos para garantizar a la población pobre que vive en las zonas mineras el acceso a servicios básicos y a empleo.
En una reunión en julio de 2010, funcionarios de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros señalaron a empresarios que varios estudios contratados a firmas consultoras contenían párrafos enteros copiados de otros documentos, lo que indica poca seriedad en la evaluación de posibles impactos, reveló una investigación de IDL-Reporteros, un grupo independiente de periodistas.
Quijandría admitió que hay estudios "de todo tipo", pero las empresas están dispuestas a mejorar la calidad, dijo. Sin embargo, "así tengamos un estudio hecho por un premio Nobel, la ciudadanía va a tener desconfianza porque está inducida políticamente", aseveró.
La abogada Calle cree que deben fijarse requisitos a los técnicos que elaboren los estudios, cuya infracción dé pie a sanciones que pueden llegar a la suspensión del proyecto, si se comprueban irregularidades como plagio o falta de previsión de los daños.
La SPDA sugiere asimismo un fondo para que la población contrate asesoría técnica, y una ventanilla única para solicitar todos los permisos, autorizaciones y demás trámites con certificación ambiental.
Otras sugerencias son facultar al gobierno regional concernido a entregar opiniones técnicas sobre los estudios de impacto ambiental, y coordinar las distintas instancias del Estado para evitar que se superpongan, en un mismo lugar, derechos y concesiones en ecoturismo, conservación o usos forestales.
En opinión del viceministro Castro, se necesita actualizar el marco regulatorio, los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles de ciertas sustancias en algunos sectores; establecer protocolos y metodologías y uniformizar criterios de revisión y aprobación.
No todo debe recaer en los estudios de impacto, dijo a Tierramérica la gerenta de Responsabilidad y Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Industrias, Cecilia Rosell. Hay que considerar otras herramientas que existen para la gestión ambiental y social, apuntó.
Para Manuel Glave, investigador principal del centro de estudios Grupo de Análisis para el Desarrollo, los cambios deben insertarse en un plan de ordenamiento territorial, porque lo que está en juego es el acceso y el uso de los recursos naturales.
* Este artículo fue publicado originalmente el 28 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
