En la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los 20 (G-20) países industriales y emergentes, que tendrá lugar este mes en México, se avizora el impulso al libre comercio de bienes y servicios verdes, rechazado por organizaciones de la sociedad civil.
"Es una agenda para inversionistas. La idea es que no se van a conservar los recursos naturales si no se les dan un valor monetario. Es una premisa muy equivocada. Es un negocio para ellos", dijo a IPS la brasileña Diana Aguiar, representante de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos.
La activista asiste a la Cumbre Alternativa de los Pueblos, que desde este martes 12 y hasta el viernes 15 se realiza en Ciudad de México y que seguirá después hasta el día 19 en la noroccidental ciudad de La Paz.
En el foro de la sociedad civil participan cientos de delegados de organizaciones no gubernamentales (ONG) de las naciones del G-20, cuyos mandatarios se congregarán los días 18 y 19 en la noroccidental ciudad de Los Cabos, en el golfo de California, a orillas del océano Pacífico.
El fomento a la libre comercialización de productos verdes o sustentablemente elaborados es primordial entre las recomendaciones a los gobiernos de los empresarios del bloque, conocidos como Business 20 (B-20), que discutirán en la cumbre.
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En el documento "Recomendaciones del Grupo de Trabajo del B-20", de 102 páginas y al que tuvo acceso IPS, los empresarios presentaron sugerencias sobre seguridad alimentaria, crecimiento verde, empleo, comercio, inversión, tecnología e innovación, así como financiamiento para el crecimiento y el desarrollo.
El argumento empresarial es que el libre tránsito de bienes y servicios ecológicos "acelerará la adopción de tecnología verde, fomentará la competitividad, la innovación y la creación rápida de empleos".
Además, el documento plantea elevar el precio al dióxido de carbono (CO2), uno de los gases responsables del recalentamiento global, para así "cambiar conductas y decisiones de inversión" y promover su reducción.
En el B-20 están representadas corporaciones transnacionales como las estadounidenses, Monsanto, The Coca-Cola Company y Wal-Mart Inc, la angloholandesa Unilever o la suiza Nestlé.
El G-20 reúne al Grupo de los Ocho países más industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Italia y Rusia) y a Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, así como a la Unión Europea (UE) como tal.
En Los Cabos, los mandatarios debatirán sobre temas como políticas contra la crisis financiera, seguridad alimentaria, el crecimiento verde, la lucha contra el cambio climático, transparencia y corrupción. Al encuentro han sido invitados países no miembros, como Colombia, Chile, España y Perú.
Las ONG participantes en la Cumbre de los Pueblos critican la legitimidad del G-20, cuya presidencia este año ostenta México, porque representa a uno por ciento de los más de 7.000 millones de humanos.
En consecuencia, rechazan una agenda que no expresa los intereses globales de la población mundial y que, a su juicio, responde más a los intereses de las mayores corporaciones empresariales y de los grandes mercados financieros.
"El G-20 y las empresas están muy cercanos y no ocurre lo mismo con las organizaciones sociales. Eso es preocupante", señaló a IPS la representante de la alemana Fundación Heinrich Böll, Nancy Alexander
"Además, el grupo no se ha concentrado en las prioridades de infraestructura, crecimiento verde y seguridad alimentaria", añadió la directora del Programa de Gobernanza Económica de la oficina para América del Norte de la fundación.
Alexander y Aldo Caliari, del no gubernamental Center of Concern de Estados Unidos, alertaron en un artículo publicado este mes, con el título "Aspectos destacados del proyecto de recomendaciones del Empresarios 20 (B20) al G20", de que, si los planteamientos empresariales se aceptan, habrá "consecuencias de largo alcance".
"Si lo líderes aceptan estas recomendaciones, institucionalizarían prácticas de negociación comercial excluyentes", escribieron.
La Cumbre de los Pueblos ha programado foros sobre temas como género, energía y alternativas al G-20, además de protestas por las calles.
Las ONG rechazan las políticas de austeridad generalizadas en el Norte, que imponen drásticos recortes a los recursos para educación, sanidad y otros aspectos sociales fundamentales, además de incrementar el desempleo y obstaculizar el desarrollo de una economía verde.
"El G-20 está en crisis. No nos representa. Las políticas públicas se toman para cuidar los intereses privados. Por eso, necesitamos una democracia participativa", declaró a IPS la española Susana Sanz, del Movimiento 15M, surgido en mayo de 2011 en la nación europea, para dar respuestas alternativas a las que el gobierno da a la crisis.
El gobierno anfitrión del conservador Felipe Calderón definió para Los Cabos una agenda con cinco prioridades, entre las que figuran estabilidad económica y reforma estructural para el crecimiento y el empleo, fortalecimiento de los sistemas financieros e inclusión financiera para el crecimiento económico y la mejora de la arquitectura financiera internacional.
Además, mitigar los efectos negativos sobre el nivel de precio y la volatilidad de las materias primas y promover el desarrollo sustentable.
Pero es esperable que lo que acapare los debates sea el tratamiento de la crisis financiera que estalló en 2008 en Estados Unidos, se recrudeció en la UE el año pasado y tiene este mes a ese bloque en un momento crucial para el futuro del euro, mientras la deuda de varios de sus países es zarandeada por los mercados.
"Buscan emplear nuevos espacios de acumulación del sistema financiero, para crear commodities (bienes primarios transables) para especular", refirió Aguiar.
En la cumbre se anunciará la formación de un bloque de instituciones financieras multilaterales, bancos privados y de desarrollo, empresas e inversionistas privados, destinado a impulsar la agenda del B-20 durante los próximos 36 meses.
El B-20 propone que se amplíe el modelo de alianzas público-privadas, especialmente en la construcción de infraestructura, que actualmente se prueba en 11de sus países.
"El G-20 promueve políticas en los países de menores ingresos, pero estos no están representados ni han sido consultados debidamente", subrayó Alexander.
En su artículo, Alexander y Caliari arguyen que "el involucramiento formal del B-20 en la evaluación de las políticas comerciales y de inversión, otorgaría al sector de las empresas transnacionales un grado de acceso sin precedentes a la toma de decisiones, al tiempo que excluiría" a los actores no gubernamentales.
