Una nueva caravana de paz se prepara en México, esta vez por Estados Unidos y contra el contrabando de armas procedentes de ese país, en una iniciativa binacional con la que se pretende atraer la atención del presidente Barack Obama.
"No queremos más muertes. Queremos llegar al presidente Obama para buscar soluciones a la responsabilidad compartida del problema de la violencia entre Estados Unidos y México", dijo a IPS el activista por los derechos de los migrantes Enrique Morones, fundador de Ángeles de la Frontera.
La caravana de paz del movimiento de víctimas de la guerra mexicana contra el narcotráfico se realizará entre el 12 de agosto y el 10 de septiembre, será acompañada por una coalición binacional de unas 60 organizaciones de derechos humanos, recorrerá 9.400 kilómetros, tendrá escalas en 25 urbes estadounidenses y concluirá en Washington.
La larga marcha estará, como las dos anteriores, encabezada por el poeta Javier Sicilia, y en esta ocasión su gran objetivo es que Washington pase a colaborar en el control del contrabando de armas a México, para frenar la espiral de violencia en este lado de la frontera.
La caravana también demandará un cambio en la política prohibicionista de drogas de los dos países, porque "ha fracasado", según las organizaciones participantes, dado que no redujo la oferta y la demanda de estupefacientes y, por el contrarió, alimentó un inmenso negocio para el crimen organizado.
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"Hemos decidido participar en la caravana con la esperanza de encontrarnos como vecinos en un diálogo fraterno, pero crítico, que abone a la justicia", dijo Sicilia el lunes 18 en la presentación de la movilización.
"Nos mueve el amor por nuestros hijos e hijas asesinadas, por nuestros desaparecidos y desaparecidas, por las y los huérfanos, por nuestros policías y militares caídos en cumplimiento de su deber", planteó el poeta. La caravana comenzará en la frontera oriental y los centenares de activistas de ambos países también demandarán a los dos gobiernos acciones concretas para combatir el lavado de dinero y una reforma migratoria que evite la muerte de las personas que cruzan las fronteras sin la documentación requerida.
En entrevista con IPS, Morones dijo que la primera parada será el cementerio de los No Olvidados, en la localidad de Holtville, en el estado suroccidental de California, donde están enterrados 700 migrantes no identificados, muertos al tratar de cruzar el desierto que separa los dos países.
"Comenzaremos en el Parque de la Amistad, en la frontera, con un festival que incluirá danzantes aztecas y música", detalló.
Esta será la tercera caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, surgido tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta, el 28 de marzo de 2011.
Las anteriores se realizaron dentro de México, aunque la primera de ellas, en junio de ese año, concluyó en una localidad estadounidense en la frontera norte, y la segunda, en septiembre, terminó en una población guatemalteca en la frontera sur.
Decenas de víctimas se han sumado a la causa de Sicilia, quien busca que el gobierno mexicano saque a los militares de la lucha contra el narcotráfico y ponga en marcha una política de seguridad ciudadana.
El tema del contrabando de armas es central en esta caravana y clave para reducir la mortandad que desangra México, desde que en enero de 2007 el conservador Felipe Calderón militarizó la lucha del Estado contra los cárteles de la droga.
Organizaciones del movimiento por la paz indican que el saldo de esta política es de 70.000 personas asesinadas y al menos 10.000 desaparecidas.
Datos del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés) de Estados Unidos indican que 87 por ciento de las armas recuperadas por las autoridades mexicanas en los últimos cinco años son de origen estadunidense, la mayoría del fronterizo estado de Texas.
Además, hay una política del gobierno estadounidense, que facilita la venta de armas a personas sospechosas de traficar con organizaciones criminales en México, con el fin de hacer un seguimiento del tema e identificar a los dirigentes.
Pero esas armas no regresan a Estados Unidos. Un caso que provocó enorme polémica en México fue el Operativo Rápido y Furioso, implementado entre 2009 y 2011, en una iniciativa que dejó pasar 2.000 armas al territorio mexicano, de las que solo se recuperaron 200.
Frente a esta situación, la organización mexicana Alianza Cívica inició una campaña para demandar al gobierno de Obama tres acciones que no requieren la aprobación del Congreso legislativo
Ellas son: detener la importación de armas de asalto por Estados Unidos, porque son las que después traspasan la frontera sur; ordenar a los vendedores que reporten al ATF la venta varias armas largas a una misma persona, y aumentar la capacidad regulatoria de la ATF allí donde se abastece el contrabando.
La campaña "Alto al contrabando de armas" se sumará a la caravana para recolectar firmas durante el trayecto.
"Buscamos empezar a sentar las bases de lo que será una colaboración de largo plazo", dijo su director, Sergio Aguayo.
Roberto Lovato, cofundador de Presente.org, muy influyente en la defensa de los latinos en Internet, dijo a IPS que la caravana tendrá un componente simbólico importante: mezclará dos tradiciones distintas de movimientos sociales, en un momento electoral en los dos países.
"Es la primera vez en la historia que una marcha de víctimas va a caminar pacíficamente en Estados Unidos", dijo.
En México, los ciudadanos irán a las urnas el 1 de julio y los analistas prevén una elección presidencial reñida entre Enrique Peña, candidato del opositor Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país de 1929 a 2000, y Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática. El ganador asumirá el 1 de diciembre.
En Estados Unidos, donde uno de cada seis habitantes es de origen latinoamericano, los comicios presidenciales se realizarán el 6 de noviembre y el demócrata Obama aspira a la reelección.
La caravana buscará llevar la voz de las víctimas a la sociedad estadunidense y establecer un diálogo binacional para presionar a los dos gobiernos y cambiar el paradigma prohibicionista de seguridad, que ha desatado zonas de violencia generalizada en la región, coincidieron los organizadores.
"Reconocemos la responsabilidad de nuestro gobierno, pero también es obvio que los gobernantes en México tienen mucha responsabilidad para este dolor que está sufriendo el país", dijo el estadounidense Ted Lewis, director del programa de Derechos Humanos de Global Exchange.
"Por eso, nos parece una lástima que los candidatos en México no hayan hecho suya la agenda de las paz", criticó.
