Son cada vez más los solicitantes de asilo rechazados por las autoridades de Holanda y que no pueden volver a sus países de origen.
Grupos de personas en esa situación montaron campamentos de protesta. La respuesta de las autoridades fue simplemente retirarlos por consideraciones de seguridad y de salud. Los manifestantes son principalmente de Iraq y Somalia, pero también hay de Irán, Afganistán, Eritrea, Etiopía y Sudán.
Muchos iraquíes aceptaron una oferta del ministro de Integración, Gerd Leers, de enviarlos a un centro de refugiados oficial. Pero no saben qué pasará después.
"Hablamos con sus representantes", indicó Hadi Abu Sanad, portavoz de los manifestantes iraquíes en Ter Apel, en el norte de Holanda. "El ministro hará todo lo posible para mandarnos de vuelta, nos dijo. Pero sabemos que el gobierno iraquí mantendrá su postura de que nadie puede ser obligado a regresar a Iraq", añadió.
"Nunca firmaremos de forma voluntaria regresar a nuestro país. Pero queremos mostrar que no somos provocadores. Respetamos a las autoridades, y esperamos que esto las ayude a encontrar soluciones para nosotros", apuntó.
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"Volver a Iraq es como una deportación", indicó Mustafa, un iraquí que no quiso dar su verdadero nombre y que habla perfectamente holandés. "Estoy casado con una holandesa, tenemos un hijo y esperamos otro. No tengo adonde ir en Iraq ni razón para vivir allí", añadió.
El iraní Seyed perdió las esperanzas. Hace un año terminó el trámite para solicitar asilo, sin éxito.
"Me hice cristiano en Irán y eso me creó muchos problemas. Todo es imposible para mí allí. Conté con ayuda de una iglesia algunos meses, pero qué puedo hacer saber. No sé. No tengo futuro aquí porque el gobierno no me cree que soy cristiano", declaró.
El centro del problema es la llamada "política de retorno", que no es realista, indicó Anne-Els Jansen, de Vluchtelingenwerk, el Consejo Holandés para los Refugiados.
"Muchas personas que no obtienen permiso son verdaderos refugiados, que temen por su vida en sus propios países. Nunca regresarán. Además, muchas de ellas fueron aceptadas de forma temporal, porque su país fue considerado demasiado peligroso", añadió.
"Ese es el caso de muchos de los iraquíes del campamento de protesta. Su permiso no fue ampliado porque su país ahora es considerado seguro. Pero algunas regiones todavía son muy peligrosas. Mueren entre 300 y 400 personas al mes", remarcó.
Cuando los solicitantes de asilo no reciben el estatus refugiados y no quieren regresar a su país, simplemente son expulsados del centro de residencia oficial.
"Son acompañados hasta el portón y enviados a la calle", indicó Jansen. "Pero incluso la gente que coopera para regresar suele ser abandonada a su suerte, por ejemplo porque no pueden probar quienes son o porque su país está en guerra", apuntó.
"Ese es el problema de los somalíes en el campamento de protesta. Las autoridades no lograron regresar a uno de ellos a su país debido a la guerra civil. Es un escándalo cómo los trata el gobierno. Creen que es responsabilidad de la persona regresar, pero eso es imposible", añadió.
Todos los años, unos 5.000 solicitantes de asilo "quedan con destino desconocido", como se los considera oficialmente. No queda claro cuántos de ellos permanecen en Holanda. Muchos son detenidos cada tanto cuando la policía los encuentra, pero suelen ser liberados después de semanas o meses si la deportación sigue siendo imposible.
El gobierno derechista redactó este año una ley para penalizar dicha ilegalidad. Cuando una persona reciba la orden de abandonar el país, no podrá quedarse más. Las que no tengan pasaporte serán multadas o detenidas.
"La política de retorno no es realista y deja a la gente desesperada y sin perspectivas", indicó Jansen. "Todo queda en manos de la persona. Pero muchas ni siquiera pueden tratar de regresar ni viajar a otro país porque no tienen documentos. Están literalmente varadas", añadió.
