Nicaragua logra regionalizar el combate a la violencia contra las mujeres al convencer a delegados de justicia de América Central y República Dominicana para que incluyan estos delitos específicos en los acuerdos por la armonización de la legislación penal y procesal de cada uno de los países del área.
Representantes de las cortes supremas de justicia, de las judicaturas, ministeriales y de la seguridad pública de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana aceptaron la iniciativa presentada por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Marvin Aguilar García.
El argumento de Aguilar García fue que, incluso para los tipos de delitos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico, está implícita la violencia hacia la mujer en la región, la cual se caracteriza como una de las zonas más violentas del mundo, según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La violencia contra la mujer, la adolescencia y la niñez es la "cara escondida" y "la más invisible" de la inseguridad ciudadana en la región, dice el informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, titulado "Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano", publicado en octubre de 2011 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Dos de cada tres asesinatos de mujeres tienen carácter de género en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, específica el estudio.
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Tras intensos debates y análisis jurídicos, los miembros de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica aprobaron en su reunión de la semana pasada en Managua incluir delitos de violencia de género en el tratado internacional en elaboración.
La propuesta nicaragüense, apoyada por la asesora de la fiscalía nacional de Costa Rica, Liliana Rivera Quezada, establece que los países representados en la cita del 20 al 22 de este mes deberían incluir el delito de femicidio o feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer en los marcos legales correspondientes.
El femicidio, la violencia física y la violencia psicológica estarán incluidos dentro del documento como delitos homologados en la región.
Hasta ahora solo Costa Rica y Nicaragua cuentan con leyes que reconocen el femicidio bajo el siguiente concepto: muerte de una mujer como resultado extremo de la violencia en su contra, de manos de personas con o sin relación familiar, y que se produce tanto en el ámbito privado o público.
La propuesta de Nicaragua a las autoridades judiciales centroamericanas no fue casual. El mismo viernes 22 entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779), la cual tipifica el femicidio "como el delito que comete el hombre que dé muerte a una mujer, en público o en privado, como resultado extremo de la violencia", como explicó a IPS la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Alba Luz Ramos.
La legislación castiga diversos tipos de maltratos, como el físico, psicológico, sexual y patrimonial, a la vez que elimina la mediación entre víctima y victimario en estos casos.
Nicaragua, con 5,8 millones de habitantes, tiene las cifras de agresión y abusos a mujeres más altas de la región.
La violencia de género ha causado en este país la muerte de 32 mujeres en lo que va de 2012 y un promedio de denuncias por agresiones y abusos de 95 casos cada día entre 2006 y 2011, según cifras del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Por su parte, el Movimiento Autónomo de Mujeres asegura que 76 fueron asesinadas por motivos de género en 2011 y otras 35.000 fueron abusadas, golpeadas, torturadas, mutiladas y amenazadas.
Pese a ello, el nivel de aplicación de justicia para los agresores fue bajo en comparación con la cantidad de denuncias.
El director del Instituto de Medicina Legal, Zacarías Duarte informó que alrededor de 26.000 de las casi 34.000 denuncias por violencia doméstica o abuso sexual que recibieron los jueces en 2012 se tipificaron como "faltas leves".
Según el funcionario en Nicaragua, el marco jurídico ambiguo en la materia y una cultura social androcéntrica influyeron para que los jueces aplicarán un "criterio anatomista y no un criterio integral" para procesar los casos de violencia y abuso sexual.
"A pesar de las evidencias de agresiones físicas y sicológicas, aplicaban justicia en proporción a las lesiones evidentes. Si no habían heridas y exposición de lesiones graves, no aplicaban medidas penales", explicó a IPS.
A raíz de la flamante ley, la Corte Suprema de Justicia conformó la Comisión Interinstitucional que integran fiscales, autoridades legislativas, funcionarios del área, de la policía, de medicina legal, ministeriales, del sistema penitenciario y otros que velarán por su aplicación.
Sin embargo, no todo es aplausos en Nicaragua. La legislación entró en vigencia sin que el Estado destinara los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la implementación de la misma, cuestionan activistas humanitarios.
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, apuntó que se necesitan al menos el equivalente a 1,7 millones de dólares para respaldar la normativa con la logística correspondiente.
Para su implementación, según Centeno Gómez, se requieren 40 fiscales, 30 asistentes, 15 sedes departamentales, equipos, vehículos, laboratorios y gastos de movilización.
De igual modo, Ramos explicó que, pese a que están finalizando la elección de los 18 jueces especializados, ya se capacitó en la materia a todos los magistrados penales, fiscales y policías que aplicarán el sistema de justicia de género.
Esto, empero, no detendrá la ley. "Es verdad que faltan algunos recursos, que ya estamos gestionando ante las autoridades de Hacienda, pero la ley está en vigencia y hemos capacitado a más de 1.000 funcionarios y a partir de ahora las mujeres ya pueden contar con una legislación que les restituirá el derecho largamente anhelado de vivir sin violencia", dijo a IPS.
